En Paraguay recomiendan a la gente que se defienda a tiros

Según Torales, ese plan contempla "siete puntos cruciales para la plena vigencia de los Derechos Humanos en el Paraguay. Uno de esos puntos -acotó- hacía referencia exclusivamente a la temática del control de las armas de fuego".

"La problemática del descontrol de las armas de fuego no es ajena al Paraguay, ya que el país actúa comon una ruta para el tráfico ilícito de armas, debido a la vulnerabilidad de las fronteras y a la corrupción de los agentes encargados de hacer cumplir la ley", señaló el titular de la organización.

Dijo luego que "las muertes violentas debido a armas de fuego son un elemento presente y constante en la vida cotidiana del país".

Torales, explicó que "hay un millón de armas de fuego circulando para 6 millones de paraguayos, un arma para cada 6 personas, y solo un 30 por ciento no está registrado. Unas 700 mil están en el mercaod negro y son útiles para secuestros, violaciones de los derechos humanos".

- ¿Cuál es la opinión de Amnistía Internacional sobre las polémicas propuestas de la policía?

Con estas declaraciones pareciera que se quiere tapar la inoperancia de la policía en materia de la seguridad, y le transfieren la responsabilidad a la sociedad para que se transforme de víctima a victimario.

- ¿Qué actitud debe tomar el gobierno frente a este anuncio?

- Nosotros propugnamos una reforma del currículum de formación de los policías. estas declaraciones provienen de gente que no está preparada para ejercer la función que ejerce.

Reacción de expertos internacionales

Mientras tanto, expertos de más de 20 países reunidos en San José de Costa Rica -encuentro en el que MDZ está presente- fueron sorprendidos por la medida paraguaya.

El anuncio impactó directamente en el seno de la reunión anual que la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada (CLAVE).

La coalición estudia la posibilidad de emitir una opinión continental al respecto y lo ha incluido en su agenda por pedido de dos organizaciones paraguayas presentes: el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y Amnistía Internacional Paraguay.

Gabriel Prado, investigador peruano en temas de seguridad, afirmó desde San José de Costa Rica que "la autoridad tiene la obligación de plantear medidas que aseguren la seguridad y la convivencia pacifica de los ciudadanos, invitar a  que los ciudadanos se armen  no es más
que  una medida que abona en la anomia y en la falta de  claridad para enfrentar el problema. Un llamamiento a que los ciudadanos porten armas puede ser contraproducente y convertirse en un serio problema que tarde o temprano el gobierno tendrá que enfrentar".

Por su parte, Juan José Lima, deCEJIP, el Centro de Estudios sobre Justicia y participación con sede en La Paz, Bolivia, consideró que "las expresiones de la policía paraguaya precisamente al inicio de una nueva gestión gubernamental demuestran una realidad que se vive en casi todos nuestros países, y es que las agendas de seguridad ciudadana no son definidas por los actores políticos democráticamente elegidos, sino que las agencias de seguridad estatales manejan sus
propias agendas invariables y lastimosamente muchas veces autoritarias".

Desde la visión de IANSA, la sigla inglesa de la Red Mundial de Lucha contra las Armas de Fuego, su representante en América latina, el venezolano César Marín, dejó en claro que "la policía no puede esperar que se reduzca la delincuencia y se disipe el temor de las personas a ser asaltadas o resultar heridas recomendando a la población que porte armas. Todo lo contrario".

Finalmente, Martín Fernández, de IELSUR (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay) dijon que "esta exortación privilegia una visión del conflicto armado y no de resolución pacífica de los mismos, generando una situación de guerra interna y de mayor inseguridad, que decididamente mina un proceso democrático".