Los puntos que Sergio Massa pide en las negociaciones con el FMI

Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se extenderán varios días más. El paquete de medidas de incremento de los ingresos fiscales y, eventualmente, las reservas del Banco Central que se presentará esta tarde en sociedad, servirán seguramente para que los gestos adustos del staff técnico del organismo que conduce Kristalina Georgieva muten en caras de interés, lo que derivará en nuevas rondas de discusiones, que permitirán cambiar un diálogo que parecía hasta el miércoles por la noche destinado al fracaso. Y a una crisis financiera, cambiaria y política en la Argentina, algo que tampoco el FMI buscaba.

Ahora los enviados del Palacio de Hacienda presentes en Washington tendrán que negociar condiciones para un acuerdo que siempre será de corto plazo. Sabiendo esta situación, Sergio Massa envió una orden de meta para lograr. El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein; el jefe de Asesores, Leonardo Madcur; el secretario de Hacienda, Raul Rigo; y el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri deben lograr que el acuerdo alcance no sólo la quinta revisión comprometida en el programa de Facilidades Extendidas firmado en marzo del 2022 y suspendido desde abril de 2023 correspondiente al primer trimestre del año, sino también la sexta.

Esto es, el período abril- junio, que compromete pagos del país al FMI programados para el 28 de septiembre por unos U$S 3.300 millones. Lo que busca el ministro de Economía, en su doble rol de jefe del Palacio de Hacienda y candidato del oficialismo, es liberar nuevas y complicadas negociaciones con el FMI hasta después de las elecciones generales del 22 de octubre. Y, de máxima y en lo posible, que cualquier contacto nuevo con el organismo, se traslade hasta comienzos del 2024, cuando otra persona esté habitando la Casa de Gobierno. 

Todo dependerá de lo que se negocie en estas horas difíciles, en la que, tal como adelantó este medio, el director gerente Rodrigo Valdes y el jefe del caso argentino Luis Cubeddu endurecieron la posición del FMI, reclamando devaluaciones y fuertes ajustes en el gasto. Son dos capítulos que los negociadores argentinos intentarán amenizar con las medidas que se anunciarán hoy en Buenos Aires.

Lista de reclamos

Como ya se informó, el FMI quiere una devaluación que lleve el tipo de cambio, por lo menos, hacia los 317 o 320 pesos; y un ajuste fiscal de no menos de 2.000 millones de dólares. Sin estas dos condiciones, para la visión del chileno Valdes y el venezolano Cubeddu, no habría posibilidad de un acuerdo.

Obviamente, son reclamos imposibles de aceptar por Massa, más por su doble rol de ministro y candidato que pelea voto a voto su identidad dentro de las alecciones PASO del 13 de agosto. Pensar en un Massa devaluando el peso y anunciando ajustes fiscales concentrados en la política previsional, la obra pública (insumo básico de campañas electorales) y cualquier tipo de gasto social en tiempos políticos complejos, sería, simplemente, un suicidio político.

Más para un candidato que basa su actual discurso (probablemente pasible de modificaciones radicalizadas luego de las PASO) en un acercamiento a posiciones más radicalizadas en materia económica y concentrando iras y responsabilidades sobre la situación actual en, precisamente, el FMI.

Argentina no aceptará del Fondo Monetario menos de una hipótesis básica: un acuerdo de corto plazo que implique la devolución de parte del organismo que maneja Kristalina Giorgieva de los aproximadamente U$S 2.300 millones que hace 10 días el país giró por los vencimientos de junio correspondientes al primer trimestre, que deben abonarse en junio. Ese dinero, según el programa de Facilidades Extendidas original, debía haberse liquidado con dinero girado antes por el propio FMI, pero debido a que el acuerdo firmado en marzo del año pasado está suspendido desde la segunda semana de abril, el organismo no aportó los fondos.

Argentina, por buena voluntad, decidió pagar igual sabiendo que había una negociación en marcha con resultados seguramente positivos. Saben en el Ministerio de Economía que esta alternativa puede ser difícil, pero la más factible dado el panorama con que se encontraron en Washington. Solo requeriría un waiver desde Washington que dispense al país de no haber cumplido las metas del primer trimestre del año, algo que no sólo es habitual, sino que además está contemplado tanto en el acuerdo firmado en 2022 como en los estatutos del FMI.

En consecuencia, podría lograrse de manera relativamente rápida. Para el Palacio de Hacienda representaría, además, un acuerdo tenue, pero con un valor agregado fundamental: el dinero iría directamente a fortalecer las reservas lánguidas del Central en momentos de dificultades graves, lo que garantizaría además una cierta estabilidad cambiaria hasta después de las elecciones PASO de agosto.

