Juicio por YPF: Loretta Preska, a 24 horas de un fallo crucial para el país
Se acerca la fecha para presentar la apelación al fallo y evitar embargos. Pero para los especialistas es difícil de aplicar. Un problema más para un país que enfrenta juicios por US$ 30.000 millones.
Comenzó a caerse el velo de uno de los problemas más importantes del gobierno de Javier Milei en materia fiscal, financiera y hasta en las relaciones con el mundo. La jueza norteamericana Loretta Preska comenzó ya este lunes a resolver tres cuestiones relacionadas con el juicio por el cual se renacionalizó YPF en 2012, y la manera en que el país deberá enfrentar hacia delante el fallo en contra de la jueza de primera instancia del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde el pasivo inevitable comienza a calcularse en unos U$S 19.000 millones.
Preska tiene en su despacho la decisión de resolver el escrito presentado por los defensores que representan al país y que actúan bajo órdenes del procurador del Tesoro Rodolfo Barra, donde se le pide a la magistrada que no tome en cuenta la fecha límite del próximo miércoles 10 de enero.
Ese día, en teoría, quedaría firme la apelación presentada por Argentina para comenzar el tratamiento de la causa en segunda instancia ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York; y, en consecuencia, el pedido de los fondos vencedores en la causa, Burford Capital y Eton Park, de comenzar a embargar bienes argentinos en ese país. Y, eventualmente, en el mundo, si es que Preska decide habilitar la jurisprudencia de su antecesor que en su momento avanzó sobre la Fragata Liberta en Ghana en octubre de 2012.
Los especialistas consideran que esta alternativa es posible pero muy difícil. Y que incluso embargar bienes del Estado nacional dentro de los Estados Unidos es muy compleja de ejecutar. Argentina pidió por ahora postergar la fecha del 10 de enero, lo que Preska debe resolver mañana.
Según especialista de Research for Traders Sebastián Maril, "el presidente Javier Milei enfrenta tres citas relacionadas con el juicio por la expropiación de YPF que, a simple vista, no son prioridad en el comienzo de su mandato. Correctamente, el presidente argentino ha enfocado su agenda en una profunda reforma del Estado que, hasta el día de hoy, no ha incluido el gran gigante dormido que son los litigios abiertos en el exterior".
Para Maril, "el Estado enfrenta juicios valuados en US$ 29.650 millones o aproximadamente el 6,5% del PBI. Sin embargo, por primera vez desde el comienzo de los litigios contra el Estado en el año 2000, Argentina tiene un líder que ha mostrado la predisposición de cambiar la fallida estrategia legal de gobiernos anteriores, que no han arrojado victorias significativas".
Según el especialista, "el plato fuerte será el multimillonario juicio por la expropiación de YPF". Insiste Maril que mañana por la tarde Preska "deberá confirmar su orden que establece el 10 de enero como fecha, o de lo contrario acceder al pedido argentino y postergar los reclamos de embargo hasta que “los demandantes hayan identificado activos para embargar”.
Preska se prepara así para dar su próximo paso en la causa y definir el capítulo quizá más importante desde que falló en contra del país. Para resolver si prorroga el plazo o si comienzan los embargos, Preska tomará en cuenta seriamente quiénes son los culpables de haber ignorado a los accionistas de YPF que deberían haber recibido el mismo trato que la española Repsol, al momento de renacionalizar la petrolera en 2012.
Según la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, el Congreso Nacional al aprobar la ley correspondiente a la acción de toma de control de YPF y el Poder Ejecutivo que no tuvo en cuenta en ningún momento los derechos de los accionistas minoritarios; fueron quienes le otorgaron argumentos a los demandantes Burford Capital y Eton Park, para que éstos puedan reclamar ante los tribunales de Manhattan, al considerarse vulnerados sus derechos resguardados por los organismos reguladores de Wall Street.
Para Preska, siguiendo jurisprudencia histórica de los tribunales norteamericanos, las leyes locales son de inferior calidad en el otorgamiento de derechos que las regulaciones legales de la bolsa de comercio de los Estados Unidos, al considerar que es una elección particular de las empresas privadas (en este caso YPF) cotizar en la bolsa neoyorquina. Y que, al hacerlo, se aceptan las reglas locales. Y ninguna legislación particular de cada estado independiente y soberano, tiene mayor alcance que las normas del lugar; dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario.
En consecuencia, para el fallo de YPF la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los demandantes de haber recibido una oferta similar a la de recompra de Repsol. Y quienes avanzaron sobre estos derechos fueron el gobierno de entonces de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía y principal operador del avance sobre las acciones del Repsol (51%), y el Congreso que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores.
Libera de cualquier responsabilidad legal o financiera tanto a la petrolera como a los anteriores tenedores de las acciones que fueron adquiridas por los demandantes y pertenecientes al Grupo Petersen a través de Petersen Energía y Petersen Investment. El único responsable fue el Estado Argentino, y en consecuencia será el que deba hacerse cargo de las responsabilidades del fallo.