¿Es posible generar empleo sin empresas?
Cooperativas, Estado y plataformas desafían el modelo tradicional. ¿Puede crecer y sostenerse el empleo sin empresas privadas y bajo qué condiciones?
Necesitamos un cambio cultural y político que reconozca que las Pymes no son el problema, sino la solución.
Archivo MDZTanto los poderes del Estado como las grandes empresas y el sindicalismo han demostrado, una y otra vez, su incapacidad para imaginar el verdadero potencial que encierran las Pymes. Hoy generan el 42% del PBI, el 75% del empleo privado y lo hacen prácticamente sin financiamiento.
Sin embargo, nuestro país tiene la tasa de nacimiento neto de empresas más baja de la región y del mundo. Incluso, actualmente es negativa: cierran más empresas de las que se crean. Si a esto le sumamos que el acceso al crédito bancario es casi nulo y, cuando existe, se ofrece a tasas imposibles de pagar, el escenario es claro: todo está instrumentado para empujar a las empresas hacia la informalidad. ¿Sino por qué casi la mitad de la economía argentina opera en la sombra?
Entorno adverso y desigual
Durante décadas, las políticas implementadas han llevado a una concentración económica que ahoga a las pymes. Se ven obligadas a pagar de contado a grandes proveedores, mientras financian a 60 días a sus clientes. Todo esto en un contexto inflacionario, de alta presión impositiva y sin financiamiento real.
El 98% de las pymes se financian a través de financieras o descubiertos bancarios, mecanismos cortos, caros e inestables. Y, como si fuera poco, soportan el mismo esquema impositivo y regulatorio que las grandes corporaciones: 163 impuestos activos, costos de escribanos, asesorías legales y contables permanentes, y la función de agentes recaudadores indirectos para AFIP y fiscos provinciales.
Además, la calificación crediticia de las pymes se mide bajo criterios tradicionales que no reflejan su realidad. La presentación de balances pobres, la falta de garantías reales suficientes y el hecho de que un porcentaje importante de la actividad no está declarada llevan a un círculo vicioso en el que la Pyme nunca accede al financiamiento que necesita.
Para romper este bloqueo, se debería diseñar un sistema específico, que contemple la realidad de mercado con un scoring adaptado a cada empresa o sector, que vaya ajustándose con el tiempo en base a su desempeño real. Sin duda, una herramienta de este tipo dispararía enormes oportunidades de crecimiento y formalización.
¿Puede un pequeño comercio o industria con 10 empleados cumplir con todo esto y, al mismo tiempo, gestionar su negocio y crecer? El resultado lo vemos todos los días: más cierres que aperturas y una creciente economía informal.
Legislación que condena a la informalidad
La normativa vigente, lejos de alentar el crecimiento, castiga a las microempresas. Quien tiene hasta cinco empleados accede a ciertos beneficios, pero si incorpora un sexto trabajador, los pierde. El mensaje es claro: mejor seguir pequeño o crecer en la informalidad.
En lugar de esto, la ley debería funcionar como una autopista de una sola dirección hacia el desarrollo: la micro que se convierte en pequeña, la pequeña que se transforma en mediana y, eventualmente, en grande. En países desarrollados, ese es el camino natural; en Argentina, es una carrera de obstáculos que muchos prefieren no correr. El costo de la rigidez es evidente: desincentivo a la formalidad, trabas al crecimiento y condena a la precariedad laboral.
Pymes con rol destacado
Son el motor central del empleo y las exportaciones. En la Unión Europea, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas representan más del 60% del empleo privado y más del 55% del PBI. En Alemania, el famoso Mittelstand es la columna vertebral de su economía: empresas familiares, innovadoras y exportadoras que se expanden con estabilidad y visión de largo plazo.
Argentina, en cambio, está lejos de esa densidad empresarial. Y la distancia no se debe a falta de talento o creatividad —las Pymes argentinas han demostrado resiliencia y capacidad innovadora incluso en contextos adversos—, sino a un marco regulatorio y financiero que las frena.
