Cerraron más de 24.000 pymes y se disparan los concursos preventivos
El Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) alertó que más de 24.000 pymes cerraron sus puertas y dejaron a más de 300.000 trabajadores sin empleo.
La crisis que atraviesan las pymes se profundiza aceleradamente. Según un informe elaborado por el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026 cerraron sus puertas 24.437 pymes en todo el país, dejando a 327.813 trabajadores sin cobertura dentro del sistema de riesgos del trabajo.
El estudio, presentado por el Departamento Legal de IPA (Industriales pymes argentinos), sostiene que el actual escenario económico no solo se caracteriza por la caída de la producción y el consumo, sino también por una creciente ruptura de la cadena de pagos que compromete la capacidad de las empresas para sostener su capital de trabajo.
"La crisis pyme ya llegó a la Justicia. Lo que antes se veía en la fábrica, en el comercio o en la cadena de pagos, hoy también aparece en los tribunales comerciales", afirmó Pizzano al presentar las conclusiones del relevamiento.
Uno de los indicadores que refleja el deterioro de la situación empresarial es el crecimiento de los concursos preventivos. De acuerdo con los datos recopilados por el IPA, durante 2023 se registraron 82 procesos concursales, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 190, lo que representa un incremento del 131,71%.
La tendencia no muestra señales de desaceleración. Durante el primer trimestre judicial de 2026 se iniciaron 92 nuevos concursos preventivos, una cifra que anticipa la posibilidad de que este año supere ampliamente los registros previos.
Para Pizzano, este fenómeno constituye una señal de alarma sobre el estado financiero de numerosas compañías. "El aumento de los concursos preventivos muestra que muchas empresas están entrando en una situación de impotencia patrimonial", sostuvo.
El informe advierte que detrás de cada proceso concursal existe una creciente dificultad para cumplir compromisos financieros y mantener la operatoria cotidiana, en un contexto de escasez de crédito y debilitamiento de la demanda interna.
Desde el Observatorio IPA remarcan que las consecuencias del cierre de una empresa exceden ampliamente las pérdidas contables o financieras.
El documento señala que cuando una firma cesa sus actividades se pierde capacidad productiva, inversiones realizadas, equipamiento, redes de proveedores y conocimiento acumulado durante años. Además, se generan efectos multiplicadores sobre el empleo y sobre las cadenas de valor vinculadas a cada actividad.
"La pérdida de una empresa no termina en un expediente. Cada cierre arrastra empleo directo e indirecto y rompe cadenas de valor", indicó Pizzano.
Según la entidad, el cierre de más de 24.000 pymes durante el período analizado representa un deterioro significativo del entramado productivo nacional, especialmente en sectores industriales y manufactureros donde la reconstrucción de capacidades suele demandar largos períodos.
Ley de emergencia productiva
Frente a este escenario, el Observatorio IPA propuso la sanción de una legislación de emergencia económica y productiva que permita contener el avance de las quiebras y preservar la actividad empresarial.
Entre las medidas sugeridas figuran la suspensión transitoria de ejecuciones judiciales, la ampliación de plazos concursales y la implementación de mecanismos preventivos que otorguen mayor margen de maniobra a las compañías con dificultades financieras.
La iniciativa también contempla herramientas destinadas a recomponer el capital de trabajo de las empresas afectadas por la caída de la actividad y las restricciones de financiamiento.
Desde la entidad aclararon que no se trata de impulsar una modificación permanente del régimen concursal, sino de establecer mecanismos excepcionales para afrontar una situación considerada extraordinaria.
"Se trata de una respuesta urgente y transitoria para que las empresas tengan tiempo de recuperarse y evitar que la crisis termine en quiebra", explicó Pizzano.
El informe concluye que cualquier estrategia destinada a evitar nuevos cierres requerirá, además de medidas legales, una recuperación del mercado interno y una mayor disponibilidad de crédito productivo.
En ese sentido, el Observatorio considera que el Congreso Nacional debe asumir un papel central en la búsqueda de soluciones que permitan preservar el empleo y sostener el capital productivo argentino.
"De la respuesta legislativa depende la supervivencia de miles de compañías argentinas", afirmó Pizzano, quien sostuvo que las empresas necesitan tiempo, financiamiento y un marco jurídico adecuado para recuperar su capacidad de producción y evitar que la actual crisis derive en una nueva ola de quiebras.