Juicio por YPF: Preska habilitó el reclamo de Burford ante el Ciadi y el país enfrenta un escenario de riesgo
Tras el fallo adverso en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el fondo Burford Capital recurrirá al tribunal del Banco Mundial.
Edificio de YPF Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / Mdz
El juicio por la manera en que se re estatizó YPF en 2012, no termina. Y, gracias a Loreta Preska, se abrirá un nuevo ámbito judicial donde el país tiene un récord de todos los partidos perdidos. La jueza responsable del Segundo Distrito Sur de Manhattan, que falló en contra de Argentina en primera instancia, habilitó a que los demandantes de Burford Capital (que perdieron en la Cámara de Apelaciones de Nueva York), puedan utilizar los datos y la información suministrada en el desarrollo de la causa en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dependiente del Banco Mundial, a donde el fondo llevará la demanda. Un tribunal donde Argentina mantiene el récord de todas las causas perdidas. Especialmente las derivadas de las re estatizaciones de las privatizaciones de los ’90. Estos datos incluyen los archivos del posible incumplimiento de contratos y la violación de los derechos adquiridos por empresas privadas dentro de los marcos de acuerdos bilaterales en los países de respeto y protección de las inversiones. Según la demanda que prepara Burford, la re estatización realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof de ministro de Economía, no habría tomado en cuenta los acuerdos firmados durante la década del ’90, en la gestión Carlos Menem, al no respetar el pago a los accionistas minoritarios; luego de la liquidación a Repsol por el 51% de las acciones.
Por lo que se sabe, Burford no se quedará en ese ámbito, y también analiza recurrir a la Corte Suprema de Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde se prevé no tendría buena suerte judicial. El motivo de la insistencia es claro. Burford invirtió la suficiente cantidad de dinero en la causa como para seguir adelante hasta las últimas consecuencias. Y con un punto a favor. En definitiva, es un estudio de abogados, con lo que litigar sale más barato que para el frente atacado. En este caso, Argentina.
Mientras tanto, y en paralelo, Burford ya avisó a la Cámara de Apelaciones de Nueva York y estos a al estudio Sullivan & Cromwell (S&C) que representan al país, que continuará la causa en ese nivel y que pedirá el “en banc”. Esto es, una revisión sumaria del fallo perdido por dos votos a favor y uno en contra. Es un derecho de los perdidos que sólo se habilita ante casos de gran importancia legal y es decisión de la justicia habilitarla o no según consideración de la gravedad del caso. Si así sucediera, deberían reunirse los 13 magistrados que forman la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito Sur de Nueva York para revisar el fallo; una alternativa, según la jurisprudencia, difícil para este tipo de situaciones donde lo que se juzga es una posición económico- financiera. Este requerimiento puede ser tomado o rechazado por la segunda instancia desde el 8 de mayo, y en algún momento posterior la decisión comunicada. Si el resultado es positivo para Burford y su reclamo, habrá una audiencia de los 13 miembros y luego una decisión de sostener o no el fallo anterior de los jueces de la Cámara que le dieron (por 2 a 1) la razón a la Argentina. En el caso que se rechace el pedido de “en banc” el fondo demandante podrá apelar ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que podría tomar o no el caso. En la primera situación, luego, emitirá un fallo definitivo que las partes deberían respetar. Si la Corte rechaza el reclamo, la decisión que quedara firme será la de la Cámara de Apelaciones ya dictado y que respeta en minoría la posición argentina. Las posibilidades juegan a favor del país. Las probabilidades de abrir un “en banc” son remotas y más aún que la Corte conciba a este caso como uno de los 80 que toma en consideración por año, de un total de casi 80.000 que llegan a esa instancia.
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La decisión de ir al Ciadi
En paralelo, Burford tomó la decisión de ir al Ciadi, tribunal que se sumaría a la historia por la renacionalización de YPF; y a donde amenazó recurrir Repsol cuando se avanzó sobre el 51% de sus acciones en el 2012. Finalmente hubo fumata entre los españoles y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y previo pago de unos U$S 6.000 millones la petrolera europea dio por cerrado el asunto. El argumento de Burford para reclamar ante el tribunal del Banco Mundial, sería la violación del contrato luego de la renacionalización de YPF, alterando la letra firmada en por el país durante el gobierno de Carlos Menem, en tratados bilaterales de respeto de las inversiones entre Argentina y España y Argentina y los Estados Unidos. Sabiendo que esto era una posibilidad, los abogados argentinos avanzaron en los primeros lineamientos de la defensa del país. La argumentación fundamental, es que Burford ya eligió litigar en otro ámbito, al llevar la causa a los tribunales de los Estados Unidos; con lo que la alternativa de un segundo ámbito jurídico debería quedar descartada. La segunda argumentación es que la nacionalización sobre capitales españoles (Repsol), ya fue saldada; y, en todo caso, los litigantes representan a las acciones del grupo Petersen que tienen orígenes argentinos. Este punto es cuestionable, ya que Petersen Energía y Petersen Inversora están radicadas en Madrid, de donde Burford fue a comprar este caso vía licitación.