Desde el Movimiento Nacional Pyme (Mo.Na.Py) llevamos más de cinco años trabajando para instalar la Ley Integral Pyme (LIP). Hemos dialogado con políticos, sindicalistas y empresarios de todo el arco ideológico. Si bien recibimos aprobación en privado, al momento de modelar la Ley Bases, nuestras propuestas fueron ignoradas.
Aliviar las cargas sociales
Una de las iniciativas más fuertes de la LIP es la reducción de las cargas sociales, uno de los factores principales que alimentan la informalidad laboral.
Hoy se defiende muy bien a los que ya están dentro del sistema, pero ¿qué pasa con los millones de argentinos que quieren trabajar y no consiguen empleo formal? La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 23, reconoce el derecho de toda persona al trabajo. En Argentina, esa declaración se ha convertido en una declamación vacía.
Esto no implica desfinanciar al sistema: serían aportes nuevos, de trabajadores que hoy están en la informalidad. En 2021, junto a la Fundación Observatorio Pyme, estimamos que la aprobación de la LIP permitiría crear 2,2 millones de puestos de trabajo en menos de un año.
A la inversa del RIGI
El gobierno actual apuesta fuertemente a sectores estratégicos como Oil & Gas, minería y agroindustria, con la expectativa de generar superávit comercial y crecimiento del PBI. Una condición necesaria, pero insuficiente frente a los 9 millones de argentinos desocupados o subocupados.
Las inversiones de gran escala pueden traer divisas, pero generan empleo limitado y de alta especialización. La minería, por ejemplo, puede duplicar su demanda de empleo directo e indirecto, pasando de 100.000 a 180.000 puestos. Valioso, pero marginal frente al déficit de empleo total.
Entonces surge la pregunta:
- ¿Por qué no diseñar también un RIGI para pymes?
- ¿Por qué no un régimen laboral especial que les permita desplegar su potencial de contratación en sectores de bajos ingresos?
El “Stock de Proyectos Reprimidos” (SPR)
En Mo.Na.Py hemos identificado un indicador clave: el Stock de Proyectos Reprimidos (SPR). Cada pyme tiene entre 3 y 5 proyectos frenados: ampliar un local, incorporar tecnología, abrir sucursales, comprar software, capacitar personal, mejorar procesos productivos.
Si consideramos las 510.000 pymes sobrevivientes, liberar ese stock implicaría miles de millones de dólares en inversión productiva, expansión del empleo y dinamización del mercado interno. No hablamos de teoría: hablamos de proyectos concretos, ya pensados, que hoy están guardados en un cajón porque el contexto no permite ejecutarlos.
Deuda pendiente: reglas claras y políticas de Estado
No habrá salida a los problemas estructurales de la Argentina sin:
- Menor burocracia y simplificación normativa.
- Un régimen impositivo más justo y menos asfixiante.
- Seguridad jurídica para que invertir no sea un salto al vacío.
- Legislación laboral adaptada al universo Pyme.
- Acceso al crédito productivo en condiciones razonables y con un sistema de scoring adaptado a la realidad empresarial.
Sin estas condiciones, seguiremos en un círculo vicioso de pobreza, informalidad y estancamiento. Continuaremos siendo una sociedad frustrada, que sobrevive como puede en lugar de desarrollarse con esperanza.
El desafío no es menor: necesitamos un cambio cultural y político que reconozca que las Pymes no son el problema, sino la solución. Representan el presente y el futuro del trabajo argentino. La pregunta final, entonces, es directa y no admite evasivas: ¿Seguiremos apostando solo a grandes corporaciones y sectores estratégicos, o nos animaremos a desatar la fuerza reprimida del universo Pyme?
* Alejandro Bertín es Director de Establecimientos San Ignacio S.A.