Reforma laboral: continúan las tensiones entre empresas y trabajadores
En medio de una importante puja redistributiva con la discusión de la ley ómnibus y el DNU, una de los temas más discutidos tiene que ver con las reformas laborales. Es que mientras los sindicatos plantean que se perderán derechos y se contribuirá a mayor desocupación, los empresarios aseguran que sucederá lo contrario. Por el momento, los cambios han quedado en suspenso debido a un fallo judicial que declara inconstitucionales varios de los puntos planteados por la gestión de Javier Milei.
En este contexto, uno de los que más problemas suscita tiene que ver con la doble indemnización y con los parámetros que contribuyen a incentivar la llamada industria del juicio. Por este motivo, la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) presentaron ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) de la Capital Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) la modificación de la tasa de interés establecida por el Acta 2764/22.
La situación fue planteada por el presidente de CAME, Alfredo González, al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Eduardo Serenellini. “Las pymes planteamos que no se nos aplique el aumento de las tasas de intereses punitorios y resarcitorios de AFIP, que se incorpore a la ley ómnibus la definición de qué son las economías regionales y que se excluya del pago de retenciones a la industria pyme que exporta”, dijo González.
Una cláusula “confiscatoria”
El pedido tuvo que ver con el reemplazo por una nueva tasa que incorpore parámetros de mayor razonabilidad. La justificación de las cámaras mencionadas es que la CNAT varió el criterio de actualización de los créditos laborales y resolvió aplicar la capitalización anual sobre las tasas de interés establecidas en actas anteriores. Esto –según la presentación- “generaría una nueva distorsión, esta vez muchísimo más grave, injusta e inequitativa, en perjuicio de los empleadores”.
De este modo, mientras se pelea en el Congreso la reforma del DNU, en la práctica la aplicación de esta acta produce es un mayor desempleo. “Difícilmente los empleadores y especialmente las pequeñas y medianas empresas, se animen a emplear ante la posibilidad de que una eventualidad laboral tenga un costo muy superior al del negocio en sí mismo”, subrayó el comunicado firmado por CAME, SRA y Coninagro.
Desde el punto de vista de estas entidades, esta situación planteada por el poder Judicial derivaría en una confiscatoriedad o incluso de expropiación sin indemnización y es lo que sucede con la tasa del Acta 2764/22. Es porque así se establecen cifras que van desde 3 a 5 meses por año, cuando el artículo 245 de la LCT establece que la indemnización por despido es de un mes por año.
En síntesis, las cámaras solicitaron que se conforme un parámetro de razonabilidad a partir de la tasa más elevada del sistema financiero, es decir, la efectiva anual vencida o de libre destino. “Se trata del máximo que se puede aplicar, sin capitalización, justamente por ser la más elevada”, precisaron. Fuera de ello, en ningún caso la capitalización puede ser múltiple, porque ello no es acorde con el esquema legal vigente.
La presentación judicial de las tres entidades se acompañó con un “Informe Económico de Razonabilidad del Acta 2764”, suscripto por el titular del Estudio Lisicki Litvin & Asociados, César Litvin. El análisis muestra la procedencia del pedido que se formula a la Cámara del Trabajo de establecer una tasa de interés sin capitalizar y que pertenezca al menú que ofrece y/o tiene disponible el Banco Central de la República Argentina (BCRA).