Advierten que los cambios en el INV ponen en riesgo la genuinidad y trazabilidad del vino

Los coletazos del último Decreto 462/2025 que, entre otras cosas, transformó las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura( INV), empiezan a sentirse en Mendoza. En la jornada del viernes, trabajadores del organismo que tiene su sede central en Mendoza decidieron romper con la orden de "silencio" que había bajado la Secretaría de Agricultura y alzaron la voz para advertir sobre dos graves consecuencias que podría tener la decisión de la administración de Javier Milei.

Una de las grandes preocupaciones pasa por la reestructuración que inevitablemente tendrá el organismo al quitarle su naturaleza de organismo autárquico y pasar a considerarlo una unidad dentro de la Secretaría de Agricultura. Otra cuestión son las limitaciones en sus funciones de fiscalización, que le quitarían trazabilidad y transparencia a la vitivinicultura argentina, dejando mayor margen para producir vino adulterado y nocivo para la salud.

Qué se modificó y cómo impacta en la industria

MDZ Online llegó al edificio ubicado en la esquina de avenida San Martín y Virgen del Carmen donde decenas de trabajadores del Instituto se reunieron para alertar de la situación. Allí dialogó con Mariano Lucero, administrativo contable; Marcelo González, inspector; y Gonzalo Pérez Catón, abogado, todos delegados gremiales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el INV.

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Decenas de trabajadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura se reunieron para alertar de su situación.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

-Empecemos por la parte legal, ¿qué cambió en la Ley General de Vinos?

-Gonzalo Pérez Catón (GPC): Fundamentalmente, lo que hizo es reafirmar este plan sistemático de desaparición de organismos del Estado que cumplen una función positiva. En el caso del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), así como el INTI, el INTA y tantos otros, el Estado elimina funciones que son positivas y proponen una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos argentinos.

La modificación que hizo este Decreto es reducir las capacidades, fundamentalmente de fiscalización, que históricamente tuvo el Instituto. Correlativamente esto implica una reducción y la posible pérdida de trabajo para muchas familias argentinas, porque el Instituto no solamente está en Mendoza, sino que tiene representatividad en todo el país, con lo cual también peligra el trabajo de muchas familias argentinas.

-En un comunicado que emitieron decían que la decisión del Gobierno se tomó en base a un análisis erróneo, ¿Qué no se consideró?

-GPC: En definitiva, quieren reducir a la mínima expresión la fiscalización. Y eso pone en riesgo la salud pública y a los consumidores. Eso es lo que estamos defendiendo, porque la función que cumplió históricamente el Instituto, que es reconocido a nivel internacional, es lo que está en peligro ahora.

-Mencionaban que están en riesgo puestos de trabajo, ¿cómo queda la estructura y qué esperan que pase?

-Mariano Lucero (ML): Hoy el organismo cuenta a nivel nacional con 432 personas distribuidas en 12 delegaciones de todo el país. En la sede central, cumplen funciones unas 250 personas. Si consideramos que en el año 2000 existían 1.300 empleados y hoy somos 432, vemos que somos eficientes respecto a las funciones y al personal.

-De esos 432 ¿cuántos empleados tienen funciones jerárquicas, un objetivo del Gobierno al hablar de ineficiencia de los organismos?

-ML: Son 12 cargos jerárquicos, sobre los cuales, el año pasado, se presentó ante la Secretaría de Transformación una propuesta de modificación para bajarlos a tres.

Ese expediente quedó archivado en la Secretaría de Transformación del Estado. Por lo cual, entendemos que no es solo una cuestión económica, sino que hay una intención de disminuir la fiscalización.

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Marcelo González (inspector), Mariano Lucero (administrativo contable) y Gonzalo Pérez Catón (abogado), representantes gremiales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el INV.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿En qué situación está hoy la fiscalización a la industria?

-Marcelo González (MG): El decreto genera mucha incertidumbre, porque da a entender que el INV deja de ser la autoridad de aplicación de dos leyes, la 14.878, que es la Ley General del Vino, y la 24.566, que es la Ley de Alcoholes, que hasta ahora controlábamos y fiscalizábamos.

El decreto produjo una anomalía sustancial cambiando artículos. De hecho, derogó un artículo muy importante, el artículo 30, por el que ejercemos el poder de “policía”. O sea, no podemos entrar más a una bodega, o por lo menos cuando la bodega lo decida.

-¿Hoy están cumpliendo con la tarea de fiscalización?

-MG: No, porque se modificó el artículo 14, que ahora dice que el Instituto va a controlar únicamente la elaboración final, es decir, la botella que está en la góndola.

Al no poder salir a las bodegas, porque nos derogaron el artículo 30 y porque nos dicen que tenemos que inspeccionar únicamente la botella, nos limitaron la relación que teníamos antes de inspección del viñedo, la cosecha, la toma del tenor azucarino, cuando se realiza una alcoholización de un vino o un ingreso de alcohol.

Ahora nos limitamos a controlar el vino que está en la botella, que eso puede generar cualquier cosa.

-¿Qué consecuencias puede tener esto?

-MG: El vino tiene que ser genuino y no tiene que causar ningún problema en la salud pública. Hoy no vamos a controlar la trazabilidad del vino, desde que ingresa la uva hasta que se produce en un tanque o una pileta. Eso no lo controlamos más.

Vamos a sacar una botella y el artículo 14 dice que vamos a controlar si se encuentra adulterado o, en todo caso, manipulado.

Eso los inspectores lo determinábamos en la bodega, ¿por qué? Porque hacíamos inventario, probábamos vino, sacábamos muestras, se lo damos al laboratorio donde hay gente idónea y reconocida mundialmente.

Ahora vamos a controlar alguna botella de vez en cuando, en algún supermercado o depósito. Si encontramos algo, podemos actuar, pero va a ser tarde.

-¿Por qué creen que algunos referentes de la industria tomaron esto como algo positivo?

-MG: Precisamente porque no los vamos a controlar. Pero en los últimos años, el INV dio muestras de apertura. De hecho, sacamos resoluciones dándole a la industria lo que pedía. Pidió alcohol cero, vino liviano, vino bajo grado y todo eso se aprobó. Pidieron que no controlemos más el dimetil dicarbonato, porque las máquinas que contratan andan perfectas, y sacamos ese control.

Las desregulaciones vienen existiendo, venimos haciendo aportes desde el Instituto para trabajar más libremente, pero tenemos que controlar.

-¿Puede haber alguna revisión de esto o creen que ya no hay vuelta atrás?

-MG: Estamos haciendo todo lo posible para que haya una vuelta atrás, que haya una revisión y que podamos controlar el vino en toda su trazabilidad. Necesitamos un presupuesto, necesitamos trabajar, necesitamos salir, que la gente nos cuide los autos. El INV es uno de los pocos organismos de la Argentina que tiene fiscalización completa, que hace la trazabilidad total desde que plantás un viñedo hasta que la persona abre la botella de vino y lo prueba.