Desde esta semana Argentina comparte cartel económico con Ucrania en Washington

Desde hoy, durante toda la semana y al menos en la agenda económica mundial, Argentina compartirá cartel con Ucrania. Comienza la Asamblea General Conjunta de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en Washington, donde el principal análisis del mundo en la sede del organismo que conduce Kristalina Georgieva será debatir y eventualmente ampliar los U$S15.000 millones del crédito que se le otorgaron a Ucrania para que comience la reconstrucción del país.

El crédito fue aprobado hace 10 días por el Board del FMI, y ahora lo que discutirán los participantes del megaevento, es sobre cómo destinar y administrar esos dólares, y cómo evaluar prioridades para orientar el gasto.

Fuera del caso ucraniano, el otro tema que se discutirá en Washington durante la semana será el caso argentino. Con toda la molestia que trae a la capital de los Estados Unidos la situación de un país que no está en guerra, no fue invadida, no sufrió directamente consecuencia de una crisis financiera mundial, pero, sin embargo, presenta los peores números macro posibles, además de detentar el mayor crédito que haya otorgado el FMI en su historia.

Lo importante del encuentro es que la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa y el presidente del Banco Central Miguel Pesce como autoridades máximas del país tendrá como principal tema de análisis la concreción en la realidad de la promesa que hace 20 días le hizo el mismísimo presidente Joe Biden a Alberto Fernández, en la cumbre de la Casa Blanca de fines de marzo.

El gran hermano

En ese encuentro, el presidente de los Estados Unidos le dio al argentino un compromiso público de habilitación de fondos financieros para que el país pueda encaminar el 2023, bajo la excusa de las consecuencias de la sequía.

El ministro de Economía y la titular del Tesoro norteamericano, Janet Yellen continuaron el diálogo durante los días posteriores a la reunión de la Casa Blanca, y ahora la responsabilidad de la consecutividad de la promesa debe incluir a Georgieva como interlocutora. 

Hay reglas que, se sabe, no se modificarán. La meta anual del 1,9% de déficit fiscal para este año y la frontera infranqueable de una emisión de 0,6% del PBI, no se discuten. Lo sabe Massa y lo asumió como una realidad innegociable.

El tema será entonces flexibilizar cuestiones como los objetivos del año (fundamentalmente los ítems ingresos, gastos, inflación y moratorias previsionales) y ponerle números a la nueva meta anual de reservas del Banco Central; tarea en donde intervendrá directamente Pesce.

Recalculando ingresos fiscales, ahora se hablará sobre las severísimas dificultades que genera la caída en la liquidación sojera en los ingresos por las retenciones a las exportaciones sojeras, y la realidad que marca que la recaudación impositiva está hoy 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación, una variable que el FMI mira de cerca en cada misión fiscalizadora.

Esto, cruzado con la imposibilidad política de avanzar en esta etapa en bajas en el gasto público, provocan que la meta de 1,9% se convierta en difícil de lograr. Aun avanzando con la revisión tarifaria con la eliminación de subsidios a los consumidores de mayores recursos.

Cuentas en ajuste

Se descarta que Georgieva insistirá en el no, lo mismo que Yellen, con lo que se deberá trabajar en el rubro control de gastos y mejora de ingresos. Ahí empieza a tallar que desde Washington se crea en la promesa de Sergio Massa de trabajar sobre las tarifas de los servicios públicos.

Según la información que llega desde la sede del Fondo en Washington, varios de los países con peso específico (al menos oral) en el Directorio de la entidad que maneja Kristalina Georgieva, quieren más precisiones sobre la situación real de la Argentina. Y cuáles son las posibilidades concretas de que caiga el acuerdo en el corto o mediano plazo.

Los embajadores presentes en el Board, que representan a los estados accionistas de la entidad, leen y escuchan permanentemente las noticias que llegan desde Buenos Aires que hablan de las dudas que existen en la Argentina, no sólo ante la meta de aumento de reservas (ya anunciada su renegociación), sino del cumplimiento del déficit fiscal de 1,9% pactada para el 2023; y que para el staff técnico del FMI es irreductible.

Muchos de los países integrantes del Directorio, habían marcado en la difícil sesión del 25 de marzo del año pasado, cuando se aprobó el crédito de Facilidades Extendidas, que Argentina volvería a caer en default ante el FMI, y que nuevamente habría que renegociar rápidamente. Y la mayoría de los integrantes del Directorio ya habían anticipado que ese momento llegaría este mismo año.

En esta posición militaban, entre otros, Japón, los Países Bajos y Gran Bretaña; quienes en realidad siempre muestran posiciones duras contra el país. En el otro costado, defendieron aquel día la posición nacional Alemania, Francia y, en parte, Canadá. Luego fueron los Estados Unidos quienes, sin intervenir verbalmente, definieron con su voto positivo la balanza a favor del acuerdo.

La posición de este país, que con el 17% de los votos domina el organismo, era que debía aprobarse el Facilidades Extendidas, pero responsabilizando directamente al staff del FMI por la fiscalización del acuerdo. Aquel 25 de marzo había quedado en claro que el entonces director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn (hoy en la titularidad del Banco Interamericano de Desarrollo, BID), debería concentrarse en que Argentina no volviera a caer.

O, caso contrario, fiscalizar con marca hombre a hombre al país para informar al Directorio antes que a nadie, si el gobierno argentino tuviera dificultades serias de cumplir el acuerdo. Goldfajn ya no está. Y su reemplazante, el chileno Rodrigo Valdes asumirá los primeros días de mayo.

El poroteo

En el tema votos del Board, la situación está marcada de manera clara. Cada estado soberano tiene un porcentaje de votos, dependiendo de su PBI, reservas y aportes directos al funcionamiento del organismo con sede en Washington. Cualquier acuerdo normal (Stand By o Facilidades Extendidas) es aprobado con un porcentaje mínimo del 70%, pero se necesita mayoría del 85% para planes especiales o alteraciones de la Carta Orgánica.

Recientemente, esta mayoría fue la necesaria en casos como la crisis griega de 2010 y la de Portugal de 2011. La necesidad de lograr ese porcentaje fue lo que le jugó en contra a la Argentina en 2001, cuando se desaprobó en el Directorio el último desembolso comprometido en el acuerdo vigente ante la negativa de Estados Unidos de avalar la propuesta (por recomendación directa de la número dos de organismo de esos años, Anne Krueger), así como la aprobación del pacto de 2003, cuando Néstor Kirchner negoció directamente con George Bush un plan de cuotas por fuera de los tratados vigentes.

En el caso actual, también se hace imprescindible que el director norteamericano avale el pedido, ya que su voto a favor o en contra (o su abstención) definirá la suerte de la propuesta argentina. En total el Board está integrado por 24 directores ejecutivos que representan porcentualmente diferentes niveles de poder dentro del organismo. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido pueden elegir un director sin ayuda de ningún otro país. China, Arabia Saudí y Rusia eligen de facto un director cada uno; mientras que los 16 restantes lo eligen según bloques de estados. Argentina,  ocupa el grupo con Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.