"No hay plata": el argumento de Argentina en la causa Cupón PBI de Londres

"No hay plata". Este fue el argumento central que los abogados que representan a la Argentina le plantearon al Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales. El país no tiene el dinero para pagar los U$S 1.300 millones más intereses, más allá de lo que haya fallado el juez de primera instancia Stephen Phillips, en el caso por la supuesta manipulación de títulos públicos en el 2013 y el no pago del Cupón PBI correspondiente a ese año. La causa comenzó el martes su segunda etapa con la presentación de los argumentos del país a la cámara de apelaciones radicada el Londres, que debe resolver si toma o no la causa donde Argentina ya fue condenada por Phillips a pagarle a los fondos Palladian Partners y Norinver Capital, entre otros; que denunciaron a la Argentina por haber abonado intereses correspondientes por el mecanismo de los títulos Cupón PBI emitidos durante el canje de deuda de 2006 y que debían pagar dividendos cuando el país creciera más de 3,5% anual. Hoy será el turno de los dos fondos, que reclamarán, obviamente, que el país le pague lo antes posible el dinero que según el magistrado de primera instancia se le deben. 

El argumento general de los abogados que representan al país se basa en la jurisprudencia inglesa sobre la imposibilidad de concreción de fallos en contra, al justificarse en que Argentina no tiene el dinero disponible para poder liquidar esta deuda. Concretamente, se mencionó en los escritos que "Nos va costar cumplir con ciertos compromisos de la deuda soberana el año que viene si el fallo [por los Cupón PBI] no es anulado", según informó el especialista Sebastián Marril.

El segundo argumento presentado tiene más peso. Se mencionó que la causa espejo de Nueva York tiene un fallo a favor de la Argentina y en contra de los fondos demandantes, donde hace 15 días la jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan Loretta Preska le dio la razón al país, en la causa espejo que se desarrolla en los Estados Unidos por la misma acusación. Según Preska las autoridades locales de aquel entonces, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Axel Kicillof, tenían el derecho de calcular la evolución del PBI según las estadísticas oficiales, y que un eventual cambio de metodología no implica delito financiero alguno. 

El fallo de Preska fue en sentido contrario del de Londres, donde en abril del 2023 se le reconocieron los derechos de varios fondos tenedores de bonos argentinos Cupón PBI, por no haber recibido pagos correspondientes al ejercicio 2013. Ya en marzo de 2024, el mismo tribunal manejado por Phillips, determinó que el país debía depositar en caución unos U$S 309 millones. La causa londinense se encuentra ahora en segunda instancia, y ese dinero figura como garantía necesaria justificada ante el peligro que la Argentina no pague un fallo ya determinadamente negativo, y ante los muy malos antecedentes internacionales del país en su historia de juicios de este tipo. Phillips se mantuvo en el criterio jurisprudencial inglés, afirmando Argentina efectivamente alteró el PBI del 2013, perjudicando a los ahorristas que habían confiado en el bono emitido por el país para salir del default del 2002, y durante el canje de deuda del 2006.

El proceso que se inició ayer podría tener una resolución de segunda instancia antes de fin de año, cuando la Cámara de Apelaciones determine si mantiene el fallo de Phillips o escucha los argumentos de Preska y modifica la resolución del juez; algo muy difícil, pero, eventualmente, no imposible. 

Según la decisión del juez Phillips del 8 de marzo, “las declaraciones posteriores al fallo (correspondiente a los cupones PBI en euros) de funcionarios argentinos reflejan la misma postura desafiante adoptada frente a los fallos a favor de los holdouts (tenedores de títulos de deuda soberana argentina) años atrás”. Y agregó: “Si bien es cierto que hay un nuevo gobierno desde diciembre, aún no ha demostrado que adoptará un enfoque diferente para honrar los fallos de cortes internacionales. En particular, la nueva administración no se ha distanciado públicamente de los comentarios realizados por los antiguos funcionarios. También es digno de destacar que la República no ha abonado ningún monto del fallo [YPF] del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ni ha cumplido con las condiciones para suspender la ejecución (embargos) pendiente de apelación en ese caso”.
La causa original fue iniciada en Nueva York por el fondo buitre Aurelius en enero de 2015 por la supuesta “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del Indec para el ejercicio 2013; lo que derivó en una causa espejo en Londres, a partir de una presentación del fondo cautivo de Aurelius Novoriver a la que luego se sumó Palladian con un grupo menor de tenedores de deuda argentina. 

Para los demandantes el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año no superara el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del Cupón PBI. El Indec calculó para ese año un crecimiento del 2,9%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono, en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”.

Dicen los fondos que se presentaron en los tribunales de los dos países, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que hubiera tenido que pagar el Cupón PBI.  Estos argumentos fueron rechazados por Preska, pero tomados como válidos por Phillips; y a partir de hoy se sabrá qué considera la Cámara de Apelaciones de Londres. En paralelo, se sabe que Aurelius también apalerá su fallo en contra en la Cámara de Nueva Lork. 

En ambos tribunales Argentina se defendió con los mismos argumentos, diseñados en los años de Mauricio Macri. Durante el 2016,  cuando para que no prosperara la causa, se afirmó que la alteración del PBI de 2013 puede haber sido real, pero se aseguraba que era facultad de la gestión de Cristina de Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar la medición necesaria para el pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el Indec, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.