La batalla de Javier Milei por las privatizaciones: el mapa de las empresas públicas que pasarán a manos privadas
El gobierno de Javier Milei aceptó la oferta de los grupo Genneia y Edison Energía, marcando el inicio de un plan para recaudar US$2.000 millones.
El gobierno de Javier Milei dio ayer el primer paso concreto para avanzar en su programa más agresivo: acelerar el proceso de privatizaciones de empresas con sociedades totalmente públicas o mixtas, con el objetivo de conseguir durante este 2026 al menos 2.000 millones de dólares.
El desembarco en Transener: nuevos dueños y la salida de Enarsa
El primer paso en este sendero complicado se concretó al aceptar el Ejecutivo la oferta del grupo conformado por Genneia y Edison Energía, que pagará unos US$356,17 millones por las acciones públicas en poder de Enarsa (50%) de Citelec, que a su vez controlaba el 52,65% de Transener. El otro 50% de Citrilec lo detenta Pampa Energía del grupo Mindlin, que permanecerá en la sociedad como accionista privado.
Los compradores de las acciones en poder de Enarsa son Genneia, propiedad de una sociedad conformada por: Argentum Investments (43% de las acciones); Fintech Energy, de David Martínez, socio de Clarín en Personal (25%); Jorge Pablo Brito, del Banco Macro (8,33%); Delfín Jorge Ezequiel Carballo (8,33%); Fideicomiso en Garantía Herederos JHB (8,33%) y LAIG Eolia S.A., quien a su vez se asociaron para el negocio de Transener con Edison Energía, un grupo integrado por la familia Neuss, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, de Newsan, e Inverlat Investments, un fondo de inversión privado argentino creado en 2003 y conocido principalmente por ser el dueño de Havanna, Fenoglio y que tiene entre sus socios y controlantes a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai. El resto de los accionistas de Transener son la ANSES, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con un 19,57% (porcentaje que quedó en manos del estado luego de la nacionalización de las AFJP en 2008) y un 27,76% de acciones cotizantes en la blsa de comercio de Buenos Aires.
La oferta del grupo ganador superó a las de Central Puerto y Edesur, y fue ayer aceptada definitivamente como válida. Ahora se concretará el proceso de pago y traspaso de las acciones, y la operación terminará completada.
El destino de las divisas: reservas y presupuesto militar
Según la promesa que se le hizo al Fondo Monetario Internacional (FMI) en las negociaciones de la primera semana de abril, el 90% del dinero que llegará por la privatización pasará a las reservas del Banco Central. El 10% restante fue comprometido de palabra por el propio Javier Milei para invertir en armamento para las fuerzas armadas. Para este destino entonces, habrá unos 35 millones dólares de los ingresos por la venta de las acciones en poder de Enarsa de Transener.
Luego del proceso que derivó en la privatización de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) a comienzos de la gestión de Javier Milei, la de Transener es la mayor operación de este tipo desde que llegaron al poder los libertarios. Según el cronograma establecido, ahora comenzará una aceleración que llevará a procesos similares entre junio y noviembre de este año, donde se completarán las privatizaciones de AySA, ENARSA, Intercargo, diferentes Corredores Viales, Belgrano Cargas y Logística, Nucleoeléctrica Argentina y algunos activos ferroviarios y logísticos. Con estos procesos (incluyendo Transener) el gobierno busca que ingresen unos US$2.000 millones al Banco Central como refuerzo para las reservas y unos 200 millones para el armamento de las fuerzas armadas.
AySA: un esquema de concesión con blindaje jurídico internacional
El caso donde más expectativas están puestas es en la El Gobierno de Javier Milei puso en marcha en 2026 el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) mediante un esquema de concesión privada de largo plazo, un proyecto que apunta a transferir la operación del servicio a un operador privado, reducir subsidios estatales, atraer inversiones para infraestructura pero manteniendo la regulación tarifaria bajo control estatal.
El esquema elegido no sería una venta total de activos físicos, sino una concesión integral del servicio por aproximadamente 30 años. Como salvoconducto de proyección contra eventuales renacionalizaciones, se incluye la posibilidad para potencial afectado de recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde ya Argentina perdió un juicio por la nacionalización de Aguas Argentinas, y que fue ganado por un consorcio encabezado por Suez de Francia que poseía la mayoría de las acciones del grupo.
En el 2006, el gobierno de Néstor Kirchner decidió la toma del control de la empresa refundándola como AYSA, y Suez recurrió al CIADI por esta acción y por haberse especificado primero y mantenido congeladas las tarifas del servicio de aguas después desde la salida de la convertibilidad hasta el momento de la renacionalización. La posibilidad de volver al CIADI es el principal reaseguro que se le da a los potenciales interesados en la reprivatización del servicio. Según las versiones que circulan, entre los interesados estaría el grupo italiano ENI, los brasileños de Sabesp, Veolia (Francia, adquiriente de las propiedad de Suez) y, obviamente, varios grupos de capitales locales.
El proyecto de privatización estuvo incluido en la ley Bases versión 2024, y desde ese momento comenzó un proceso de reestructuración interna que demandó un año y medio, hasta llegar a la posición actual de “puesta en valor para su privatización”, según afirman en el propio gobierno. Para el Ejecutivo, por esta “perla” de las privatizaciones mileistas, se podrían obtener más de U$S 500 millones.
Otras empresas públicas que pasarán a manos privadas
El proceso también incluye:
- Corredores Viales: Ya comenzaron licitaciones para algunos tramos de rutas nacionales administrados por Corredores Viales.
- Belgrano Cargas: El Ejecutivo inició el proceso de privatización ferroviaria con foco en Belgrano Cargas y Logística, incluyendo venta de activos y concesiones operativas.
- Enarsa: se privatizarán por separado las participaciones en el transporte eléctrico, gasoductos, centrales térmicas, infraestructura energética, importación de GNL y los proyectos vinculados a Vaca Muerta.
- Intercargo: Presta servicios de carga, traslado, operación en cintas y descarga de equipaje, atención de aeronaves, guía de aviones en plataforma, traslados dentro de los aeropuertos, colocaciones de escaleras, cargas y correos. Sería el próximo servicio a ser privatizado.
- Nucleoelectrica: una privatización que involucra a las centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. El esquema que impulsa el gobierno implica una venta del 44% de las acciones en poder del estado, la colocación del 5% para los trabajadores mediante un Programa de Propiedad Participada y mantenimiento del 51% bajo control estatal.