El negocio de los US$3.000 millones que prepara el Gobierno y que cambiará las indemnizaciones

Puede ser un muy buen negocio, que incluso supere los US$3.000 millones para fines de 2027 si es que el nuevo sistema se consolida y si desde la oposición se mantiene el esquema aprobado por el Congreso y reglamentado por el Ejecutivo.

Los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) comenzarán a funcionar el próximo 1 de noviembre de 2026 y prometen convertirse en uno de los cambios más importantes del año, tanto para las empresas como para el sistema financiero. El nuevo instrumento fue creado por la Ley de Modernización Laboral para ayudar a financiar las indemnizaciones y posteriormente reglamentado por el Decreto 408/2026, firmado el 29 de mayo. La fecha originalmente prevista para su puesta en marcha era junio, pero el Gobierno decidió postergarla hasta noviembre para completar la reglamentación y la infraestructura necesaria.

El mecanismo supone la creación de una suerte de ahorro obligatorio de cada empleador privado. Las empresas deberán destinar mensualmente al FAL un porcentaje de su masa salarial: 1% para las grandes compañías y 2,5% para micro y PyMEs. La particularidad es que, para la mayoría de los empleadores, no representa una carga adicional, porque esos recursos se descuentan de contribuciones patronales que actualmente tienen como destino el sistema previsional.

Cada empresa tendrá que elegir una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores, seleccionar un fondo común de inversión o fideicomiso financiero autorizado y obtener un “ID FAL”. Ese código deberá informarse a ARCA, que será la encargada de derivar mensualmente el dinero hacia el vehículo elegido. Si la empresa no realiza la elección, los aportes quedarán transitoriamente retenidos y posteriormente podrá asignarse una administradora de oficio.

El dinero seguirá perteneciendo al esquema individual de cada empleador y será invertido hasta que resulte necesario utilizarlo para afrontar una indemnización. Existe, además, un período de carencia inicial de seis meses. Por eso, aunque las contribuciones comiencen en noviembre, la utilización efectiva de los primeros recursos no será inmediata. El FAL tampoco elimina ni modifica la indemnización tradicional: funciona como una fuente de financiamiento para pagarla y el empleador continúa siendo responsable frente al trabajador.

La magnitud potencial explica el fuerte interés que despertó entre bancos, administradoras de fondos y sociedades de Bolsa. Estimaciones privadas mencionadas por TN calculan que los FAL podrían incorporar más de US$1.000 millones anuales al mercado de capitales argentino. Para las entidades financieras significa una nueva masa de dinero estable y de largo plazo para administrar.

Entre los bancos que ya salieron abiertamente a competir aparecen BBVA Argentina, Santander Argentina, Banco Macro, ICBC Argentina y Banco Nación, este último mediante Pellegrini. También se preparan administradoras y agentes del mercado de capitales. Cohen, Puente Asset Management y Balanz reconocieron que trabajan en productos destinados a captar estos recursos.

La competencia ya comenzó incluso antes del debut. BBVA lanzó una campaña que ofrece 0% de comisión de administración durante un período promocional y, bajo determinadas condiciones, el reintegro del aporte correspondiente a nuevas nóminas incorporadas. Macro informa que la legislación contempla una comisión anual máxima de administración del 1% sobre los saldos gestionados. Es una muestra del interés de las entidades por capturar empresas antes de noviembre.

También existe un atractivo financiero adicional: los recursos no permanecerán inmovilizados. La reglamentación permite invertirlos en instrumentos del mercado argentino. Podrán colocarse sin límite específico en deuda del Tesoro Nacional; hasta 15% en títulos provinciales, con límites por jurisdicción; hasta 15% por entidad en depósitos bancarios; y hasta 20% en obligaciones negociables de compañías privadas. Al menos 10% deberá mantenerse en instrumentos de alta liquidez y bajo riesgo.

Esto convierte al FAL simultáneamente en una reforma laboral y una reforma financiera. Para las empresas significa transformar un gasto imprevisible —una indemnización importante puede alterar completamente la caja de una PyME— en un fondo acumulado gradualmente. Para bancos y administradoras representa captar dinero permanente, cobrar por su administración y ampliar el mercado de fondos comunes.

Los primeros interesados probablemente sean las empresas con grandes dotaciones de personal, especialmente aquellas donde las indemnizaciones representan un riesgo relevante para el flujo de caja. Las grandes corporaciones incluso podrán evaluar vehículos exclusivos, mientras que PyMEs y compañías medianas tenderían a ingresar en fondos colectivos para conseguir escala, diversificación y mejores rendimientos. Las propias administradoras estiman que esta última modalidad será la predominante.

El otro gran interesado será el Tesoro Nacional. La regulación permite que los FAL inviertan sin un límite porcentual específico en deuda nacional, algo que no ocurre con títulos provinciales ni obligaciones negociables privadas. Si el sistema acumula miles de millones de dólares durante los próximos años, puede convertirse en un nuevo inversor institucional de peso y en una fuente adicional de demanda para bonos públicos.

Sin prórrogas y con mucho interés del propio Luis “Toto” Caputo en que el sistema comience lo antes posible, el 1 de noviembre no solamente comenzará un nuevo mecanismo para financiar indemnizaciones. También arrancará una competencia entre bancos, fondos y sociedades de Bolsa por administrar una masa de recursos que crecerá todos los meses y que podría terminar transformándose en uno de los mayores nuevos bolsillos de ahorro institucional del mercado argentino.