Fin de la lucha antigranizo: la postura de los productores, los afectados por la decisión

La lucha antigranizo con aviones que disparaban bengalas de yoduro de plata a los núcleos de la tormenta para disolver las piedras llegó a su fin. Se trata de un sistema que pusieron en duda diversos gobiernos, pero que ahora se termina en medio de la ola desregularizadora o del Estado menos presente.

El Ministerio de Producción de Mendoza confirmó que dejará de aportar a este sistema y que, en cambio, destinará sus fondos a otras herramientas como subsidio de tasas para malla antigranizo, seguro agrícola y otras. Según la comunicación del Gobierno, el Estado provincial debería destinar para esta temporada 2024/25 unos $17.000 millones para la lucha activa contra la amenaza de granizo.

El sistema estaba a cargo de la empresa estatal AEMSA, que cuenta con una estructura operativa de 4 aviones, 27 pilotos y 12 mecánicos. La información oficial agregó que se utilizan por temporada cerca de 10.000 cartuchos y 10.000 bengalas, además de la existencia de 4 radares meteorológicos, 12 generadores de superficie y 30 estaciones meteorológicas.

Para la operación del sistema, hay 38 personas que trabajan. En este contexto, la efectividad fue puesta en duda tanto por productores como por políticos que cuestionaron el presupuesto, aunque con puntos de vistas diferentes. De hecho, la temática fue una propuesta de campaña planteada por el excandidato a la Gobernación y actual ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, que se debatió intensamente el año pasado.

El anuncio actual viene luego de que el ministro de Economía de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, anunciara un acuerdo con el Banco de la Nación Argentina (BNA) para otorgar créditos a tasa subsidiada durante los primeros tres años. Dicho financiamiento podrá destinarse a la colocación de malla, así como a otros recursos estratégicos destinados a la mayor eficiencia hídrica o eléctrica.

Además, el funcionario adelantó gestiones con las autoridades del Banco Ciudad, con un cupo propuesto de $10.000 millones. El objetivo, aseguraron, es invitar a los bancos privados a participar de la plaza para poder inyectar financiamiento para el sector productivo por unos $40.000 millones, con tasas bonificadas por el gobierno provincial.

Con relación a si se gastó mal el dinero o no, Diego Stortini, productor vitivinícola y vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), celebró la revisión de políticas, al tiempo que agregó que la lucha fue una decisión de gasto para mitigar el riesgo climático de productores e industriales tanto pequeños como grandes.

“Aunque científicamente el sistema funciona, en la práctica ha mostrado deficiencias, ya que en los últimos años hemos tenido grandes pérdidas por granizo”, agregó Stortini. Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), habló sobre la importancia de la revisión de lo que no funciona, pero no con la destrucción total y agregó: “En función de los costos actuales, no vemos un ahorro de dinero concreto”.

Entre las propuestas del Gobierno para suplir la lucha antigranizo, no solo están los créditos para malla, sino también la instrumentación de un seguro en el marco de la Ley de Emergencia 9083. Aquí, se destacan subsidios para tarifa eléctrica, así como eximición o postergación de diversas obligaciones para productores que denuncien daños por heladas o por granizo. Mientras la colocación de banda tiene mayor aceptación por parte de los productores, la del seguro genera más dudas que certezas.

Qué pasa con la malla antigranizo

Diversos referentes del sector explicaron que la malla es efectiva para viñedos y frutales, pero no para las hortalizas. Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural en el Valle de Uco y Sebastián Lafalla, productor, agroexportador y miembro de la mesa directiva de la Federación Económica de Mendoza (FEM), explicaron que el tomate, el zapallo, el ajo y el resto de las verduras es imposible cubrirlos con tela. “Para los nogales tampoco sirve debido a que son árboles muy grandes y la estructura para la malla es tan costosa que no vale la pena la inversión”, agregó Lafalla.

Leiva, Stortini y Ruggeri explicaron que en el Valle de Uco la lucha no existe, debido a la peligrosidad que implica para los aviones y sus pilotos disparar bengalas en esas zonas. “Hubo un accidente hace años y, desde entonces, aquí no hay cobertura”, recordó Leiva.

Stortini agregó que el Valle de Uco exporta el 21% de los productos agroindustriales de la provincia, lo que plantea cuestiones sobre la justicia y equidad del sistema. En este contexto, Leiva anticipó que los productores de la Sociedad Rural evalúan un nuevo sistema que funciona con una suerte de dron más grande que se puede meter en medio de los núcleos de tormenta para lograr una mayor efectividad contra la piedra.

