Iberte repudió el millonario fallo de la Corte de San Juan en su contra

Hace algunos días, la “guerra del vino” sumó un nuevo capítulo judicial con la decisión de la Corte de Justicia de San Juan de revertir el fallo que obligaba a Fraccionadora San Juan a restituir una elevada cifra en dólares a la firma Iberte, encabezada por el empresario español Juan José Retamero, titular de Aisa Group.

El caso se originó en el marco de un contrato de compraventa de vino para exportación por el cual Fraccionadora San Juan se obligó a vender 25.008.000 litros de vino a granel, recibiendo 600.000 dólares como anticipo.

Ante el nuevo fallo de la Corte de San Juan, la firma encabezada por Retamero expresó su rechazo a lo determinado por la Justicia sanjuanina y advirtió sobre el grave impacto que puede generar en la seguridad jurídica y la inversión extranjera.

Anteriormente, Iberte había obtenido dos sentencias favorables, pero finalmente la Corte provincial de San Juan hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la empresa sanjuanina y emitió su veredicto sin ordenar un nuevo tratamiento del caso en instancias inferiores.

Juan José Retamero, titular de Aisa Group, propietario de Iberte.

Iberte criticó fuertemente el fallo judicial

“El resultado es alarmante. La sentencia convalidó una ostensible actuación ilícita de Fraccionadora San Juan y le permitió retener dinero recibido en pago de un producto que no había entregado. Lo más grave, es que la Corte tomó esa decisión sin tratar la acción por enriquecimiento sin causa que se hallaba planteada y que había sido receptada en las dos instancias anteriores”, explicó Julia Villanueva, abogada de Iberte.

Y agregó: “La decisión se basa en un argumento insostenible, que, para peor, no había sido invocado por ninguna de las litigantes, quienes, en cambio, estaban de acuerdo en todo lo contrario. Lo que la Corte sostuvo fue que las partes no se habían obligado a consensuar cuándo y cómo cargar la mercadería, de lo cual derivó la desopilante conclusión de que esas cargas podían no pactarse y que, por ende, Fraccionadora San Juan no había incumplido”.

Para Iberte, el fallo no es sólo jurídicamente equivocado: es un pésimo mensaje para la seguridad jurídica y para la inversión extranjera. “Ningún inversor extranjero puede apostar por el país si no tiene la certeza de que, llegado el caso de un litigio, obtendrá una decisión ajustada a derecho y ecuánime, no una solución sorpresiva susceptible de exhibir un vergonzoso favoritismo. La Argentina necesita inversión, producción, exportaciones y empleo, nada de lo cual es viable si quienes invierten en el país no cuentan con esa garantía, que es la base de todas las demás”, afirmó Villanueva.

En ese sentido, aseguró que Iberte sólo reclama lo elemental en un Estado de Derecho: “que un contrato sea respetado, que nadie pueda enriquecerse injustificadamente a costa de otro y que la Justicia actúe como garantía de confianza, no como factor de incertidumbre. Por eso hemos llevado el asunto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la confianza de que ese Tribunal corregirá el pronunciamiento”, concluyó.