Deuda, REPO y FMI: el desafío financiero que enfrenta Luis Caputo hasta julio
Tras cumplir con el pago de enero mediante un REPO por US$3.000 millones, Economía redefine su hoja de ruta para afrontar los vencimientos de deuda de 2026, con foco en el FMI, el regreso a los mercados y el desafío del pago de julio.
El Ministerio de Economía, Luis Caputo.
Foto: PresidenciaHoy comienza la segunda semana completa de enero de 2026. Y, curiosamente, también la segunda parte del año para el ministro de Economía, Luis Caputo. Luego de haber diseñado la compleja ingeniería financiera para poder cumplir el viernes pasado con el pago de los US$4.340 millones correspondientes a la liquidación del primer cupón del año de los Bonares y Globales provenientes de la reestructuración de deuda de 2020, el Ministerio de Economía tiene que volver a trabajar, sin descanso, en saber cómo lograr el dinero para los pagos que restan hasta cerrar el año, y que suman más de 18.000 millones de dólares.
A esa suma, sin embargo, habrá que hacerle un reseteo numérico, ya que casi el 40% responde a deudas con el propio Estado nacional, a la vez que el Gobierno ya cuenta con unos US$3.000 millones provenientes de los US$1.000 millones que sobraron de la recolección de dólares de la semana pasada del préstamo REPO(Repurchase Agreement o “acuerdo de recompra”) por unos U$S 3.000 millones; casi U$S 800 millones que ya tiene por las compras de divisas iniciadas durante 2026; y otros US$4.000 millones, aproximados, correspondientes al Fondo Monetario Internacional ( FMI).
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En total, la cifra que la Argentina debería pagarle a privados llegaría a los US$7.000 millones en deuda en moneda extranjera, de los cuales los vencimientos más importantes corresponden al segundo pago anual de los Bonares y Globales del próximo 9 de julio, por unos US$4.300 millones; unos US$700 millones en Bopreales o similares; y otros US$4.000 millones al FMI.
Ese dinero, en teoría, debería ser de recolección más fácil que los US$4.300 millones de enero. O, al menos, eso es lo que indica la teoría financiera y la estrategia oficial, siempre que no surjan cisnes negros en el camino.
El año comenzó bien. El ministro de Economía pudo cerrar el muy estresante primer compromiso fuerte del año, casi en tiempo de descuento, recurriendo a los amigos de siempre, más una agradable sorpresa. Intervinieron en el préstamo el siempre cercano JP Morgan, más Santander, BBVA, Deutsche Bank y Goldman Sachs. Se sumó sorpresivamente el Bank of China, lo que hace presumir que pronto habrá novedades importantes y optimistas sobre la renovación del swap con China por unos US$6.000 millones, dinero que vence en junio próximo.
El pago realizado cierra así la primera (y muy corta) etapa financiera de 2026. Y abre la segunda, que se supone más relajada y en la que el ministro podría darse el lujo de volver a los mercados financieros de deuda y, quizá, hasta pagar una tasa de interés razonable.
Antes de ingresar en el proceso futuro, habrá que mencionar que el REPO en cuestión, que permitió el pago del viernes, implicó una emisión de deuda récord para el Gobierno de Javier Milei, con un bono a un año por unos US$3.000 millones, una tasa de interés de 7,4% anual y un combo de tres bonos como garantías: el Bono de la Nación Argentina (Bonar), emitido en el mercado local por unos US$1.000 millones, a los que se suman los Bonares 2035 y 2038, títulos regidos por la ley argentina, para concretar este crédito garantizado.
En total, las garantías suman unos US$3.500 millones, más que el crédito tomado. La operación, además, cuenta con la legalidad que le otorgó al Ministerio de Economía el Congreso Nacional, que, a través de la aprobación del Presupuesto 2026, le dio permiso y aval institucional para colocar deuda internacional voluntaria para cubrir los vencimientos del próximo año, y le otorgó además flexibilidad para buscar la manera más sólida de hacerlo. Pero, además, ya está dentro del ejercicio 2026, cuando la operación tiene todos los faroles de legalidad encendidos.