“En unas semanas nos harán una demostración y la idea es ver si entre todos los productores podemos pagarlo”, anticipó Leiva, quien agregó que la zona Sur del Valle de Uco es la más castigada con las piedras y donde más se necesitaría este tipo de herramienta. Con relación a esto, el dirigente de Acovi comentó que muchos de sus asociados y de conocidos del sur de Mendoza (San Rafael y Alvear), manifestaron preocupación por la caída de la lucha antigranizo. El tamaño de la piedra en esa zona no solo hace temer a los productores, sino también a comerciantes y ciudadanos en general.

Con relación a la malla, Ruggeri explicó que en la actualidad hay que pensar en $6,5 millones para cubrir una hectárea de viñedos y $4 millones para los espalderos. “Sin el Valle de Uco, en Mendoza quedan120.000 hectáreas cultivadas de viñedos, hay que pensar en una erogación de 65.000 millones para hacer 10.000 hectáreas por lo que no está claro que vaya a salir más barata la tela que la lucha”, calculó el presidente de Acovi. Agregó que se necesitarían 6,5 veces el valor de la lucha antigranizo de un año para hacer solo 10.000 ha. 

En este marco, Sebastián Lafalla dio la bienvenida a los créditos anunciados, pero desconfió de la medida, porque no saben qué hará el Gobierno con los programas que deshace. Coincidió con la importancia de ser más eficientes, pero recordó que en todos los países agroindustriales existe una participación del Estado para favorecer el desarrollo. “Hay que desarmar el Estado sobredimensionado en asesores, choferes, etc., pero no en instituciones que sirven”, apuntó Lafalla, quien recordó que la Provincia se contradice al ser parte de Impulsa Mendoza y de Emesa con un fuerte tono intervencionista en dichas áreas.

El problema del seguro

Alejandro Vigil, enólogo y empresario vitivinícola, apoyó la medida de quitar la lucha antigranizo y coincidió en que la malla es el sistema más efectivo. “Estoy de acuerdo, tenemos que trabajar sobre la tela antigranizo con subsidios si es necesario, pero ampliar esa cobertura”.

Con relación al seguro agrícola, presentó algunas dudas sobre el funcionamiento en la vitivinicultura, aunque podría servir para otras actividades como la olivicultura. “Hay que buscar todas las posibilidades que ayuden al productor a salir de un momento como éste”, dijo Vigil. Es que además de la malla, el Gobierno anunció que se instrumentará un seguro de daños por granizo y heladas de hasta $250.000 por hectárea cuando el daño supera el 100% (productores menores de 20 ha). El productor abona una prima de $12.500 por ha. La adhesión al seguro, es de 2.000 productores, en su gran mayoría menores de 10 hectáreas.   

Para Mario Leiva, un seguro tiene que ser regional, ya que de lo contrario ninguna empresa tiene la espalda para cubrir el daño meteorológico, solo de Mendoza. Sobre este punto, Lafalla sumó que el seguro voluntario no sirve y que debería ser obligatorio debido a que solo lo pagan quienes no tienen malla y suelen ser los más chicos. “Cuando el desastre ocurre la prima no alcanza a cubrir ni el 10% de lo perdido”, comentó Lafalla.

Al respecto, hay diversas posturas, por lo que la implementación del seguro no parece tan sencilla. Además de la traba comentada por Lafalla, está la de los costos. Según explicó Ruggeri, en la actualidad los costos operativos por hectárea están en unos 3 millones de pesos.

“¿De cuánto tiene que ser el seguro para cubrir ese valor?”, se preguntó el especialista. El presidente de Acovi sumó que si bien no se plantea como obligatorio, dadas las condiciones de la Ley de Emergencia, no quedan muchas opciones que acogerse. Esto es porque el combo del seguro viene de la mano de las facilidades y eximiciones en caso de daño climático. “Si no ingresás, no vas s tener subsidios para riego y demás, por lo que no es obligatorio, pero sí”, cerró Ruggeri. Desde esta entidad se hace foco en la importancia de rever las situaciones para mejorarlas, en lugar de dar por tierra con lo construido con trabajo, inversión y con resultados que funcionan y son perfectibles.