Se viene el 5G: qué políticas se requieren ante las soluciones innovadoras

En este caso, como en muchas industrias de nuestro país, se necesita principalmente previsibilidad. Sobre todo, en materia macroeconómica y de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque, para que los argentinos tengan más y mejor calidad de cobertura móvil en sus celulares, se necesita de inversiones.

Qué tipo de inversiones

En redes propias, es decir, equipamientos e infraestructura por las que la producción de conectividad se transporta, como mensajes de WhatsApp, videos, cursos, etc. Por otro lado, en espectro.

Qué es el espectro

El espectro es un bien que administra el Estado y es lo que hace posible subir un vagón de tren sobre unos rieles. Esos rieles te llevan a un destino, pero si vos querés ir hasta Trevelin y solo te permiten subir al que te deja en Bahía Blanca, es difícil que puedas ofrecerles a tus pasajeros el servicio hasta el destino que necesitan llegar.

Estos “rieles” (espectro) son licitados por el Estado para que las empresas que dan estos servicios inviertan en tener lugar sobre ellos, además de sus propias inversiones en sus vagones y en sus butacas, mobiliario, personal y conductores.

En este caso, el espectro para 5G permite IoT (Internet de las cosas) donde entre vagones podrían comunicarse si hay un incendio, si un riel está roto, es decir, interconectar dispositivos tecnológicos, lo que impactaría en fábricas, plantas de minería, en agroindustria, incluso en la vía pública o transporte público.

Primera temática en observación, ¿qué precio es idóneo para licitar los rieles que harían posible al comienzo del 5G en Argentina? ¿Se quiere ampliar la conectividad y acelerar el proceso o se quiere recaudar un monto por la licitación que sean unos salvavidas momentáneos para la administración pública actual? Las dos a la vez, es complicado.

El precio en Argentina se puede comenzar a evaluar por la comparativa a otros países, similares o no a la situación actual. Brasil, por ejemplo, es uno de los países que decidió priorizar obligaciones de despliegue de cobertura (inversión en toda la infraestructura de los vagones para que más brasileros y brasileras pudieran viajar a sus destinos, y no teniendo que esperar días a que hubiera un vagón vacío que pudieran subir).

A su vez, en las condiciones actuales el gobierno incluye como condición que cierta cantidad del espectro esté bajo control de la empresa estatal Arsat. Se agrega un ingrediente: para que haya una licitación, tiene que haber ofertantes.

Los actuales ofertantes se encuentran a su vez con un DNU (el 690), impuesto en pandemia por el cual el Gobierno buscó imponer precios fijos a un sector que tiene no sólo compañías grandes, si no también más de 1200 operadores en el interior del país de forma federal y que emplea a más de 80.000 argentinos y argentinas. Que invierte en dólares, pero vende servicios en valor del peso y de la economía de los argentinos.

Entes públicos

La Administración Pública cuenta con un ente que regula a la industria de telecomunicaciones, que se llama Enacom. Dentro del Enacom existe un fondo estructurado por fideicomiso, que tiene cada año el aporte del 1% del total de las ganancias de todas las empresas que venden servicios de telecomunicaciones, además de impuestos nacionales y subnacionales.

El Gobierno cuenta en este fondo con la potestad de administrar este dinero de las empresas y los ciudadanos (ya que de ahí surge su fondeo, impuestos y servicios vendidos) para hacer y ejecutar políticas públicas de calidad.

Desde hace años cuenta con subejecución de su presupuesto (compuesto por las ganancias anuales de las empresas y por impuestos de las personas, por lo tanto, ni siquiera genera déficit fiscal).

No es la solución generar políticas públicas o decisiones administrativas distorsivas entre sector público y privado, que sigan generando distancias en lugar de oportunidad de creación de valor. Argentina tiene una industria pujante, activa y con trayectoria, y son más las oportunidades de ganar cooperando que rompiendo. Y el Estado cuenta con fondos disponibles para conectar a más personas ¿por qué lo subejecutan?

Soluciones

Utilizar tecnología como Blockchain o NFT podrían ser una solución, asociando fondos a prestaciones a personas únicas. Por ejemplo, Enacom cuenta con filiales en todas las provincias, ahí está la estructura del Estado para poder autenticar personas y asociarlas a tokens como puede ser por ejemplo una tarjeta SIM celular o cualquier otra metodología que se aplicara. Para que el Estado pueda prestar un servicio de este tipo, se necesita decisión política, regulaciones aggiornadas al mundo en el que vivimos, voluntad de transparencia y agilización de fondos, que cumplan su misión.

No que financien otras cuentas públicas, que se queden estancados perdiendo valor o sean asignados discrecionalmente a gusto del partido con el que se simpatiza. Y trazabilidad, que los ciudadanos puedan conocer y saber cuánto, dónde y cómo se utiliza. Y si funciona, ser replicado en múltiples áreas de la administración pública como jubilaciones de Anses, medicamentos de PAMI o planes sociales.

Son señales y gestos que contribuyen a dar respuesta a las causas raíz de las problemáticas que se mantienen constantes e impiden salir adelante. Si queremos 5G, lo primero que se necesita es un Estado coherente.

* Inés Zunini, politóloga y magister, especialista en telecomunicaciones y tecnología.