Causa Cupón PBI: en Londres no creen que Argentina pague y por eso la castigan

Llegan malas noticias desde Londres. El Tribunal de Apelación del Reino Unido, donde Argentina perdió el juicio por la manipulación en 2014 de bonos indexados por variación del PBI, con vencimiento en 2013 (caso Cupón PBI), anunció que el país deberá depositar unos 309 millones de euros antes del 5 de abril. La decisión es justificada ante el peligro, según el juez, que la Argentina no pague, ante los muy malos antecedentes internacionales del país en su historia de juicios de este tipo.

Según el escrito presentado por el juez Phillips, aunque hay un nuevo gobierno con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, los riesgos que el país no pague siguen siendo altos, con lo que, en consecuencia, obligará al país a depositar en una cuenta judicial ese dinero, hasta que se resuelva la causa de fondo.

Por este tema Argentina ya tiene fallo negativo en primera y segunda instancia, tanto el Londres como en el juzgado del Segundo Distrito Sur de Nueva York que maneja Loretta Preska. Allí el país también perdió el juicio por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reestatizó YPF en 2012.

Según la decisión del juez Phillips, "las declaraciones posteriores al fallo (correspondiente a los Cupón PBI en Euros) de funcionarios argentinos reflejan la misma postura desafiante adoptada frente a los fallos a favor de los holdouts (tenedores de títulos de deuda soberana argentina) años atrás".

Y agregó: "Si bien es cierto que hay un nuevo Gobierno desde diciembre, aún no ha demostrado que adoptará un enfoque diferente para honrar los fallos de cortes internacionales. En particular, la nueva administración no se ha distanciado públicamente de los comentarios realizados por los antiguos funcionarios. También es digno de destacar que la República no ha abonado ningún monto del fallo [YPF] del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ni ha cumplido con las condiciones para suspender la ejecución (embargos) pendiente de apelación en ese caso”.

Los antecedentes

La causa fue iniciada en Nueva York por el fondo buitre Aurelius por la supuesta “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del Indec para el ejercicio 2013, y derivó en una causa espejo en Londres a partir de una presentación del fondo cautivo de Aurelius Novoriver.  

De acuerdo con lo explicado por el analista de FinGuru, Sebastián Maril, “según el demandante, el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor al 3,25% que gatillaba el pago de Cupón del PBI. Fue un anuncio sumamente ‘desprolijo’, que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores”.

La jueza Preska, la primera que falló en contra, determinó que en la última parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la intervención del Indec de Guillermo Moreno, hubo alteraciones en el cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para que el país se ahorre de liquidar unos US$ 3.000 millones en 2014.

Según la demanda de Aurelius, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año no supere el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del Cupón PBI. El Indec calculó para ese año un crecimiento del 2,8%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono, en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”.

Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el Cupón PBI hubiera sido obligatorio.

El caso en la gestión Macri

La Argentina se defendió el 3 de julio de 2019, argumentando contra la demanda de Aurelius con una explicación curiosa. El gobierno de Mauricio Macri, para que no prospere la causa, defendió la alteración del PBI de 2013, asegurando que era facultad de la gestión de Cristina de Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar el cálculo del pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el Indec, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Fue la segunda vez que se utilizó este argumento. El 18 de abril den 2019, para evitar el ataque de Aurelius, los abogados que representan al país, contratados por la Procuración del Tesoro, aseguraron ante la Justicia norteamericana que el gobierno de Cristina de Kirchner estaba en su derecho de modificar el año base de cálculo del PBI, y que el acusador no demostró que haya habido un mal manejo de las cifras de ese organismo entre 2013 y 2014.

Aurelius es un viejo conocido de la Argentina. Y de muchos países con destino de mal manejo de su deuda pública y privada. Es propiedad de Mark Brodsky, discípulo de Paul Singer y exempleado de Elliott, quien en algún momento en los inicios de la década pasada se independizó y abrió su propio bufete buitre.

Si bien su mayor y más beneficioso negocio lo hizo con la Argentina y el “Juicio del Siglo”, se lo conoce por su inquietud de bucear por todo el mundo para encontrar oportunidades de negocios en estados a punto de alcanzar el default o empresas importantes en dificultades. Por ejemplo, contra Puerto Rico en tiempos de su crisis económica y financiera y contra Petrobras en medio de la causa por la Lava Jato.