Comenzó a regir la ley de Inocencia Fiscal: qué cambia a partir de hoy

La Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal, entró en vigencia el 2 de enero de 2026 tras su publicación en el Boletín Oficial. La norma que marca fuerte cambios en el régimen de pago de impuestos, fundamentalmente en los umbrales de punibilidad, en el tratamiento de las infracciones fiscales y en la relación entre los procedimientos administrativos.

Entre los ejes centrales se incluye la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias que permitirá operar sin revisiones permanentes sobre la situación patrimonial, con un tope de adhesión de hasta $10.000 millones en patrimonio y la eliminación de la obligación de informar variaciones patrimoniales o justificar consumos.

¿Qué pasará con el impuesto a las Ganancias?

ARCA liquidará el impuesto a las Ganancias únicamente sobre los ingresos declarados, sin considerar el crecimiento del patrimonio, y aplicará las deducciones correspondientes según los gastos informados.

El artículo 39 del proyecto incorpora el denominado “efecto liberatorio del pago”. Si el contribuyente acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y cancela cualquier deuda en tiempo y forma, queda liberado de sanciones, salvo que se compruebe la omisión de ingresos.

La iniciativa también eleva de manera significativa los umbrales penales. Para que una conducta sea considerada evasión simple, el monto mínimo pasa de $1,5 millones a $100 millones. En el caso de la evasión agravada, el piso se fija en más de $1.000 millones.

¿Les tenemos miedo a todos los impuestos? Foto: MDZ

En otros apartados, la normativa también elevó montos mínimos para la aplicación de multas y sanciones administrativas, con valores que van desde los 6 millones hasta los $67,5 millones, dependiendo del tipo de infracción y del contribuyente.

Además, el proyecto reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. En ese marco, ARCA no impulsará acciones penales si el contribuyente regulariza su situación y cancela la deuda con intereses, un beneficio que podrá utilizarse una sola vez por persona.

Cuando la denuncia aún no haya sido presentada, la acción quedará extinguida si el contribuyente regulariza su situación y paga la deuda con un recargo adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la imputación.

Aunque la iniciativa propone flexibilizar los controles fiscales, también prevé un endurecimiento de las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de plazo.

Vigencia

La normativa no fija un plazo de caducidad, por lo que sus disposiciones rigen de manera indefinida. No obstante, incorpora un mecanismo de actualización automática de montos y parámetros a partir del año 2027, mediante su indexación a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Este esquema busca evitar que la inflación amplíe de forma indirecta el universo de conductas alcanzadas por el régimen penal.

Desde su entrada en vigencia, los nuevos montos mínimos establecidos resultan aplicables tanto a causas futuras como, en determinados supuestos, a procesos en trámite, conforme al principio de aplicación de la ley penal más benigna.

La ley alcanza a personas humanas, trabajadores autónomos, pequeños y medianos contribuyentes y empresas, incluyendo sociedades de mayor envergadura. Su aplicación resulta particularmente relevante para contribuyentes que registren inconsistencias derivadas de diferencias de valuación, errores de liquidación o desfasajes financieros, siempre que no se configuren maniobras de evasión agravada.

El proyecto fue tratado durante el mes de diciembre de 2025 en ambas cámaras del Congreso Nacional, y fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados el 26 de diciembre, quedando convertida en ley antes del cierre del período legislativo con el apoyo de buena parte del arco opositor, con la clara excepción del peronismo kirchnerista y la izquierda.

El Poder Ejecutivo promulgó la norma el 31 de diciembre de 2025, habilitando su entrada en vigencia a partir de enero de 2026.

Cómo adherir a la ley de Inocencia Fiscal

Si bien la ley se encuentra plenamente vigente, su aplicación operativa requiere la emisión de reglamentaciones complementarias por parte de la autoridad fiscal, en particular en lo referido a procedimientos, criterios de actualización y pautas de actuación administrativa.

En principio se realizará conforme a los procedimientos que establezca la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir de la presentación o rectificación de declaraciones juradas omitidas o incorrectas.

La ley no exige una inscripción previa automática, sino que el acceso a sus efectos se produce en función de la conducta regularizadora del contribuyente, siempre que esta se concrete antes de una sentencia firme o dentro de los plazos que establezca la reglamentación.