Pidieron la imputación por estafa de Guillermo García, el exsocio de Fecovita

La guerra del vino que tiene como protagonistas a Fecovita e Iberte tiene un nuevo capítulo. Más bien podríamos decir una precuela o un spin off, donde se repiten algunos personajes. Es que la Fiscalía de San Martín-La Colonia ha pedido la imputación de Guillermo García, expresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y actual socio de Iberte junto a Juan José Retamero, por los delitos de estafa procesal y defraudación en probable perjuicio de Bodega Galán.

Esta vez, la Unidad Fiscal de San Martín-La Colonia, por medio del Fiscal Gustavo Jadur, investiga en cuatro expedientes penales el accionar del exfuncionario nacional donde se ha recolectado prueba suficiente para ordenar la imputación por los presuntos delitos de estafa procesal y querer cobrar dos veces una misma deuda comercial.

Poniendo en autos, el caso no está directamente relacionado con la causa que mantiene Iberte con la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), más allá de que Galán es una de las bodegas que la integra, sino que esta causa corresponde a un acuerdo comercial que la firma de García y Retamero habían firmado con el establecimiento esteño casi en simultáneo que iniciaba sus negocios con la Federación, con varias coincidencias en sus formas. 

En concreto, en el año 2019, Antonio González SA, conocida como Bodega Galán, de San Martín, había suscrito siete contratos de compra y venta de vinos con Iberte SRO. En los mismos, la empresa con sede en Eslovaquia se comprometía a adquirir y la mendocina a vender cinco millones de litros de vino tinto provenientes de la cosecha 2019. 

Como lo expone el expediente judicial, las empresas pactaron como garantía de cumplimiento la firma de once pagarés librados a favor de Guillermo Daniel García, de forma personal, los cuales podían ser ejecutados en caso de incumplimientos. De lo contrario tales documentos serían devueltos o destruidos a medida que se cumpliera con las obligaciones. 

En la versión de la querella, los tres primeros contratos se cumplieron íntegramente. Sin embargo, García no destruyó ni devolvió los pagarés que garantizaban esos acuerdos y además inició acciones legales para cobrarlos. Estas demandas las realizó a título personal y no a nombre de Iberte, con un reclamo de sumas millonarias. Justamente esto es lo que denuncian los defensores de Galán, que García pretende cobrar dos veces lo mismo. 

Asimismo, la Fiscalía de San Martín también así lo entiende, por lo que decidió ordenar la imputación contra el expresidente del INV por los delitos de defraudación y la retención indebida de los pagarés. De esta manera, García podría haber engañado al juez para cobrar dos veces el mismo contrato, lo que se conoce como estafa procesal. 

Versiones cruzados

Consultado por MDZ Online, Agustín Patti, representante legal de Galán, en primera instancia explicó: “El Sr. García aún no está imputado, sino que está intentando resistirse a las cuatro órdenes de imputación que ha decidido la Fiscalía de San Martín por cuatro causas penales, con una presentación escrita que ya hemos impugnado por ser improcedente”. 

El penalista hizo foco en que el acusado tendría información privilegiada, lo que le permitiría adelantarse a los movimientos de la Justicia. “Lo curioso de todo esto es que estos escritos han aparecido antes de que la Fiscalía lo notificara de la resolución, lo que claramente indica un acceso privilegiado a la información (…) Nosotros esperamos que dejen trabajar a la Justicia sin trabas y que respeten la investigación, a la cual claramente no se quieren someter”, afirmó Patti.

Asimismo, el letrado mencionó que la disputa legal entre Galán e Iberte -o García específicamente- es de larga data y que ya cuenta con un triunfo en lo Penal para la empresa sanmartiniana. “La firma Galán tuvo que tolerar denuncias falsas, donde la mentira quedó demostrada en tribunales mediante sentencias de sobreseimiento, pero siempre nos sometimos al proceso y se respetó a la autoridad fiscal y a la Justicia mendocina, sin chicanas ni operetas como acostumbran ejercer estos sujetos”, sostuvo el defensor. 

Por el otro lado, Carlos Aguinaga, representante legal de Guillermo García, aseguró en diálogo con este medio que se trata de una “falsa denuncia” y que “lo que busca Galán es evitar pagar una deuda que tienen con Iberte, que fue expresamente reconocida por su parte”. En este sentido, aseguró que la bodega esteña no habría presentado toda la documentación a la Fiscalía.

“Le hemos presentado a la Fiscalía toda la documentación que acredita que existe una deuda y que está reconocida por la propia Galán. Con eso entendemos que la Fiscalía va a tener elementos más que suficientes para acudir a la causa y exponer el sobreseimiento de García. Ellos en sus balances determinan la deuda y la evalúan solo en 400.000 euros. Pero le mienten a la Fiscalía, que actúa a razón del engaño inicial al que ha sido sometido”, planteó Aguinaga.