Cuáles son los puntos centrales de la reforma laboral que la CGT rechaza

La reforma laboral que impulsa el Gobierno argentino abrió un foco de tensión con el movimiento sindical, que advierte que varias de las medidas propuestas podrían recortar derechos históricos, limitar la capacidad de negociación colectiva y reducir la protección en casos de despido. La preocupación se concentra especialmente en la regulación del derecho de huelga, la descentralización de las paritarias, los cambios en el sistema indemnizatorio y la redefinición de componentes salariales.

Además reclaman que cualquier modificación sea negociada. Jorge Sola, uno de los nuevos cotitulares de la CGT, advirtió días atrás que la central sindical no fue consultada por el Gobierno y que cualquier discusión sobre reformas laborales debe estar precedida por una reforma tributaria. Según explicó, la clave para incentivar la inversión productiva y generar empleo no está en modificar leyes laborales sino en aliviar la carga impositiva sobre las pymes, que pueden enfrentar entre 30 y 40 por ciento de sus ventas en impuestos nacionales, provinciales y municipales.

El dirigente también afirmó que hasta el momento solo existen trascendidos sobre la iniciativa oficial y que no se presentó un proyecto formal ni se convocó a empleadores y trabajadores a una mesa de diálogo. Para la CGT, esta ausencia de consulta vuelve poco seria la discusión y genera un clima de alerta ante la posibilidad de que los cambios avancen sin incluir a quienes sufrirán las consecuencias, ya sean positivas o negativas. En este sentido, Sola recordó que cada actividad requiere soluciones específicas y advirtió que sería un error aplicar una ley general a sectores tan distintos como servicios, banca, energía o minería.

¿De qué está en contra la CGT?

• Uno de los puntos más sensibles para las centrales obreras es la intención oficial de regular las huelgas en servicios que considera esenciales, que abarcan una numerosa gama de actividades las que deberán contar con mínimos de cobertura que podrían llegar al 75 por ciento, lo cual hace inviable cualquier huelga. De avanzar, significaría un cambio profundo en la forma de lucha sindical, especialmente en sectores como transporte, energía o salud.

Lo que la Ley Bases trajo con la reforma laboral es la incorporación de un nuevo instituto que es la creación de un fondo de cese laboral. Foto: Freepik

• También genera fuerte rechazo la limitación de las cuotas solidarias para trabajadores no afiliados, que pasarían a descontarse solo con consentimiento expreso. Esta modificación amenaza una de las principales fuentes de financiamiento sindical.
• La descentralización de la negociación colectiva es otro eje: los gremios saben que privilegiar convenios por empresa por encima de acuerdos sectoriales debilita su poder, pero fundamentalmente generará condiciones laborales desiguales, donde cada empresa podría fijar reglas propias. Para los sindicatos, este modelo fragmentaría la representación y daría mayor margen de presión a los empleadores.
• Las reformas en el régimen indemnizatorio también son vistas como una amenaza directa. El posible reemplazo de la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral financiado por aportes mensuales, la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas, la fijación de topes equivalentes a diez sueldos y la exclusión de ítems como el aguinaldo del cálculo encendieron alarmas en las organizaciones gremiales, que lo interpretan como una merma clara en la protección ante despidos.
• La CGT está alerta también respecto de la redefinición de qué conceptos salariales se consideran no remunerativos, y las consecuencias que puede acarrear la propuesta de que las prestaciones por enfermedad o accidente se reduzcan al ochenta por ciento del salario.
• Las críticas también apuntan a que la digitalización administrativa. Si bien promete simplificación, puede derivar en menor control estatal sobre las relaciones laborales. Algunos gremios sostienen que la menor supervisión podría facilitar abusos o condiciones informales.

Cambios en convenios colectivos de trabajo

Sola sostiene, además, que los convenios colectivos ya incorporaron cambios profundos en los últimos años, como la regulación del trabajo a distancia y el uso de inteligencia artificial en el sector de seguros, y que la modernización se viene dando de manera sectorial y recalcó que el Estado debe intervenir en estas discusiones con inteligencia y eficacia, sin caer en la burocracia. También alertó sobre los plazos legislativos, al señalar que el Gobierno podría enviar el proyecto en febrero, en sesiones extraordinarias, pero insistió en que el debate no puede quedar solo en el ámbito político, ya que la participación de trabajadores y empleadores en comisiones suele ser meramente formal.

El dirigente cuestionó cualquier intento de reducir los recursos sindicales o limitar la acción gremial, advirtiendo que sería inconstitucional y violaría tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica. Subrayó que la afiliación sindical es un derecho constitucional y que la CGT llega fortalecida en unidad para afrontar el debate. Además, señaló que la crisis del empleo —con quince años de estancamiento y doscientos cincuenta mil puestos perdidos en los últimos dos años— exige soluciones integrales y no medidas que puedan debilitar la representación de los trabajadores.

Los ejes principales

• Incentivos fiscales a la contratación: la propuesta incluye un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que sumen trabajadores durante los primeros dieciocho meses. Las alícuotas varían según el tamaño de la empresa: 100 por ciento para micro; 75 por ciento para pequeñas; 50 por ciento para medianas; y 25 por ciento para grandes.
• Flexibilización de contratos y modalidades de trabajo: el proyecto contempla la ampliación de la jornada laboral, la creación de un banco de horas para organizar los tiempos de trabajo por promedios semanales y la extensión del período de prueba de tres a seis meses, y hasta doce meses en algunas pymes. También se incorporan contratos por proyecto y otras modalidades más flexibles.
• Reformulación del sistema de indemnizaciones: además del fondo de cese laboral, se plantea la opción de abonar indemnizaciones en hasta doce cuotas y establecer un tope máximo. A esto se suma la exclusión de ciertos componentes salariales del cálculo indemnizatorio.
• Salarios dinámicos y negociación por empresa: la iniciativa incorpora aumentos salariales vinculados a productividad o desempeño de la empresa y promueve convenios laborales a nivel empresa, buscando reducir el peso de las negociaciones sectoriales.
• Digitalización y simplificación administrativa: incluye la digitalización de registros, comprobantes electrónicos, nóminas digitales y simplificación de trámites para contratar y registrar personal.
• Blanqueo laboral: propone mecanismos de regularización de trabajadores no declarados, con condonación de sanciones y multas para quienes formalicen empleo.
• Prestaciones y riesgos del trabajo: se revisa el cálculo de prestaciones por enfermedad o accidente y se prevén cambios en la ley de riesgos del trabajo para fortalecer comisiones médicas y unificar criterios de evaluación.