La Secretaría de Comercio derogó más de 60 resoluciones que impactan en el bolsillo de los consumidores

El Gobierno avanza a paso firme en las negociaciones para que salga la Ley Ómnibus, que deberá tratarse durante el transcurso de la semana en la Cámara de Diputados. En este marco, este lunes se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 51/2024, derogando 69 resoluciones y disposiciones que "obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado".

En los considerandos de la resolución, la Secretaría de Comercio explica que en línea con "el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 de fecha 20 de diciembre de 2023, y el proyecto de ley denominado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, deviene pertinente proceder a una revisión integral de toda la normativa reglamentaria y complementaria dictada en el ámbito de esta Autoridad de Aplicación".

Sin embargo, la derogación de numerosas resoluciones y disposiciones, que exigían a las empresas a brindar información al Estado, despiertan la polémica por cierta "desprotección" para con los consumidores.

Cualés son las principales resoluciones derogadas

La Secretaría de Comercio avanzó contra medidas que exigían a las empresas a brindar información al Estado, y que, en algunos casos, estaban vigentes desde la década del '90.

Entre lo alcanzado por las derogaciones se encuentran el SiFIRE, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior. 

Desde Comercio, aseguran que ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas, con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas. Como contracara, una de las principales críticas a la medida Milei es que los consumidores pueden ser inducidos a error o confusión al ver dificultada o distorsionada la comparación de sus características constitutivas, pesos o medidas y precios,

También se dispuso derogar normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas, que establecían su supervisión y cumplimiento. Lo cual abre la cancha a especulaciones con la oferta-demanda y los precios.

Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, apuntando a que ese tipo de políticas sean impulsadas por los gobiernos provinciales. Es decir, las grandes cadenas ya no tienen la obligación de exhibir los productos nacionales producidos por micro y pequeñas empresas, del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena.

Entre las resoluciones derogadas se encuentran la 134/98 sobre Defensa del Consumidor: se elimina la obligatoriedad de que las entidades bancarias, financieras y de cualquier otra índole informen mensualmente a la Secretaría de Comercio la tasa de interés anual y efectiva mensual aplicada al financiamiento de saldos deudores, en pesos y en dólares, tasa de interés punitoria aplicada, tasa de interés de extracciones o adelantos de dinero en efectivo, cargo o arancel mensual por gastos de administración; cargo o arancel anual, gastos por emisión de tarjetas, gastos de envío del resumen y tarjetas o cualquier otro cargo, tasa, comisión, gastos adicionales o similares que cobren a los poseedores de las tarjetas.

También, se derogó la resolución 313/98: ahora, las entidades financieras no tendrán la obligación de dar a conocer a la Secretaría de Comercio el Costo Financiero Total de las operaciones de crédito hipotecario destinado a la adquisición de viviendas.

Otra es la 387/99: las entidades que otorgan créditos prendarios sobre autos cero kilómetro ya no tienen la obligación de informar trimestralmente a la Secretaría de Comercio sobre el costo financiero total y el valor de la cuota total de las operaciones. Esa información se podía publicar y difundir para el conocimiento de los consumidores.

En tanto, con la derogación de la 678/99, las escuelas privadas ya no tendrán la obligación de informar anualmente a Comercio Interior el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio educativo para cada nivel de enseñanza.

También, quedó sin efecto la resolución 54/2000: los prestadores de medicina prepaga ya no deberán informar 
periódicamente, el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio.

Otra que quedó sin vigencia es la 19/2002: los supermercados ya no estarán obligados a informar a Comercio, ni los precios máximos ni mínimos, ni la presencia de los productos en góndola, ni la variación ni promedio semanal de precios.

En llano, todas estas derogaciones permiten que no sea obligación informar aumentos, ni disponibilidad de bienes y servicios, dando rienda suelta a la libertad de mercado y a la dispersión de precios sin control alguno.