Silencio y análisis en el INV a la espera de sus "nuevas" funciones

Las consecuencias del paso arrollador de la motosierra del Gobierno de Javier Milei por la vitivinicultura argentina con la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), entre otros organismos, son todavía inciertas. Como lo expresó el propio sector y como dieron a conocer fuentes de la institución, la mayor preocupación pasa hoy por cómo quedarán sus tareas de fiscalización de la actividad, una de sus principales funciones y razón de ser.

Si bien la nueva normativa que modifica a la Ley General de Vinos y Ley Nacional de Alcoholes mantiene la dependencia de la Secretaría de Agricultura de la Nación, establece principalmente el cambio de categoría para el INV, que pasó de ser un organismo descentralizado a una unidad organizativa. Está degradación trae aparejada cambios en su estructura, modificando las funciones del presidente, que al día de hoy es Carlos Tizio, con una marcada pérdida de autonomía.

Además, establece una dependencia económica del INV con la cartera de Economía, quitándole la posibilidad de administrar sus propios recursos. Pero a diferencia de otras instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que se han resistido con movilizaciones y reclamos por el Decreto 462/2025, la postura en el INV ha sido más dócil y han acatado la orden de la Secretaría de Agricultura de la Nación de no hacer declaraciones sobre el tema.

Qué pasará con la fiscalización del INV

Hasta el momento de la publicación del Decreto, el INV no solo se encargaba de la regulación de la actividad vitivinícola. Al menos desde un análisis preliminar de la normativa, el organismo seguirá siendo el responsable de la aplicación de tres leyes: Ley Nacional de Vinos 14.878, que determina tareas de control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola y la que más modificaciones sufrió con la nueva disposición; la Ley Nacional de Alcoholes 24.566, que determina el control de la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de los alcoholes etílico y metanol, también con algunos cambios; y la Ley Nacional 25.163, que establece las doramas para la designación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico en Argentina, la cual ha permanecido inalterable.

Desde su creación en la década del ‘50, su función principal es la de fiscalización vitivinícola y de alcoholes, garantizando la genuinidad y aptitud para su consumo. Con su cuerpo de inspectores controla toda las etapas del proceso vitivinícola, pero también realiza investigaciones aplicadas, analiza y evalúa innovaciones tecnológicas y métodos de análisis para optimizar la fiscalización, conforma banco de datos, estudia perfiles de composición de los jugos de uva y vinos y realiza ensayos y estudios para la incorporación de nuevas prácticas enológicas, productos, envases e insumos.

Cómo pudo saber MDZ Online, especialistas jurídicos y las encargados de fiscalización de la institución están todavía analizando los cambios, para determinar cómo será a partir de ahora su funcionamiento.

La estructura del INV

Si vamos a los datos oficiales, la estructura del INV no es de las más numerosas dentro de la dotación del personal de la administración pública. De acuerdo al último relevamiento publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) correspondiente al mes de mayo, el organismo cuenta con 446 empleados, los cuales 437 cuentan con convenio colectivo de trabajo, mientras que tres están fuera de convenio y seis tienen otra situación. Esta cifra es un 0,9% menor respecto a los trabajadores que había registrado en abril.

Pero, como mencionamos, otro de los puntos centrales de esta desregulación es la pérdida de su “caja” propia. Con su nuevo rango dependerá de la partida asignada a la Secretaría de Agricultura, que a su vez está bajo la órbita del Ministerio de Economía.

De acuerdo a los datos oficiales, al menos durante este 2025, el INV cuenta con un presupuesto de $14.483.376.120 para cumplir con sus tareas, los cuales provienen en parte del Tesoro Nacional y, en parte, por recursos propios. Dentro de esta cifra, los gastos en el personal es lo que mayor parte se lleva, con alrededor de $12.000 millones.

Con su sede central en la Ciudad de Mendoza (ubicada sobre la Avenida San Martín al 430), cuenta con 17 dependencias que se distribuyen en las principales zonas productivas y de consumo del país, de las cuales 13 cuentan con laboratorios propios. Además, en la provincia cuenta con siete receptorías ubicadas en las municipalidades de departamentos con producción vitivinícola.