El de la semana pasada fue el tercer REPO que instrumenta el gobierno de Javier Milei y, probablemente, sea el último, ya que la intención oficial es atender el pago del próximo vencimiento de los Bonares y Globales a través de la colocación de deuda voluntaria en los mercados internacionales, algo para lo que también el Ministerio de Economía obtuvo el permiso correspondiente a través del Presupuesto.
Hay que recordar que el REPO de enero de 2025 fue por unos US$1.000 millones y se cerró con un interés de 8,8%, mientras que en junio se realizó una operación similar por unos US$2.000 millones, con una tasa de 8,25%. Esto implica que la colocación actual mejoró en casi un punto porcentual la tasa pagada en los REPO anteriores. La tasa del miércoles fue la más baja de las tres, pero también más alta que la de los cupones que se pagan, que rinden un máximo de 4,5% anual.
Para esto, el ministro deberá perforar la barrera de los 500 puntos básicos de riesgo país y coquetear con los 300 puntos básicos, algo un poco más cercano desde el miércoles pasado, pero aún con una chúcara frontera de 550 puntos muy difícil de atravesar.
La intención del ministro es llegar a ese 9 de julio de vencimientos mostrando solidez en las reservas del Banco Central, algo que no se observa en estos días. El titular del Palacio de Hacienda puede comenzar a contabilizar en el dinero a pagar que ya tiene ahorrados unos US$1.000 millones que le sobraron en la contabilidad del pago del viernes pasado. La toma de deuda vía REPO por unos US$3.000 millones representa unos US$1.000 millones más de lo necesario, con lo que ese dinero ya está en la caja del Tesoro, a la espera del pago de julio.
Además, habrá que sumar para esa fecha —especulan en Economía— otros ingresos de divisas, fruto de la obligatoriedad de compra de dólares a la que está comprometido el Gobierno en el acuerdo de Facilidades Extendidas vigente con el FMI, que en abril cumplirá años. También podrían sumarse dólares provenientes de la campaña privatizadora, que comenzará a tomar fuerza en abril y que incluye desde AySA y Belgrano Cargas hasta rutas y varias hidroeléctricas.
La certeza que tiene Luis Caputo es que el camino hacia el 9 de julio es más tranquilo que el que se cerró con el pago del viernes, y que, de no mediar cisnes negros —aves siempre al acecho en la Argentina de estos tiempos—, el ministro podrá cancherear con que el dinero conseguido para mitad de año para cumplir con el compromiso fue más fácil que el necesario para el pago del viernes. No es poco.
Hay una alternativa para dar más solidez a la estrategia oficial. Siempre se puede recurrir a rearmar la idea de un préstamo por unos US$20.000 millones, que estaba siendo diseñado por —otra vez— JP Morgan y que implicaba la acción directa del Tesoro de los Estados Unidos y otros bancos norteamericanos. Era la operación que había sido anunciada en octubre de 2025 para conseguir dinero para pagar el vencimiento del viernes pasado y que, por tiempos burocráticos, se suspendió hasta nuevo aviso.
Ahora se abre la ventana del cronograma del lapso que va del 10 de enero al 9 de julio de 2027. En esas semanas se intentará reflotar el acuerdo con los bancos internacionales, sobre la base del buen cumplimiento argentino al haber cancelado la deuda del primer mes de 2026, más la posibilidad de instrumentar, ahora sí, un programa de pagos con el aval del Tesoro de EE.UU. Dependerá de la velocidad burocrática del gobierno de Washington.
Para el primer semestre de 2026 se espera también un cambio radical en la política oficial: el abandono, sí o sí, de la muy fallida estrategia de este año de no comprar dólares hasta que la divisa llegue al piso. Durante ese tiempo, el Tesoro podría volver a sumar dólares a las reservas propias y luego enfrentar el vencimiento del 9 de julio por más de US$4.000 millones, sin recurrir aún a la ayuda.
Si igualmente se necesitara todo o parte del dinero de Donald Trump durante 2026 para cumplir con el vencimiento de enero, el mecanismo podría tener dos opciones: un simple swap de monedas (mecanismo de recambio de pesos por dólares sin registro en la cuenta de pasivos monetarios) o una recompra de bonos en poder del Estado nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Se verá.

