Reforma laboral: voces a favor y en contra y cómo impactan los cambios propuestos

Entre los tantos puntos que se discuten en la ley ómnibus que desregulará la economía a partir del DNU enviado por el presidente Javier Milei, se encuentra la flexibilización del mercado laboral. En este marco y producto de la llamada industria del juicio, muchas asociaciones empresarias se han manifestado a favor de los cambios. Sin embargo, no todos están de acuerdo debido a que más allá de los juicios también avanza sobre derechos adquiridos de los trabajadores debido a que elimina diversas obligaciones que hoy tienen las empresas.

De este modo, quienes están a favor de las modificaciones expresan que la ley permitirá realizar contrataciones de manera más ágil, por un lado y, por el otro, la posibilidad de “abaratar” tanto contrataciones como despidos permitirá a las compañías tomar mayor cantidad de personas.

Del otro lado, quienes rechazan la normativa argumentan que servirá para favorecer aún más el trabajo informal, así como el abuso por parte de las compañías a partir de, por ejemplo, la extensión del período de prueba.

Sin leyes que lo amparen, la pelea entre un trabajador y una empresa es desigual. En el medio, hay infinidad de casos que presentan líderes y dueños de empresas relacionados con roces con empleados que no se adecuan a la cultura organizacional, “no trabajan” y no pueden ser despedidos por lo costoso que es. Del mismo modo, esta supresión de los derechos adquiridos podría promover lo contrario de lo que sus defensores propugnan que es el aumento del desempleo y del empleo de baja calidad, es decir, sin obra social, horas extras ni condiciones mínimas garantizadas.

Qué propone la desregulación

Hay que aclarar que, pese a que la reforma del mercado laboral se discute en el Congreso de la Nación, el 3 de enero de este año la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló en contra del DNU. El lugar que se hizo a partir de un pedido de la CGT podría indicar que los cambios en esta área no podrían ser sencillos más allá de las intenciones del Gobierno. No obstante, la modificación está sobre la mesa y, de avanzar la ley ómnibus, podría ser aprobada por los legisladores nacionales.

Entre los principales cambios se encuentra la reducción de las indemnizaciones por despido, debido a que elimina la doble indemnización de la Ley 25.323 y a que suprime algunos de los puntos sobre los que se calcula el pago del aguinaldo.

Por otro lado, propone la constitución de un fondo de cese laboral en los convenios colectivos, algo que se usa en la actividad de la construcción. Con relación a este último punto, por caso, hay dudas incluso por parte de quienes apoyan el proyecto debido a que creen que podría no aplicar a otros sectores con dinámicas diferentes, como puede ser el comercio.

En lo que respecta a las relaciones laborales, introduce modificaciones que quita exigencias a las empresas. En primer lugar, se elimina la presunción de existencia de una relación laboral para los monotributistas que prestan servicios y facturan de manera periódica. En segunda instancia, se crea la figura del trabajador independiente que podrá contar con hasta 5 colaboradores sin que exista vínculo de dependencia entre ellos. Además, se extiende de tres a ocho meses el período de prueba, así como se eliminan algunas sanciones para las empresas que no hayan registrado de manera correcta su personal.

La disminución de la cantidad de días que las embarazadas pueden tomarse antes del parto, 30 a 10 días, no modifica la totalidad de 90 de la licencia y estaría sujeto a la salud o necesidades de cada trabajadora en el momento. Por último, y a grandes rasgos, también pone el ojo sobre la posibilidad del derecho a huelga, debido a que introduce como causa de despido la participación en bloqueos o tomas de las empresas. En este mismo marco, también amplía la cantidad de actividades consideradas “esenciales” y que, por tanto, deben prestar un mínimo de 50% a 75% del servicio. Este cambio limitaría el derecho a huelga.

Argumentos a favor

En este marco, buena parte de las cámaras empresarias de relevancia se ha expresado a favor de estas modificaciones. Es el caso de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) que opinó que los cambios aliviarán y agilizarán la lógica laboral”, en especial porque podría desarmar la industria del juicio, situación que ha dificultado el crecimiento de las pymes, así como ha contribuido a la asfixia de muchas de ellas.

La Unión Industrial Argentina (UIA), por su parte, planteó una mirada similar y aseguró que la propuesta apunta a que las contrataciones sean más simples y sostenibles., y en el mismo sentido, se manifestó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). En tanto, el C20 de Córdoba -una agrupación de cámaras integradas por la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM) y la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM)- también se expresó a favor de las modificaciones.

Entre otros puntos, destacó que las desregulaciones contienen renovaciones y actualizaciones laborales que Argentina necesita con carácter de urgente, para modernizar el marco normativo. En coincidencia con el Consejo Empresario Mendocino (CEM), los dirigentes cordobeses expresaron que la flexibilidad para fomentar la creación de empleo servirá para impulsar la productividad, favorecer la creación de trabajo y promover la competitividad del país en un entorno económico global cada vez más dinámico y cambiante.

Argumentos en contra

La Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme), en tanto, expresó su rechazo a las políticas desreguladoras, debido a que atentan contra los derechos laborales. En este marco, expresaron que las pymes necesitan políticas laborales diferenciadas y segmentadas dentro de parámetros de equidad social y respeto de los derechos adquiridos. Por este motivo, la Asamblea agregó que no avala los cambios propuestos debido a que tienen una mirada de corto plazo que solo favorecerá el desempleo y, por ende, irá contra el sustento clave de las pymes en el mediano y largo.

Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expresaron que los beneficios que la normativa introduce para el empleador con relación a la registración del trabajador al eliminar multas y sanciones no contribuyen a generar más empleo. Del mismo modo, el proyecto tampoco identifica ni ataca las causales principales del empleo informal que continuará y podría tender a crecer.

En tanto, el Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M), integrado por diversas agrupaciones empresarias y sociales, apuntó que las modificaciones generales del DNU atentan contra un escenario de pleno empleo y de un país productivista, próspero, moderno e inclusivo. En este marco, solicitaron a los legisladores nacionales no convalidar ni el Decreto ni la Ley Ómnibus debido a que así contribuirán a destruir el entramado productivo.