Los trabajadores de SanCor pidieron la quiebra de la empresa
En una asamblea, los empleados de la cooperativa SanCor, afiliados a ATIRLA, pidieron la quiebra de la empresa.
En una asamblea extraordinaria celebrada el pasado 6 de septiembre de 2025, los empleados de SanCor, afiliados a la sindicatura ATILRA, resolvieron por unanimidad solicitar la declaración de quiebra de la compañía. La decisión fue adoptada tras constatar un profundo deterioro en la situación económica y laboral de la empresa, y será formalizada ante el juzgado que tramita el Concurso Preventivo de la cooperativa.
La medida se fundamenta en una abultada deuda preconcursal que suma 1.860 créditos laborales por un total de $69.000 millones, además del incumplimiento en el pago de salarios correspondientes a los meses de abril a agosto de 2025 y del aguinaldo del primer semestre. A ello se suma el atraso en las aportaciones a obras sociales y mutuales, lo que ha generado un pasivo adicional superior a los $14.000 millones de pesos en obligaciones laborales no canceladas.
Te puede interesar
SanCor en concurso de acreedores: ¿será la última oportunidad?
Según detalló la asamblea, el Comité Provisorio de Control y la representación legal de ATILRA advirtieron de manera mensual a la sindicatura y al juez del concurso sobre estos incumplimientos. Sin embargo, la situación se agravó, ya que la empresa no respondió a las más de 2.500 intimaciones de pago cursadas en los últimos meses por parte de los trabajadores, ni tampoco a las comunicaciones dirigidas a OSPIL, AMPIL y ATILRA, evidenciando un estado de insolvencia y cesación de pagos.
Frente a esta realidad, la asamblea concluyó que el incumplimiento sistemático y la incapacidad patrimonial de SanCor para cumplir con sus obligaciones básicas —salarios, cobertura de salud y aportes— justifican la solicitud de quiebra, con la continuidad operativa de la firma como objetivo principal.
Además, los trabajadores y la entidad sindical solicitaron a ATILRA activar mecanismos para buscar inversores o soluciones que posibiliten mantener los establecimientos fabriles y preservar los puestos laborales, garantizando la continuidad de la empresa en condiciones que salvaguarden los derechos de los empleados.