Juicio por YPF: apuntan contra la defensa del Estado nacional e irregularidades en la causa

Pocas cosas generan hoy tanta inquietud en el Gobierno y en la oposición como la causa que se sustancia en los tribunales de Nueva York por la forma en la que se renacionalizó la petrolera YPF en 2012.

Esta semana tomó estado público una denuncia acerca de un supuesto conflicto de intereses en uno de los defensores del Estado nacional, que tiene que actuar en la causa, y que fue expuesto en una columna de Carlos Pagni, publicada en La Nación este jueves. 

Trazando un perfil de los diferentes frentes abiertos que hoy tiene el Gobierno nacional, el periodista se refirió al caso YPF -que tiene sentencia de primera instancia obligando al pago de US$ 16.000 millones por parte de Argentina a los fondos Burford Capital y Eton Park- y mencionó un supuesto conflicto de intereses por parte del subprocurador del Tesoro, Andrés de la Cruz.

"En la Procuración del Tesoro fue designado, como subprocurador, el abogado Andrés de la Cruz. Se especula con que estará a cargo de los litigios internacionales. ¿Por qué es escandaloso? Porque De la Cruz fue abogado de la familia Eskenazi, que está asociada a la demanda de 16.000 millones dólares del fondo Burford por la estatización de YPF, que es el principal caso internacional que enfrenta la Argentina".

Y agrega: "Todas las versiones sostienen que De la Cruz llegó allí por recomendación del ministro (de Economía) Luis Caputo. Movimientos subterráneos que deberían ser aclarados por una facción política que se identifica con las “Fuerzas del Cielo”, escribió Pagni.

Diputados a la cancha

La mención en la columna, que podría haber pasado desapercibido, sin embargo, fue tomada por dos diputados nacionales, que dieron el siguiente paso.

En una carta enviada al presidente de YPF, Horacio Marín, los diputados nacionales de Hacemos Coalición Federal, Paula Oliveto Lago y Juan Manuel López, retoman las denuncias que oportunamente iniciara en 2006 la entonces diputada Elisa Carrió y ponen el foco en el momento en que desde el Gobierno nacional se impulsó la retirada de Repsol y el ingreso del grupo Eskenazi en la conducción de la petrolera. Y enlaza con los hechos que menciona Pagni en su columna.

"Queremos expresarle nuestra inquietud por la causa judicial en la que el fondo “Burford” —que compró los derechos de las empresas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, de propiedad de Eskenazi— le reclama al Estado Argentino una multimillonaria indemnización por la estatización de YPF", sostienen los legisladores.

Tras recordar que "es fundamental para la Argentina ejercer una defensa adecuada en dicha causa", López y Oliveto expresas sus prevenciones sobre el rol de De la Cruz. 

"En tal sentido, no podemos dejar de manifestarle nuestra preocupación por el hecho de que una de las personas que está a cargo de la defensa del Estado sea el Subprocurador General de la Nación, Andrés De la Cruz, quien, de acuerdo a lo que ha trascendido públicamente, fue abogado de la familia Eskenazi. Sobre este punto cabe aclarar que 'Burford' se habría comprometido a retribuir a la familia Eskenazi con el 30% de lo ganado en el juicio, razón por la cual hay severas y fundadas sospechas que detrás del fondo 'Burford' estarían los Eskenazi", explican los diputados en la nota enviada al titular de la petrolera.

Los dos lados del mostrador

En su argumentación, los legisladores sostienen que "el conflicto de intereses resulta manifiesto: el funcionario a cargo de la defensa del Estado argentino mantiene una estrecha relación con quienes vendieron sus derechos a los actuales demandantes del Estado argentino y que, reiteramos, estarían detrás de ellos".

"A nuestro entender, la situación descripta precedentemente atenta contra el ejercicio de una buena defensa por parte de nuestro país e, insistimos, podría acarrear una condena multimillonaria. Es nuestro deseo que el Estado argentino esté bien representado en ese juicio, puesto que está en juego el presupuesto público; es decir, dinero que le pertenece a todos los habitantes".

Y concluyen: "Por todo lo expuesto, le manifestamos que seguiremos con atención la defensa que nuestro país lleve a cabo en el juicio que el fondo 'Burford' inició contra la Argentina por la estatización de dicha compañía". Un capítulo más en una saga que promete continuar.