IDC e IDR: cuál es el reclamo de los empresarios ante el cierre de los institutos
A partir del 1 de julio, el Gobierno de Mendoza cortará del presupuesto unos cuantos millones de pesos que demandaba el funcionamiento de dos organismos que trabajan para aportar datos a los sectores productivos. Se trata del Instituto de Desarrollo Comercial (IDC) y del Instituto de Desarrollo Rural (IDR).
Estos dos organismos, sumado al Instituto de Desarrollo Tecnológico (IDITS), que por el momento no se tocará, implica para la provincia una erogación anual en subsidios de $1.700 millones. La noticia del cierre de estos organismos, que están bien catalogados debido a la información de calidad que producían, tuvo diversos impactos entre el sector empresarial.
Hay que tener en cuenta que los dos institutos que se quedarán sin financiamiento fueron creados como una colaboración público-privada (ProMendoza y el IDITS funcionan de una manera similar). No obstante, en los últimos años el único aportante era el Estado.
En un marco de ajuste general y de cambio ideológico con relación a la economía, la provincia no se quedó atrás y se sumó a la ola desreguladora. De hecho, desde el Ministerio de Producción justificaron la medida con la restricción presupuestaria, la necesidad de eficiencia en los recursos públicos que se originan por el pago de impuestos a los contribuyentes.
En este marco, más allá de la incertidumbre de las personas que trabajan en esos sitios y que temen por sus fuentes de trabajo, desde el sector empresarial local lo primero que hicieron fue destacar el trabajo realizado por tanto por el IDC como por el IDR.
Por otra parte, la mayoría coincidió en la importancia de ser eficientes con los recursos estatales por lo que en este punto hubo apoyo a la medida del ministerio. En especial, porque dado que el Estado era el principal aportante, en algunos casos los objetivos se politizaron y en otros se desdibujaron.
Sin embargo, muchos observaron que no hay necesidad de un cierre total o repentino como se anunció. Esto porque no tiene sentido desperdiciar los buenos trabajos realizados y porque podría haberse pensado en una restructuración. Es que desde algunos sectores se habían hecho reclamos para que estos organismos mejoraran, pero la mayoría se sorprendió con la decisión del cierre y a muchos les molestaron las formas.
Las posturas
Diego Stortini, representante la Federación Económica de Mendoza (FEM) y la Cámara de Comercio de Tunuyán, reconoció el valor agregado de los institutos, así como de los profesionales que lo forman. “Se han producido investigaciones, censos y estadísticas beneficiosas para la economía provincial, aunque la transferencia de este valor a la sociedad mendocina no ha sido del todo eficiente”, observó el empresario.
Es que muchos de los trabajos realizados y -tal vez por la misma dinámica de los organismos- o no vieron la luz o no tenían objetivos concretos. En este marco, Stortini comentó que coinciden con que los recursos del gobierno provincial deben gestionarse con eficiencia y profesionalismo.
“Tenemos que ser coherentes, ya que hace tiempo que reclamamos una mejor administración en líneas generales”, destacó el dirigente. Sin embargo, entre los pedidos realizados subrayó la importancia de realizar una transición adecuada que resguarde el contenido de lo desarrollado a lo largo de los años.
En una línea similar, Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), dijo que la entidad no está a favor de la destrucción total. “Es el Gobierno el que debe evaluar los objetivos que se cumplieron o que no, pero creemos que hay que apuntar a construir, cambiar o mejorar lo que está mal en lugar de dar por tierra con lo bueno que hay”, expresó Ruggeri.
En coincidencia, Mario Bustos Carra, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, advirtió que durante la semana se reunirían con el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, para interiorizarse sobre los detalles de la medida. En este marco, destacó el aporte realizado por el IDR a las distintas actividades productivas de la provincia.
Por su parte, Raúl Giordano, presidente de la Cámara de Fruta Industrializada de Mendoza (Cafim), expresó que la decisión está tomada y que la postura de la entidad es pensar en el día después. También valoró la tarea de los organismos, pero subrayó que es importante la reingeniería en líneas generales.
“El Gobierno es el que hace el aporte y tiene derecho a evaluar su utilidad en función de los costos”, destacó Giordano. Agregó que hay que empezar a trabajar en proyectos concretos, financiación y equipos técnicos de cara a una mayor agilidad. “También es cierto que parte del sector privado nos dejamos de involucrar en la defensa del cumplimiento de objetivos de los institutos, por lo que nos enfocamos en lo que viene luego de la decisión tomada”, cerró el referente agroindustrial.