Juicio por YPF: Argentina enfrenta un pedido de sanciones por desacato

El juicio por la expropiación de YPF que se tramita en los tribunales de Nueva York ingresa en una nueva fase crítica. La disputa, que tiene a la Argentina condenada en primera instancia por US$ 16.100 millones más intereses, ahora se centra en un conflicto procesal que podría derivar en sanciones contra nuestro país.

Los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital y beneficiarios de la sentencia condenatoria, presentarán este jueves un escrito ante la jueza Loretta Preska en el que solicitarán formalmente que se declare a la Argentina en desacato y se apliquen sanciones. El planteo se sustenta en el presunto incumplimiento de una orden judicial vinculada al proceso de discovery, que exige la entrega de correos electrónicos y comunicaciones por servicios de mensajería como WhatsApp de funcionarios y exfuncionarios.

¿Qué reclaman los demandantes?

Según la postura de los fondos demandantes, las demoras y la falta de entrega completa del material solicitado justificarían avanzar con sanciones contra la Argentina. La orden de Preska obliga al país a producir comunicaciones digitales de determinados funcionarios, tanto de la actual gestión como de etapas anteriores.

De acuerdo con información oficial citada por Sebastián Maril, de Latam Advisors, quien sigue al detalle los procesos judiciales contra el país en tribunales del exterior, la mayoría de los involucrados ya cumplió con el requerimiento. Sin embargo, al 12 de enero restaban seis funcionarios que no habían entregado ese material, punto que los demandantes consideran clave para sostener que existe un incumplimiento.

Los fondos sostienen que el país utiliza maniobras dilatorias. En presentaciones previas, advirtieron que si no obtenían la información, avanzarían con pedidos de sanciones, incluidas multas y presunciones adversas. También solicitaron que Preska fije un cronograma específico para tratar el desacato, con fechas para la respuesta argentina y una eventual réplica, además de una audiencia probatoria.

¿Cuál es la posición del Gobierno argentino?

Desde la Procuración del Tesoro, que encabeza la defensa argentina, rechazaron de plano la acusación de desacato. Fuentes oficiales sostuvieron que "la República Argentina está cumpliendo con todas las decisiones judiciales vigentes" y remarcaron que ninguna declaración de ese tipo puede tener efectos hasta que el país ejerza plenamente su derecho a defensa y la jueza analice el fondo de la cuestión.

Para el Gobierno, las comunicaciones que restan entregarse son de carácter personal y están protegidas por la Constitución. En ese marco, recordaron que la orden que obliga a revisar dispositivos y cuentas personales ya fue apelada ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York.

Fuentes oficiales calificaron el discovery como "un intento inadmisible" contra un Estado soberano y señalaron que el cumplimiento de esta etapa demandó casi dos años de trabajo, con la producción de más de 110.000 documentos y comunicaciones oficiales. También subrayaron que se avanzó "dentro de las posibilidades legales del Estado" y respetando los límites constitucionales, en particular el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de la correspondencia.

La estrategia de apelación considerada clave

En octubre, la Argentina recurrió la decisión de Preska por la que exige la entrega de comunicaciones personales. El Gobierno sostiene que es ilegítima tanto bajo el derecho argentino como bajo el estadounidense. En los últimos días, la defensa presentó por escrito los argumentos para intentar que la Cámara revoque esa orden, un movimiento que busca debilitar el principal sustento del pedido de sanciones.

Esta apelación es considerada clave por el Gobierno argentino en su estrategia de defensa, ya que apunta directamente contra la orden que los demandantes utilizan como fundamento para solicitar el desacato.

¿Qué buscan probar los fondos demandantes?

El trasfondo del conflicto excede el intercambio de escritos. Los beneficiarios del fallo buscan probar que distintas entidades públicas, como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas, funcionan como "alter ego" del Estado. Si lograran demostrarlo, podrían intentar embargos sobre activos de esos organismos para cobrar la sentencia.

Para ese objetivo, consideran central acceder a las comunicaciones internas de funcionarios que, a su entender, revelarían cómo se toman y ejecutan las decisiones. El Gobierno rechaza esa interpretación y habla de hostigamiento.

¿Cuál es el cronograma procesal?

El calendario procesal ya está en marcha con fechas definidas para las próximas semanas. Tras el escrito de los demandantes que se presentará este jueves, la defensa argentina tiene previsto responder el 19 de febrero con su propio escrito. La contrarréplica quedará para el 5 de marzo.

Recién después, en las audiencias previstas para fines de ese mes, Preska definirá si corresponde declarar el desacato y aplicar sanciones. Mientras, la apelación principal contra la sentencia por la expropiación de YPF sigue su curso en la Cámara, sin una fecha definida para el fallo, y se mantiene como la principal apuesta del Gobierno para frenar cualquier intento de ejecución.