Juicio por YPF: Argentina repite la estrategia del kirchnerismo y reclama pagar menos
El Gobierno nacional ya decidió su próxima jugada en el juicio contra el país por la forma en que se renacionalizó la petrolera en 2012. Qué puede pasar con la apelación y cómo seguirá el juicio.
Argentina se defenderá ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012, con los mismos argumentos que diseñó el kirchnerismo y que ya fueron rechazados en primera instancia por la jueza Loretta Preska.
Según la estrategia planteada ante la segunda instancia judicial de los Estados Unidos, el país volverá a cuestionar el hecho de haber tomado como jurisprudencia y sede del juicio los tribunales de Nueva York y la justicia de los Estados Unidos, en lugar de acceder al reclamo que sea en los juzgados de Buenos Aires, donde debería haberse llevado a cabo el juicio. Y con leyes y cláusulas locales y no norteamericanas.
Además, según la estrategia elaborada por el estudio Sullivan & Cromwell (S&C), el mismo contratado desde siempre por el kirchnerismo y mantenido también en este caso durante el gobierno de Mauricio Macri, y la Procuración del Tesoro de la Nación, que conduce Rodolfo Barra, se cuestiona el hecho de haber determinado que el país debe pagar U$S 16.000 millones por haber perdido el caso, dinero que había sido calculado también por Preska.

Por lo demás, la presentación de la Argentina de la semana pasada ante la Cámara, casi reconoce que el país perdió el juicio, y que si queda firme la sentencia la necesidad implica que se recurrirá a la Corte Suprema para solucionar definitivamente el caso.
Sobre el primer punto, se mencionaba este fin de semana desde el gobierno argentino, que se mantiene el planteo de la nulidad de la causa a partir de haber sido tratada por tribunales erróneos, dado que no pueden alterarse argumentos jurídicos fundamentales de una instancia inferior a una superior durante una causa.
La estrategia de los abogados
Para tribunales norteamericanos, argumentar de una manera en primera instancia y cambiar los fundamentos en Cámara es garantía para que la apelación sea rechazada de plano. Si Argentina durante los años del kirchnerismo argumentó a través de la estrategia trazada por el estudio contratado (S&C) que el principal reclamo es que la renacionalización de YPF y los potenciales delitos referidos a la manera en que se ejecutó la medida correspondía ser tratada en el sistema judicial argentino y no en los norteamericanos, la misma argumentación debe formar parte del esqueleto que se presente en Cámara de Apelaciones. Aunque se sepa que en primera instancia se trató de un argumento rechazado.
Se mencionaba en Buenos Aires que esta estrategia no era muy sólida y que estaba destinada al fracaso, pero que se mantendrá por jurisprudencia norteamericana. Donde se pondrá la atención en la causa en Cámara, es en que se revise el dinero reclamado, al afirmarse que los U$S 16.000 millones que quedaron firmes a favor de los fondos Burford y Eton, son el nivel máximo que podrían liquidarse por el reclamo de los demandantes. Y que representan una cifra extrema que podría entrar en revisión.
Confían en S&C y en la Procuración del Tesoro, que la Cámara aceptaría la apertura de la suma a liquidar, dado que en 2017, momento en que tuvo que tratar el caso la segunda instancia judicial de Nueva York, se hablaba de un dinero mucho menor. Unos U$S 3.000 a 4.000 millones.
Mientras tanto, en Nueva York se espera para esta semana que la Cámara confirme sus tres integrantes. Según las especulaciones que surgían este fin de semana desde Buenos Aires, es que podrían repetirse los tres magistrados que ya había actuado en 2017 en este caso, al momento de tener que decidir si el planteo de los demandantes Burford Capital y Eton Park, eran válidos y si había delito potencial por parte de Argentina.
El 9 de julio de ese año Argentina recibió un fallo en contra, y la causa volvió al tribunal de Preska, quien finalmente el año pasado volcó la balanza a favor de los demandantes. Los nombres de aquellos tres jueces son Ralph Winter, Guido Calabresi y Denny Chin, quienes, según la visión local y por haber ya tratado el caso, podrían repetir trío. O al menos alguno de ellos.
Fracasos reiterados
El especialista de Research for Traders Sebastián Maril, aseguró a MDZ, que "tras múltiples fracasos legales en la corte de Loretta Preska, en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, Argentina lleva nuevamente el caso por la expropiación de YPF al Segundo Circuito buscando dar vuelta ocho años de fallos adversos. Con tantas derrotas consecutivas, no sorprendería que el Gobierno, en esta primera aparición del país bajo la presidencia de Javier Milei, busque poner énfasis en reducir el monto del fallo".
El peligro de la decisión de apelar es que si la decisión de segunda instancia es nuevamente negativa para el país y el monto del caso queda firme, esos U$S 16.000 millones se incrementarán por el peso de la aplicación de intereses y punitorios.
Según Maril, "el presidente Javier Milei enfrenta tres citas relacionadas con el juicio por la expropiación de YPF que, a simple vista, no son prioridad en el comienzo de su mandato. Correctamente, el presidente argentino ha enfocado su agenda en una profunda reforma del Estado que, hasta el día de hoy, no ha incluido el gran gigante dormido que son los litigios abiertos en el exterior".
Para Maril, "el estado enfrenta juicios valuados en US$ 29.650 millones o aproximadamente el 6,5% del PBI. Sin embargo, por primera vez desde el comienzo de los litigios contra el Estado en el año 2000, Argentina tiene un líder que ha mostrado la predisposición de cambiar la fallida estrategia legal de gobiernos anteriores que no han arrojado victorias significativas".
La causa que debe tratar la Cámara se basa en la decisión de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, por la decisión del gobierno de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía, ante el Congreso Nacional al aprobar la ley correspondiente a la acción de toma de control de YPF y el Poder Ejecutivo y no haber tenido en cuenta en ningún momento los derechos de los accionistas minoritarios, fueron quienes le otorgaron argumentos a Burford Capital y Eton Park, para que estos puedan reclamar ante los tribunales de Manhattan, al considerarse vulnerados sus derechos resguardados por los organismos reguladores de Wall Street.
Para Preska, siguiendo jurisprudencia histórica de los tribunales norteamericanos, las leyes locales son de inferior calidad en el otorgamiento de derechos que las regulaciones legales de la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, al considerar que es una elección particular de las empresas privadas (en este caso YPF) cotizar en la bolsa neoyorquina. Y que, al hacerlo, se aceptan las reglas locales. Ninguna legislación particular de un estado independiente y soberano tiene mayor alcance que las normas del lugar; dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario.
En consecuencia, para el fallo de YPF la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los demandantes de haber recibido una oferta similar a la de recompra de Repsol. Y quienes avanzaron sobre estos derechos fueron el gobierno de entonces de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía y principal operador del avance sobre las acciones del Repsol (51%), y el Congreso que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores.
Libera de cualquier responsabilidad legal o financiera, tanto a la petrolera como a los anteriores tenedores de las acciones que fueron adquiridas por los demandantes y pertenecientes al Grupo Petersen a través de Petersen Energía y Petersen Investment. El único responsable para Preska fue el Estado argentino, y en consecuencia será el quien deba hacerse cargo de las responsabilidades del fallo.
Preska no determina el monto a pagar, invitando a las partes a un acuerdo directo y negociado entre Argentina y los dos fondos acreedores, algo que obviamente no llegará a buen puerto. Esto no sucedió, y comenzó el proceso de apelación la semana pasada con la presentación del escrito de C&S, se estima que se abrirá luego un proceso de no menos de un año, que seguramente terminará en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

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