Finalizó la baja de retenciones y se espera que caigan fuerte las liquidaciones

El Gobierno decidió no extender la ventana temporal de baja de retenciones a la soja y el maíz, que así desde hoy volverán a pagar una alícuota mayor de derechos de exportación, una decisión que provocó un reclamo de las entidades que integran la Mesa de Enlace agropecuaria y de los gobernadores de las provincias productoras.

De esta manera, las retenciones para el complejo soja pasarán de 24,5% para harina y aceite y 26% para poroto, a 31% y 33%, respectivamente. Por su parte, para maíz el incremento iría desde el 9,5% actual hasta el 12% vigente hasta mediados de enero.

Se espera que tras estas medidas, las liquidaciones de cereales se reduzcan drásticamente. A sabiendas de la finalización de la promoción oficial, en el último mes de junio pasaron por la mesa de liquidaciones US$ 3.706 millones, lo que representa un incremento de 87% con relación al mismo mes de 2024, según informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Con este resultado, durante el primer trimestre los agroexportadores ingresaron US$15.419.643 millones, lo cual significa un alza de 40% contra igual período de 2024.

El complejo sojero es el que tiene la mayor alícuota de retenciones entre todos los granos y por eso queda en desventaja frente a productores y exportadores de otros países.

El complejo sojero es el que tiene la mayor alícuota de retenciones entre todos los granos y por eso queda en desventaja frente a productores y exportadores de otros países.

Las entidades agropecuarias, Coninagro, CRA, Federación Agraria y la Sociedad Rural señalaron que “no hay más margen para medidas discrecionales de corto alcance, que solo profundizan la incertidumbre y la desazón”.

“Desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias venimos reclamando, desde hace meses y años, medidas urgentes y definitivas que atiendan los graves problemas de competitividad que arrastra el sector”, aseguraron.

Las entidades señalaron que “el cuestionamiento principal de la vigencia de los Derechos de Exportación (DEX), más allá de las alícuotas, es que son un impuesto distorsivo, anacrónico y perjudicial, ha hecho que nuestro país desaproveche inmejorables oportunidades para la inversión y el desarrollo federal”.

“Ha generado un inevitable retraso social, tecnológico y productivo, a pesar de los esfuerzos aislados de los productores y otros eslabones de la cadena por sostener la producción y el arraigo rural”, agregaron.