Glaciares: proteger mejor para poder crecer

La reforma no propone una liberalización indiscriminada, como sostienen algunos de sus críticos. Lo que plantea es habilitar, bajo condiciones y controles, actividades que hoy están prohibidas incluso en zonas donde el impacto sobre el recurso hídrico es marginal o inexistente. Es decir, introducir racionalidad donde antes había rigidez.

Otro punto central es la recuperación del rol de las provincias. La Constitución argentina es clara en su artículo 124: “los recursos naturales son de dominio provincial”. La ley vigente, en su afán de establecer un estándar uniforme, avanzó sobre esa autonomía. El proyecto actual corrige ese desbalance, devolviendo a las jurisdicciones un rol activo en la definición y gestión de sus propios recursos. No se trata de fragmentar, sino de reconocer que nadie conoce mejor el territorio que quien lo habita y lo administra cotidianamente.

Por supuesto, toda descentralización implica desafíos. Pero asumir que las provincias actuarán irresponsablemente es, en el fondo, una descalificación política que no resiste análisis. Lo que corresponde es fortalecer los mecanismos de control, mejorar la calidad de las evaluaciones ambientales y garantizar transparencia. Ese es el camino de las democracias maduras: más institucionalidad, no más prohibiciones generales.

Las críticas a la nueva Ley de Glaciares

Las críticas al proyecto suelen apoyarse en una premisa implícita: que cualquier flexibilización normativa deriva inevitablemente en daño ambiental. Esa visión parte de una desconfianza estructural en la capacidad del Estado argentino de regular y controlar. Pero si ese es el diagnóstico, la solución no puede ser la parálisis.

En este sentido, la reforma también representa un cambio de paradigma en la gestión del riesgo. La ley actual se apoya en el principio precautorio llevado al extremo: ante cualquier duda, se prohíbe. El nuevo enfoque propone evaluar, medir, mitigar y, en función de eso, decidir. Es un modelo más exigente, porque obliga al Estado a mejorar sus capacidades técnicas y de control, pero también más acorde a los desafíos del siglo XXI.

En este marco, la reforma también puede leerse como parte de un giro más amplio en la orientación económica del país. Se inscribe en la promesa de libertad económica impulsada por el gobierno de Javier Milei: remover restricciones innecesarias, permitir que sectores productivos se desarrollen y confiar más en establecer reglas claras que en la prohibición preventiva como única herramienta.

No hay que perder de vista el contexto económico. La Argentina enfrenta restricciones severas: falta de divisas, necesidad de inversión, niveles de pobreza elevados. Ignorar el potencial de sectores como la minería no es una postura ambientalista; es una renuncia al desarrollo. Y sin desarrollo, tampoco hay política ambiental sostenible en el tiempo. Los países -Canadá, Australia o Noruega, entre muchos otros- que mejor protegen su ambiente son, en general, aquellos que han logrado niveles de crecimiento que les permiten invertir en tecnología, control y remediación.

La reforma de la Ley de Glaciares apunta, precisamente, a romper esa falsa dicotomía entre ambiente y desarrollo. No se trata de elegir uno u otro, sino de construir un equilibrio dinámico. Un equilibrio donde la protección de los recursos hídricos estratégicos sea innegociable, pero donde también exista margen para aprovechar, de manera responsable, aquellos recursos que pueden generar crecimiento y bienestar.

En provincias cordilleranas, este debate no es abstracto. Es concreto, cotidiano, ligado a oportunidades de empleo, infraestructura y desarrollo local. Negar esas posibilidades en nombre de una protección indiscriminada implica, muchas veces, trasladar los costos a comunidades que ya enfrentan limitaciones estructurales.

Por eso, el verdadero desafío no es sostener posiciones extremas, sino construir confianza. Confianza en que el Estado puede regular, en que las empresas pueden operar bajo estándares exigentes, en que la sociedad puede participar y controlar. La reforma no es un punto de llegada, sino un punto de partida en esa dirección.

En síntesis, lo que está en juego no es si la Argentina protege o no sus glaciares. Eso no está en discusión. Lo que se discute es cómo los protege y con qué inteligencia lo hace, en un mundo que exige cada vez más recursos y en un país que necesita, con urgencia, generar condiciones para crecer.

Persistir en esquemas rígidos puede ser políticamente cómodo, pero económicamente inviable. Animarse a revisar, corregir y modernizar es más complejo, pero también más honesto con la realidad. La reforma de la Ley de Glaciares Argentina, en ese sentido, no es una amenaza: es una oportunidad.