Vicentin: la primera cruzada del Gobierno, a punto de fracasar

El Gobierno está a punto de abandonar una de las luchas más promocionadas al comienzo de su gestión y de arriar una de las banderas ideológicamente más importantes para, como mínimo, el kirchnerismo en el poder. Y que el albertismo y el resto de la coalición que llegó al gobierno actual siempre defendió y consideró fundamental.

La empresa Vicentin está a punto de llegar a un acuerdo con sus principales acreedores, con lo que la posibilidad de ser nacionalizada, alternativa de máxima, o del ingreso del sector público a través de un proceso de Cramdown, alternativa de mínima, quedaran en el recuerdo y reduciéndose a una aventura política más para el recuerdo y la anécdota.

Según se anunció este lunes, el viernes pasado, el juzgado de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, aceptó, con el aval de la mayoría requerida de los acreedores, la propuesta formulada por la empresa para negociar un plan de pagos, paso previo e indispensable para una salida formal del concurso preventivo en el que permanece la empresa desde hace cuatro años.

Si bien la decisión no implica el cierre del concurso, ya que el resto de los acreedores podrían no aceptar la propuesta, pone la decisión final en el escritorio de Lorenzini quién debería tomar la decisión definitiva; algo que, según la jurisprudencia presente, avalaría el magistrado.

Para esto Lorenzini otorgará un período de diez días hábiles (hasta el 2 de mayo), para cerrar el concurso. Los acreedores que no avalan la propuesta de Vicentin (entre ellos el Banco Nación), tendrán hasta ese día para plantear las quejas, las que serían (o no) escuchadas y atendidas por el juez.

Mirada oficial

Luego vendrá la decisión final, la que, siguiendo casos anteriores, siempre tendría en cuenta la continuidad de la empresa en manos de los dueños originales. Esto es, los actuales dueños de Vicentin. Se alejaría así la posibilidad de la nacionalización presentada en sociedad por el presidente Alberto Fernández el 8 de junio del 2020, una decisión planteada por el kirchnerismo, que el jefe de Estado asumió como responsabilidad de toda la coalición gobernante.

La propuesta generó una especie de asonada (la primera) contra el Ejecutivo, encabezada por el sector agrícola en casi unanimidad, la oposición (en medio de la necesidad de apoyo en tiempos de pandemia), parte de la Justicia y, fundamentalmente, el gobernador de la provincia de Sante Fe Omar Perotti, temeroso de una levantada popular.

El proyecto original impulsado por el kirchnerismo mutó en una propuesta más light desde el albertismo: el cramdown. El Presidente habló de avanzar el 21 de junio de 2022 en un proceso de este tipo a partir de los U$S 400 millones que Vicentin le debe al Banco Nación, entidad financiera que, por otro lado, había rechazado en primera instancia la oferta de la compañía de una quita del capital adeudado por un 80% del total, porcentaje que había sido avalado por el juez de Reconquista.

La idea de Alberto Fernández de insistir en el desembarque para tomar el control de la compañía como acreedor privilegiado para iniciar así la nacionalización de Vicentin, generó que un puñado de privados, también acreedores, decidieron pasar también a la acción, para impedir el avance del Estado sobre el control de la compañía.

Los acreedores

Los impulsores primarios son Bunge, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra; los que en los hechos están operando mensualmente la compañía, aportando un giro mensual de unos U$S 300 millones (que genera ya la propia Vicentin en actividad).

Este grupo logró sumar a la cruzada de presentación de un Cramdown a los bancos privados, los que en los hechos tendrían deudas más importantes que el Banco Nación (en total Vicentin debe unos U$S 1.500 millones), pero se encuentraban divididos en grupos según tamaño, importancia y capacidad de acción.

Entre otros acreedores figuran, dentro de los dispuestos a aceptar la nueva propuesta, Cargill, Cofco, Bayer, BASF, Molinos Río de la Plata, Los Grobo y Monsanto. También firmarían los bancos y fondos de inversión privados acreedores de capital internacional FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y el Credit Agricole.

Hacia una salida negociada

Se sumarían, además, entidades nacionales como el Banco de Córdoba y el Bradesco. Además de KPMG y Swiss Medical como acreedores en el rubro servicios. Se supone que enfrente se encontrarán el BICE y el Credicoop trabajarán con el Banco Nación, lo mismo que la AFIP.

Sin embargo, estos últimos no sumarían más de unos U$S 500 millones; pero el grupo privado supera los U$S 800 millones, con lo que se impondrían en la aceptación del caso. Muchos dentro del Gobierno esperan que ahora haya en realidad una negociación con los acreedores públicos, y que la salida sea negociada. Eventualmente, con la presencia minoritaria del estado en el directorio; algo que la familia propietaria rechaza.

Lo último que había avalado Lorenzini, fue el acuerdo entre el 51% de los acreedores para acelerar la resolución del concurso, pero sin garantizar que ese nivel de aceptación alcance además al 66% del capital concursado. En este caso, la mayoría bancos. De antemano, desde el Banco Nación se le hizo saber al juez que no se aceptaría la quita del 80%, afirmando que "la evaluamos como una propuesta abusiva que deja a los acreedores en una mala situación.