Así, la historia de YPF y Burford continuará durante todo este año y probablemente el 2027; pero, ahora, con perspectivas favorables para el país, al menos en los tribunales norteamericanos. Ante el Ciadi, la historia es diferente.
Burford igualmente ya ganó algunos millones de dólares, en tres momentos diferentes y claves del juicio, cuando todo parecía verde para su demanda. Fue en el 2016, cuando vendió a fondos de inversión el 1% del éxito final de la demanda por unos US$4 millones. Otra en 2017 cuando se realiza otra venta parcial por unos US$40 millones y otra en 2024, cuando coloca un total del 35% de las acciones. EN total consiguió en estas subastas unos 236 millones de dólares; mientras que hasta el momento había pagado sólo los US$15 millones del costo de compra de los derechos de la causa al síndico del tribunal 3 de Madrid donde se transitaba el concurso de Petersen Inversora y Petersen Energía; las empresas que se presentaron en concurso por no poder pagar las cuotas luego de la prohibición del kirchnerismo de distribuir dividendos. La diferencia entre el pago al tribunal español y la venta de estas acciones indica una ganancia de aproximadamente 221 millones de dólares; un monto nada despreciable. Obviamente migajas en comparación con los 20.000 millones que podría haber conseguido si no se interponía la Cámara de Apelaciones. Pero, en términos canyengues, salvaron la ropa. El problema es para los inversores del caso que compraron esas acciones; que ahora deberán llevar esos dólares directamente a pérdida. Puede suceder. Así es el mercado. Y el de altísima volatilidad casi buitre, aún más.
La causa de fondo se basaba en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado. Burford era hasta aquí un especialista mundial en este tipo de batallas. El tipo de maniobra en que se especializa es ofrecer a tribunales de todo el mundo es dinero al contado, a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Se trata de un gigante financiero con espaldas amplias luego aplica el profesionalismo de sus abogados internacionales con toda la paciencia del mundo para esperar los fallos finales. De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio de 2013; con lo que pudo esperar una definición de casi 13 años. El problema ahora es que la espera podría extenderse muchos años hasta que defina la Corte Suprema, pero con bajísimas (casi nulas) probabilidades de éxito. Y con gasoducto de dólares de pérdida imposible de presentar ante el NYSE, donde cotiza la acción de Burford con pérdidas de hasta 60% en su cotización desde que perdió la causa en la segunda instancia de Nueva York a comienzos de abril.
El reclamo original del fondo es por los supuestos daños que había generado al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se les hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford les había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen desde que se presentó en concurso y posterior quiebra en 2012 en los tribunales españoles), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio de ese año, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.
Para muchos, la necesidad de una reestatización de la petrolera era necesaria. Repsol estaba haciendo un desastre, invirtiendo más en Libia que en Argentina. Se razona además que, ante la aparición de Vaca Muerta, el proyecto de desarrollo de ese yacimiento debía tener como principal operador a una empresa argentina, en lo posible estatal.
En la decisión de reestatización de 2012 se decidió pagar unos US$6.000 millones a Repsol, pero no aplicar la OPA. Con esa decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se decidió además dejar de distribuir dividendos a los accionistas. El Grupo Petersen había acordado con Repsol pagar parte del 25,46% de las acciones a través del giro de esos dividendos. Como ya no se giraba el dinero, Petersen, a través de Petersen Energía y Petersen Inversora, se presenta en concurso (y posterior quiebra) en los tribunales comerciales de Madrid. Desde ese momento, el Grupo Petersen deja de tener que ver con esta causa y, en consecuencia, probablemente no reciba un solo dólar de este caso (crean o no, es así). El síndico de la causa radicada en Madrid le vendió la causa —esto es habitual— el 4 de mayo de 2015. La adquirió por licitación Burford en 15 millones de dólares. Lo hace a través de Prospect Capital (una subsidiaria semisecreta, para que no se sepa que Burford estaba detrás). Luego ampliaría “la inversión” en 70 millones.