Lo negativo de un acuerdo de este tipo, es que nuevamente deberá abrirse un marco negociador con el FMI antes que termine septiembre, cuando el país deba liquidar otros U$S 2,300 millones al organismo.  Esto, además de saber que el pedido del FMI sobre ajustes y devaluaciones sólo se postergaría unos días, para volver al frente de batalla de los reclamos el 14 de agosto. Esto es lo que quiere evitar Massa. Busca que las medidas tomadas que se anunciarán hoy mejoren el panorama cambiario y fiscal por al menos cuatro meses, lo que amerite la próxima fiscalización para diciembre. 

Puntos en debate

Uno de los capítulos en los que aún no hay acuerdo, es el debate sobre el costo de la sequía y su impacto en las cuentas públicas, diferencia los cálculos de las consecuencias sobre las variables macroeconómicas, y, derivado de esto, sobre la corrección de las tres metas pactadas que el acuerdo de Facilidades Extendidas debería contemplar para cumplir con lo prometido y firmado en marzo del año pasado.

Para el equipo económico no hay dudas: el impacto directo sobre los ingresos del país provocados por la falta de lluvias y el consecuente deterioro del panorama exportador alcanzó un piso de US$20.000 millones, lo que derivó en que el país no pudiera cumplir con la promesa de una evolución positiva de las reservas del BCRA de unos US$4.800 millones, un nivel de déficit inferior al 1,9% del PBI y una emisión de 0,6% del PBI.

Para el organismo que maneja Kristalina Georgieva el fenómeno climático existió y fue grave. Pero sus consecuencias reales, al menos hasta junio 2023, no serían superiores a los US$10.000 millones, lo que además afectaría las metas de reservas (algo que siempre el FMI estuvo dispuesto a discutir), pero no a las metas fiscales y monetarias.

Según la visión del Fondo, la Argentina tiene herramientas para aplicar más allá de la sequía, para cumplir en tiempo y forma las metas de déficit y de emisión monetaria. Y que, en todo caso, todo sería una cuestión de corrimiento en la medición trimestral de las metas, para aceptar que el país pueda mostrarlas de manera anualizada. 

Obviamente, se trata de una discusión clave, dado que para el FMI las pérdidas por la sequía son el único argumento válido para que la Argentina pueda incumplir las metas de reservas y déficit fiscal pactados para este año en el acuerdo cerrado en marzo de 2022, y que tiene un artículo donde se tienen en cuenta estas contingencias exógenas sobre las que no puede actuar el país.

Un dato positivo es que Argentina logró que el FMI le reclame este 2023 un déficit fiscal de 2% del PBI, 0,1% más que el 1,9% original, y 0,5% menos que el reclamo que apareció la semana pasada de un déficit de 1,5% con que se descolgó el organismo la semana pasada. Los negociadores argentinos plantearon al Fondo que su reclamó era, directamente, una utopía en medio de un proceso político como el que está atravesando el país.

Pero además se mostró sobre la mesa de negociaciones que en el primer semestre del 2023, Argentina logró una reducción de gastos por un 10% real, mientras que se proyectó una contracción semejante para el segundo semestre, a fuerza de la caída de parte de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos para los sectores de mayores ingresos.

Economía mostró además ante los técnicos del Fondo, que la curva de caída de la recaudación impositiva contra la inflación, es un proceso que va reduciéndose a fuerza de un incremento en los ingresos del comercio exterior, luego de haberse sufrido en los primeros meses del año los efectos fiscalmente devastadores de la sequía.

Donde no hubo acuerdo es en la defensa de la estrategia de crawling peg por parte del gobierno, como mecanismo para contener la devaluación del peso contra el dólar oficial. Argentina venía proponiendo desde abril una idea de devaluación gradual del tipo de cambio oficial por encima de la inflación, bajo la promesa al FMI que la brecha con los dólares alternativos se irían reduciendo desde el 120% general en que se ubicaba desde la corrida cambiaria de abril.

Aunque se pudo perforar la barrera del 100% y ubicar hoy a la distancia cambiaria cerca del 95%, para el FMI resultó demasiado poco para poder tomarla como una proyección para todo el año. De ahí el reclamo desde Washington por una devaluación más importante que lleve el tipo de cambio oficial por arriba de los 310 pesos. Incluso se mencionó en las negociaciones un nivel de entre 317 o 320 de manera inmediata, algo inaceptable para un equipo económico que obedece a Sergio Massa, candidato del oficialismo para suceder a Alberto Fernández.