México corre contra el reloj: debe enviar más de la mitad del agua a EE. UU. en 21 días
La cuenta regresiva aprieta a México para completar el volumen de agua pactado con Estados Unidos, en un contexto de sequía prolongada.
El 24 de octubre sería la fecha límite para que México cumpla con este tratado.
El 24 de octubre vence el ciclo de cinco años del tratado de 1944 que regula el intercambio de agua entre México y Estados Unidos. México debía entregar 2,158.6 millones de metros cúbicos por el Río Grande–Bravo. Al 1 de octubre había transferido 1,000.32 millones.
Eso representa 46.4%. Falta 53.6% del volumen. Para cumplir deberían fluir 1,158.30 millones en 21 días. El acuerdo permite una prórroga, pero la tensión crece. El desafío es contener el consumo a ambos lados de la frontera y sostener el abasto.
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Acuerdos entre países
También observan participación social limitada en decisiones que afectan cuencas enteras. México aceptó reducciones del río Colorado. No hay un acuerdo firme que obligue a agricultores texanos a recortar consumos. El artículo 10 del tratado fija compromisos: Estados Unidos asigna a México al menos 1,850 millones de metros cúbicos al año del Colorado, y México entrega 431.72 millones anuales por el Bravo, medidos en ciclos de cinco años. La consigna es bajar la curva de la demanda con eficiencia y ahorros medibles.
El Río Grande nace en Colorado, atraviesa Nuevo México y marca frontera entre Texas y los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La entrega mexicana se nutre de seis afluentes, sobre todo del Conchos, que alimenta La Boquilla. Esa presa rondaba 48% de almacenamiento la semana pasada. La Amistad y Falcón mostraban niveles muy bajos: 25.1% y 12.3%. La sequía de los últimos cinco años explica gran parte del rezago. El tratado permite prórrogas cuando hay insuficiencia, siempre que se regularicen saldos en el siguiente ciclo. El riesgo es naturalizar la excepción en un contexto de estrés hídrico.
Lecciones del río Colorado
En el Colorado rige un sistema de recortes escalonados para proteger embalses. Hoover y Glen Canyon son claves para energía y agua urbana. Cuando la cota baja a 1,075 pies se activan recortes para todos los usuarios, incluidos los mexicanos. Hoy Hoover ronda 1,055 pies. Está por arriba del mínimo para operar la central, 950 pies. Si cayera a 895 pies se alcanzaría el punto muerto, sin extracción posible.
Para evitarlo se firmaron instrumentos como el acta 319, vigente desde 2012, con medidas de conservación y 18.5 millones de dólares para obras en México, sobre todo en el distrito 014. En 2017 se acordó el acta 323, que prevé 31.5 millones adicionales. El acta 330 reforzó el esquema: México cede 493.4 millones de metros cúbicos en tres años a cambio de 65 millones para reducir pérdidas y mejorar infraestructura.
La demanda urbana del noroeste mexicano añade presión. El agua del Colorado fue concebida para riego, pero se habilitaron intercambios para uso municipal en Baja California y Sonora. No existe un acueducto que cruce el Valle de Mexicali de punta a punta. Se resolvió con bombeos y canales que permiten llevar agua hacia Mexicali y Tijuana. El acuífero de la Mesa Arenosa de San Luis Río Colorado está bajo advertencia de agotamiento. Municipios como Tijuana compran volúmenes adicionales al distrito 014; el precio ronda 13,000 pesos por hectárea de riego.
Antecedentes entre México y Estados Unidos
Reducir la tensión exige pasar de la gestión de la oferta a la gestión de la demanda. Alfonso Andrés Cortez Lara propone metas verificables de consumo en Texas y en distritos mexicanos. También planes para sellar fugas, modernizar canales, mejorar extracción en pozos, tratar y reutilizar aguas residuales y pactar reglas para aguas subterráneas, hoy poco medidas en 36 de 37 acuíferos fronterizos.
Hay antecedentes útiles: en 2003, la acta 309 fondeó 80 millones de dólares, mitad para México y mitad para Estados Unidos, con obras de eficiencia en el distrito de Delicias y del lado estadounidense. Con el reloj en cuenta regresiva, las opciones son dos. Pactar una prórroga con un plan de ahorro verificable que proteja embalses y dé certidumbre, o escalar el conflicto con sanciones y litigios. Esa primera vía requiere datos abiertos, calendarios claros y supervisión binacional. La segunda dejaría a comunidades, agricultores y ciudades ante más incertidumbre. La región ya vive estrés hídrico crónico. Bajar el consumo es la única estrategia capaz de estabilizar el sistema. Urge coordinación binacional ahora.