Argentina perdió en Reino Unido y podría enfrentar embargos por el Cupón PBI

Iba a suceder. Y sucedió. La Justicia de Reino Unido condenó al país a ejecutar sus potenciales bienes financieros y físicos depositados en ese Estado, como consecuencia del fallo negativo en los tribunales ingleses sobre el caso derivado de la denuncia de un puñado de fondos buitre, por la manipulación de los títulos Cupón PBI emitidos durante el canje de deuda de 2006 y que debían pagar dividendos cuando el país creciera más de 3,5% anual. Una causa heredada de 2013, año en que debía liquidarse el bono. El Ministerio de Economía, manejado entonces por el ahora gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que un año antes el producto había crecido 2,9%, con lo que no correspondía liquidar el Cupón.

Según la resolución, la Corte del Reino Unido (el máximo tribunal inglés) ordenó la ejecución por la sentencia de los bonos emitidos en euros. Ahora habrá que esperar hasta el 10 de julio para una presentación final por parte de Argentina, tiempo en el cual, si se detectaran bienes financieros de la Argentina, serían ejecutados para garantizar el pago de una sentencia negativa en unos 1.600 millones de euros. Dinero que el país no dispone. Lo que se supone es que, luego de la decisión final de la Corte del Reino Unido, se abrirá una ronda de negociaciones con los acreedores para encontrar una manera de liquidar el país, ya que no existen más instancias de apelaciones posibles. Luego, ese potencial arreglo debería pasar por el Congreso para convertirse en ley. Solo después podría ejecutarse el acuerdo con los demandantes londinenses.

La causa se basa en la suposición de que esa medición fue artificialmente manejada para no tener que pagar la deuda, y que en realidad el país había crecido lo suficiente como para tener que cumplir el compromiso. Por este movimiento hay dos causas: una en Londres, donde el país perdió en primera y segunda instancia, para luego ser rechazada en su tratamiento por la Corte Suprema del Reino Unido, quedando firme el fallo contrario al país de la Cámara de Apelaciones. Hay otra causa espejo en Nueva York, donde a la Argentina le fue mejor, curiosamente por la jueza del Segundo Distrito Sur, Loretta Preska, que determinó que el país tenía derecho a calcular su PBI como quisiera. Este caso, versión Estados Unidos, está ahora en tratamiento en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, a la espera de una sentencia de segunda instancia.

La Corte Suprema del Reino Unido (Supreme Court of the United Kingdom, SCUK) había decidido en octubre de 2024 que no tomaría el caso, con lo cual la sentencia de fondo quedó firme.

Argentina perdió el caso en primera y segunda instancia, en ambos casos con todos los votos de los jueces en contra, y acudió al máximo tribunal del Reino Unido como última alternativa jurídica para tratar de torcer la historia. No pudo ser. Quedaron firmes los fallos del juez Stephen Phillips y del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales a favor de los demandantes Palladian Partners y Norinver Capital. No prosperó aquí la estrategia argentina para que la SCUK tomara la causa, con el argumento de imitar la interpretación de los tribunales de Nueva York de Loretta Preska. Según la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, el país quedó liberado de pagar unos US$1.500 millones, al considerar la magistrada que las autoridades locales de aquel entonces, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Axel Kicillof, tenían el derecho de calcular la evolución del PBI según las estadísticas oficiales, y que un eventual cambio de metodología no implica delito financiero alguno.

El fallo de Preska fue en sentido contrario al de Londres, donde en abril de 2023 se le reconocieron los derechos de varios fondos tenedores de bonos argentinos Cupón PBI, por no haber recibido pagos correspondientes al ejercicio 2013. Ya en marzo de 2024, el mismo tribunal manejado por Phillips determinó que el país debía depositar en caución unos US$ 309 millones. La causa se encuentra ahora en segunda instancia, y ese dinero figura como garantía necesaria, justificada ante el peligro de que la Argentina no pague un fallo ya determinadamente negativo, y ante los muy malos antecedentes internacionales del país en su historia de juicios de este tipo. Phillips se mantuvo en el criterio jurisprudencial inglés, afirmando que Argentina efectivamente alteró el PBI de 2013, perjudicando a los ahorristas que habían confiado en el bono emitido por el país para salir del default de 2002 y durante el canje de deuda de 2006.

Según la decisión del juez Phillips del 8 de marzo de 2024, argumento que fue sostenido hasta la Cámara de Apelaciones, “las declaraciones posteriores al fallo (correspondiente a los cupones PBI en euros) de funcionarios argentinos reflejan la misma postura desafiante adoptada frente a los fallos a favor de los holdouts (tenedores de títulos de deuda soberana argentina) años atrás”. Y agregó: “Si bien es cierto que hay un nuevo gobierno desde diciembre, aún no ha demostrado que adoptará un enfoque diferente para honrar los fallos de cortes internacionales. En particular, la nueva administración no se ha distanciado públicamente de los comentarios realizados por los antiguos funcionarios. También es digno de destacar que la República no ha abonado ningún monto del fallo (YPF) del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ni ha cumplido con las condiciones para suspender la ejecución (embargos) pendiente de apelación en ese caso”.

La causa original fue iniciada en Nueva York por el fondo buitre Aurelius en enero de 2015 por la supuesta “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del Indec para el ejercicio 2013, lo que derivó en una causa espejo en Londres, a partir de una presentación del fondo cautivo de Aurelius, Novoriver, a la que luego se sumó Palladian con un grupo menor de tenedores de deuda argentina.

Según los demandantes, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año no superara el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del Cupón PBI. El Indec calculó para ese año un crecimiento del 2,9%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono, en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”.

Axel Kicillof era el ministro de Economía en ese entonces.

Para los fondos que se presentaron en los tribunales de los dos países, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que hubiera tenido que pagar el Cupón PBI. Estos argumentos fueron rechazados por Preska, pero tomados como válidos por Phillips; y a partir de hoy se sabrá qué considera la Cámara de Apelaciones de Londres. En paralelo, se sabe que Aurelius también apelará su fallo en contra en la Cámara de Nueva York.

En ambos tribunales, Argentina se defendió con los mismos argumentos, diseñados en los años de Mauricio Macri. Durante 2016, cuando para que no prosperara la causa se afirmó que la alteración del PBI de 2013 puede haber sido real, se aseguraba que era facultad de la gestión de Cristina Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar la medición necesaria para el pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el Indec, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Preska determinó que no hubo “mala fe” y directamente rechazó el reclamo, negando que haya habido manipulación del PBI ese año. Y que eventualmente es derecho de la Argentina manejar sus mediciones macroeconómicas.

Luego de la presentación de 2016, Preska había abierto el caso en febrero de 2019, a partir del reclamo original de Aurelius, al que luego se sumó Novoriver. Según recuerda el analista Sebastián Maril: “El 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor al 3,22% que gatillaba el pago de cupón PBI. Fue un anuncio sumamente ‘desprolijo’, que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores”.