Agua y recursos: los detalles de la autorización para San Jorge, la primera mina de la era del cobre en el país

El proyecto minero San Jorge, para extraer cobre de un yacimiento ubicado en Uspallata, avanza en su segundo intento; esta vez con un proyecto más ajustado que el original. Tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, la Legislatura debe darle tratamiento para cumplir con la ley 7722. Ese es justamente el filtro que no atravesó en 2011 el proyecto. Si se aprueba, la empresa tendrá un plazo de dos años para construir la mina y deberá ejecutar una larga lista de acciones ambientales, de infraestructura y productivas para poner en marcha lo que puede ser la primera mina de cobre del país.

Aunque por sus dimensiones es una mina chica, PSJ Cobre Mendocino, como fue rebautizado, tendrá ese hito y podría sonar a paradoja: en la provincia que era catalogada como la más antiminera, se dará inicio a la era del cobre en Argentina.

La DIA está avalada por las dos direcciones que tienen a su cargo el control ambiental de la actividad e incluye el plan a seguir por la empresa para construir, operar y cerrar la mina. La DIA no es un “cheque en blanco”, sino el aval para avanzar. La empresa debe ahora gestionar las autorizaciones específicas para el uso de los recursos y la construcción de la infraestructura necesaria. Lo más importante en ese sentido es el uso del agua. El Departamento General de Irrigación había establecido en su dictamen técnico que el agua es de uso público y por lo tanto San Jorge debía gestionar los permisos. Desde el DGI confirmaron a MDZ que así debe ser. “La Empresa debe tramitar ante las autoridades competentes todos los registros y permisos que le exijan los distintos organismos públicos con injerencia en la materia del proyecto, y aquellos inherentes al desarrollo del mismo”, ordena la autoridad minera.

La misma DIA establece un mecanismo participativo de control a través de la “Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto “PSJ Cobre Mendocino” (UGA-PSJ), integrada”. Ese organismo tendrá potestad como veedor y en la resolución se convoca a quienes quieran participar. En la Unidad de Control podrían estar todos los organismos públicos que formaron parte de la evaluación ambiental, organizaciones defensoras del ambiente, unidades académicas y ciudadanos “Créase la Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto “PSJ Cobre Mendocino” (UGA-PSJ), integrada por los organismos relacionados que deseen conformarla, invitándose expresamente a participar a los miembros de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), a organismos técnicos y sectoriales, instituciones públicas o privadas, así como a cualquier persona interesada en sumarse a las tareas de control y monitoreo”, dice la DIA. Esa unidad tendrá el rol de “órgano técnico-consultivo y de auditoría del procedimiento “PSJ Cobre Mendocino”.

Además, se le da potestad a la autoridad minera y a la policía minera para controlar, ingresar al proyecto y ejecutar medidas de prevención, incluida la suspensión de las actividades.

Regalías y recursos

La DIA le permite a la empresa tener una herramienta legal clave para avanzar en la ingeniería de detalle del proyecto y también en el hilado fino del plan económico financiero. La inversión prevista ronda los 600 millones de dólares, que es un monto relativamente bajo para la industria minera de gran escala, pero de alto impacto para Mendoza. Antes, claro, debe estar la ratificación legislativa que exige la ley.

En cuanto a los recursos, la empresa deberá pagar las regalías que indica la ley sobre los metales extraídos (es igual al 3% a valor boca de pozo). Pero además, se creó un aporte extra. Se trata del “Fondo de Desarrollo Socio Ambiental y Compensación Ambiental”, cuyos recursos serían administrados por un fideicomiso. Esos recursos tendrían dos destinatarios: la Municipalidad de Las Heras y la Provincia.

En la DIA no se establece de cuánto será ese aporte que deberá hacer la empresa. Esos fondos deberían ser destinados a “financiar proyectos y acciones de desarrollo social, productivo y territorial en el área de influencia del Proyecto “PSJ Cobre Mendocino”, además de servir como “compensación ambiental” por los impactos residuales significativos no mitigables que genere el proyecto.

Además, deberá constituirse el Fondo de Compensación Ambiental y un seguro que oficie de garantía.

La empresa tiene dos años para avanzar y cumplir las pautas de la DIA. Además, como establecen las normas, debe actualizarse cada dos años.

Cómo será el organismo de control de San Jorge