Dólares del agro: de qué tratan los nuevos controles del Gobierno para las operaciones en el mercado

La Comisión Nacional de Valores avanzó con una nueva modificación normativa orientada a reforzar los controles sobre el movimiento de fondos dentro del mercado de capitales, con especial foco en las operaciones vinculadas al sector agropecuario y los mecanismos de prevención del lavado de dinero.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 1140/2026 y actualiza distintos puntos de las Normas de la CNV, en el marco de una estrategia de fortalecimiento de la trazabilidad financiera y agilización administrativa del organismo.

Uno de los cambios centrales apunta a las transferencias de dinero utilizadas para operar en el mercado financiero. La resolución ratifica que los fondos deberán provenir de cuentas bancarias o billeteras virtuales identificables y habilitadas, aunque incorpora precisiones específicas para actividades agropecuarias, agroindustriales y de corretaje de granos.

En ese sentido, la CNV autorizó que agentes vinculados al agro puedan canalizar fondos de clientes hacia operaciones de mercado de capitales desde cuentas bancarias afectadas a esas actividades. Sin embargo, la norma exige garantizar la trazabilidad completa de los movimientos y la correcta identificación del origen y destino de los fondos, incluyendo CUIT, nombre y apellido de cada cliente involucrado.

El endurecimiento de los controles se produce en un contexto de creciente supervisión sobre maniobras de evasión, triangulación financiera y posibles operaciones de lavado de activos dentro de sectores que manejan altos volúmenes de dinero.

La resolución también alcanza a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) y a actores vinculados a operaciones agroindustriales, estableciendo nuevas obligaciones documentales y de identificación para transferencias destinadas al mercado financiero.

Además de los cambios vinculados al control de fondos, la CNV introdujo modificaciones administrativas destinadas a acelerar procesos internos. Entre ellas, se delegaron nuevas facultades a distintas gerencias y subgerencias del organismo para resolver trámites técnicos sin necesidad de intervención directa del Directorio.

Entre las atribuciones delegadas aparecen:

• inscripciones y cancelaciones de registros,
• reformas societarias,
• autorizaciones de registros digitales,
• y trámites relacionados con auditores externos.

La norma también otorga competencias específicas para la inscripción y cancelación de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), en línea con el avance regulatorio sobre plataformas y operadores vinculados a criptomonedas.