Críticas del sector privado al modelo de empresas estatales de Mendoza

Emesa, Potasio Río Colorado (PRC), Impulsa Mendoza, Impsa y Mendoza Hidroeléctrica. Distintos nombres (y sectores) con los que el Gobierno de la provincia ha creado Sociedades Anónimas estatales. Con el objetivo declarado de favorecer o facilitar las inversiones en las áreas de energía y minería con sus variantes, hasta el  momento los resultados no han sido favorables.

Este es el principal cuestionamiento del sector privado que, por norma, siempre ha sido reticente a la intervención estatal en los ámbitos privados. En este sentido, la mirada desde diversas cámaras empresarias es crítica y ponen por delante la baja performance en las áreas mencionadas.  Por el contrario, insisten en que la mejor manera de atraer inversiones  de calidad es contar con reglas claras, certezas y metodologías para seguir y cumplir.

Otra objeción que los empresarios expresaron se relaciona con la poca transparencia que estos modelos de SA estatales presentan. En principio porque ven al menos extraña dicha figura societaria dentro de un sector público cuando es una modalidad relacionada con lo privado. También debido a que no observan reglas preestablecidas para priorizar una u otra inversión y a que no abunda la información pública disponible.

Sin resultados a la vista

Los resultados con relación al petróleo es uno de los más claros ya que Emesa en parte se creó para este sector en 2012 y la producción viene en declino desde hace años. Incluso en su momento  las principales críticas fue la adjudicación de áreas a empresas sin experiencia en el rubro. Fue Mendoza Activa el instrumento con mayor impacto para atraer inversiones al sector de hidrocarburos.

Con menor tiempo de vida, lo mismo ha sucedido con la minería. Primero con PCR, cuando en 2019, los activos de Vale pasaron a la provincia con el objetivo de reflotar el proyecto de potasio en Malargüe y ahora con Impulsa Mendoza.  “Aún no hay resultados significativos ya que la sociedad anónima minera lleva muy poco tiempo en funciones”, expresaron desde la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem).

Un punto similar plantearon desde la Unión Industrial de Mendoza (UIM), la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza (Cecim) y la Asociación de Empresarios del Rodríguez Peña (Aderpe).

“Somos críticos del formato porque el Estado debe regular para dar certeza y seguridad jurídica a los inversores, pero de esta manera no queda clara cuál es la metodología para decir sí o no a un proyecto”, expresó Laureano Manso, director de Aderpe y vicepresidente del área de Industria de la Federación Económica de Mendoza (FEM).

Recién asumido en el cargo, el presidente de esta última entidad, Santiago Laugero, comentó que se trata una temática muy discutida hacia el interior de la FEM sin una postura todavía unificada. La FEM renovó autoridades hace menos de un mes.

“El Estado debe tener un rol y la actividad privada otro muy distinto”, sumó Dalmiro Barbeito, presidente de la Cecim. Agregó que con la estatización de Impsa no se generó el polo de desarrollo metalmecánico prometido y el mismo bajo desempeño ha tenido la minería y el sector energético/petrolero.

Matías Díaz Telli, presidente de la UIM, manifestó que tanto hacia adentro como hacia afuera de las cámaras es una discusión que se ha dado y que la principal objeción es la falta de resultados. “No han venido grandes inversiones bajo este formato y no lo divisamos como una posibilidad en el futuro”, expresó.

Cada uno con su función

Desde el punto de vista de los empresarios, esta suerte de intromisión estatal en funciones que atañen a los privados, no solo vuelve vidriosos algunos procesos sino que no llevan a puerto cierto. “Cuando el Estado invierte en el IPV, las viviendas se hacen y no hay problemas porque son funciones establecidas y diferenciadas”, ejemplificó Barbeito.

En este sentido, desde la Camem -que se restringe a opinar en el área de minería- expresaron que a través de la ley 3790, que crea la Dirección Provincial de Minería, y del Código de Minería de la Nación se establece que la provincia es la dueña del recurso minero y como tal tiene a su cargo, a través del Estado, la promoción de la actividad.

A partir de las normas mencionas, entre otras cuestiones, se establece de manera expresa la creación de un departamento de “promoción minera” que tiene una importancia tal que el jefe de esta área hasta puede reemplazar al director de Minería en su ausencia. “Notamos que son casi las mismas actividades que constituyen el objeto de la sociedad anónima creada en la provincia”, sumaron desde Camem.

Para la Cámara de Empresarios Mineros hay allí una suerte de duplicidad de funciones y, desde lo técnico, “una persona jurídica privada estaría cumpliendo las funciones que le corresponden a un organismo público”. Como “defensora de la legalidad”, Camem expresó que el “Estado debe promover la actividad minera provincial y no debería hacerlo desde una SA”.

La pregunta por la transparencia

“Si las inversiones no llegan, las empresas no trabajan”, es la principal queja de los empresarios con relación a una modalidad que no ha mostrado grandes resultados. Además, hay quienes creen que hasta podría ser perjudicial porque la participación del Estado en donde no le corresponde puede dar lugar a dudas con relación a controles, transparencias y priorización proyectos.

Por otro lado, algunos se preguntan por los gastos en sueldos, viajes y demás que el Gobierno realiza con fondos provinciales sin que hasta el momento parezca justificarse. Manso, que también forma parte de la comisión directiva de la UIM, destacó que están realizando un trabajo transversal con varias cámaras para que se reglamenten las leyes de Transparencia y  Acceso a la información pública. “La posibilidad de obtener información es clave para llevar adelante inversiones de calidad y con volúmenes grandes”, expresó Manso.

Agregó que se trata de un punto crucial para despejar dudas con relación a los controles y requerimientos tanto de la minería como de cualquier otro tipo de intervención económica. “Ante consultas realizadas a los voceros de la compañía, a casi todo se ha alegado el convenio de confidencialidad, por lo que resulta complicado su seguimiento”, expresó Marita Ahumada, presidenta de Camem.

Más allá de esto, en líneas generales los empresarios estimaron que la presencia del Estado dentro de las empresas genera dudas con relación a los controles. No es porque, a priori, crean que haya un desorden específico sino porque el formato mismo no favorece la transparencia. Es que es al menos complejo ser parte y controlante, cuando la ciudadanía reclama seriedad y firmeza en los controles.