Causa YPF: la limitación del acceso a la información pública, en versión Burford
Involuntariamente, la decisión con tintes autoritarios y antidemocráticos de limitar o “reglamentar” según la definición del jefe de Gabinete Guillermo Francos, el acceso a la información de actos públicos por parte de la prensa y organizaciones intermedias tendría un costado positivo involuntario, y con un notable cross over con el juicio que se le sigue al país en los Estados Unidos por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reestatizó YPF en el 2012.
Justo en tiempos en los que se establecían las limitaciones, las que probablemente serán declaradas inconstitucionales, la jueza Loretta Preska determinaba el listado de actuales y exfuncionarios públicos que deberían abrir su documentación pasada y actual, sobre los movimientos de gobierno.
El objetivo de la magistrada que dirige el Segundo Distrito Sur de Nueva York es conseguir información para establecer conexiones entre el Poder Ejecutivo y un puñado de ministerios y secretarías del Estado Nacional, para determinar vínculos de acción entre decisiones de las dependencias públicas y algunos organismos como la petrolera estatal YPF, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Banco Nación Argentino (BNA) y Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA).
Estas cuatro reparticiones están en la mira de Preska para saber si pueden enmarcarse dentro de la doctrina de “Alter Ego” para ser consideradas agencias de acción del Poder Ejecutivo y, en consecuencias, ser solidarias en lo penal y comercial con la Nación. Si así se estableciera, podrían ser pasibles de embargos para tomar garantías reclamadas por el vencedor del caso, el fondo de inversión Burford Capital, que ya tiene un temible fallo a favor por unos U$S 16.000 millones. Más intereses.
Preska dictaminó este jueves que el país debería entregarle información precisa de las acciones realizadas durante su gestión pública por personajes tan diferentes como el actual ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, el asesor presidencial Santiago Caputo, el exministro de Economía Sergio Massa, el exsecretario de Industria José Ignacio de Mendiguren, el extitular de la Aduana Guillermo Michel y el anterior viceministro de Economía Gabriel Rubinstein.
En teoría, y cuando Preska envíe el pedido vía la embajada argentina en Washington, la Cancillería argentina debería pedirle a la Procuración del Tesoro de la Nación que se le abran los emails de uso público a todos estos funcionarios, para que luego sean enviados al juzgado de Nueva York y así poder determinar si hay vinculación en las políticas públicas habituales que hicieron o efectúan actualmente estos funcionarios y las decisiones del BCRA, BNA, Enarsa y la propia YPF y entre las dependencias y el Estado Nacional.
Si se encontraran estas vinculaciones a partir de los mensajes vía email de estos actuales y exfuncionarios, Preska podría determinar eventuales embargos.
Ante esto, las restricciones impuestas por decreto por parte del Presidente, que limitan el acceso a la información pública podrían retrasar el pedido y, eventualmente, obligar a Burford a reclamar por la inconstitucionalidad del decreto publicado la semana que terminó.
Curiosa manera tendría entonces la justicia argentina de desmantelar el bloqueo al acceso a la información pública. Tener que resolver el reclamo a favor de un demandante en los tribunales internacionales que le reclama al país garantías de cobro en una primera instancia ganada por unos U$S 16.000 millones, para poder así avanzar en embargos de activos físicos y financieros de YPF, BCRA, BNA y Enarsa.
Negociación en puerta
Mientras tanto, se sabe que Burford Capital quiere negociar. Lo más rápido posible. Puede ser ahora para cerrar un acuerdo con la Argentina. Incluso, asegura, perdiendo dinero y sin cobrar la totalidad de los U$S 16.000 millones que Preska calculó que el país le debe al fondo de origen inglés. Burford le envió señales al gobierno de Javier Milei que aceptaría un título público a pagar en un plazo largo, con algún período de gracia, y por un monto eventualmente inferior a ese dinero que la jueza falló que le corresponde.
Por otro lado, y si se abren las negociaciones con el país, Burford Capital está dispuesto a suspender las acciones judiciales hoy en segunda instancia de la justicia de los Estados Unidos, pedirle a Preska que nombre un intermediador oficial y sentarse a discutir las condiciones de un acuerdo con la Argentina.
Afirman cerca de Burford que, de esta manera, el país se ahorraría muchos millones de dólares (quizá miles) y que al final de la historia que parece marcada, no habrá que cumplir con el compromiso de una liquidación de aproximadamente U$S 18.500 millones, contabilizando el capital inicial de la demanda desfavorable para la Argentina y los intereses, punitorios, gastos y multas por haber extendido el juicio en la justicia norteamericana.
El motivo por el cual aún no está en la agenda del gobierno negociar con Burford Capital, es que a la Argentina aún le quedan instancias judiciales para recurrir. Incluso sabiendo que las posibilidades de victoria son casi nulas.
La causa por la manera en que se renacionalizó YPF durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía, está hoy en debate en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde se espera que haya sentencia final recién en el primer semestre del 2025.
Si Argentina obtuviera, como se espera, un fallo desfavorable en esta instancia podría aún recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, un ámbito donde en general no se modifican fallos unánimes de primer juzgado y cortes de apelaciones. Lo saben los abogados que asesoran al país. Pero saben que la estrategia les hace ganar tiempo, y pensar en una resolución del caso recién para fines del año próximo o, incluso, para el 2026.
Hay dos motivos también para especular en la Casa Rosada con no negociar con Burford Capital. Las normas de buenas costumbres internas le exigen a cualquier funcionario público argentino, agotar todas las instancias judiciales sin acelerar los tiempos.
La máxima en este sentido es que siempre que haya alguna posibilidad de éxito, aunque sea de mínima alternativa, debe ser aprovechada. De otra manera, el funcionario que no ejecute esta instancia, pude recibir demandas por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Así, para cumplir con los procedimientos de usos y costumbres del sector público en estas lides judiciales nacionales o internacionales, debe agotar la Argentina las instancias judiciales que le otorga al acusado el sistema republicano norteamericano. Esto es, recurrir a la Corte Suprema y esperar una resolución, sabiendo que seguramente será negativa.
Hay otra razón para extender el plazo de resolución. Y es política. El tiempo entre el fallo de la Cámara de Apelaciones, seguramente negativo, y la alternativa de recurrir a la Corte Suprema, se dará seguramente entre marzo y septiembre del próximo año. Precisamente los días y meses en que Argentina entrará en campaña electoral de medio término, donde Javier Milei se jugará su destino político y económico. Y donde seguramente Axel Kicillof será un contendiente fundamental desde la oposición.
Un fallo negativo para el país que haya generado una deuda de más de 16.000 millones de dólares, con la responsabilidad directa del gobernador de la provincia de Buenos Aires e, indirectamente, Cristina Fernández de Kirchner, será para el oficialismo un bocado apetecible en medio de una campaña. Con más razón entonces la idea de postergar cualquier acuerdo posible para este año es buena. Aún a instancias de perder dinero.