Rodolfo Barra, el funcionario que manejará deudas por US$ 25.000 millones

Rodolfo Barra fue confirmado como el procurador del Tesoro de la Nación, con lo que se convertirá, una vez que asuma, en uno de los funcionarios más importantes de la gestión económica del gobierno de Javier Milei. El exmiembro de la Corte Suprema y ministro de Carlos Menem, tendrá que negociar no menos de 25.000 millones de dólares en juicios contra la Argentina, que el país viene heredando de la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Es tarea del Procurador (cargo que hasta el domingo ocupa Carlos Zannini), tiene la tarea de defender al Estado nacional, tanto en las causas internas como externas, y es en este último ámbito en el que Barra deberá demostrar habilidad y capacidad negociadora, fundamentalmente en los tribunales de Nueva York, donde el país se juega dos megacausas.

La primera, y más importante por calidad y monto, será la correspondiente a la manera en que se renacionalizó YPF en 2012, y que, como piso, representa un pasivo de no menos de US$16.000 millones. Al menos según el fallo de la jueza Loretta Preska.

El otro caso, que comparte tribunales en Nueva York y Londres, es por la manera en que se manipularon los datos del PBI del 2013, y que sumarían otros US$ 6.000 millones, por no haber liquidado el cupón de los bonos renegociados en 2005.

Tienen algo en común estas dos causas. Ambas deberán tener resolución durante la gestión de Milei, ya que tienen definición en primera instancia. Incluso si llegaran a la Corte Suprema de los Estados Unidos, los tiempos marcan que tendrán una sentencia definitiva en menos de cuatro años. Y probablemente en una definición contraria a la Argentina.

Errores no forzados del kirchnerismo

Dicho de otra manera. Milei deberá ver cómo paga estos dos juicios. A estas causas hay que sumar otros 10 casos en los tribunales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones Internacionales (CIADI), dependiente del Banco Mundial, y donde Argentina tiene un récord: perdió todos los juicios. Especialmente los derivados de las renacionalizaciones y suspensiones de privatizaciones de la década de los 90, sin respetar los contratos firmados. Nuevamente, en su totalidad, se trata de casos decididos durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. 

Hasta aquí, y como consignó este medio, Loretta Preska se manejó con mucho tacto político y esperó a que el país termine su proceso electoral, para avanzar. Según los tiempos de la jueza de Nueva York que maneja el caso YPF, antes del 15 de diciembre Argentina debería definir si aporta o no garantías por esos 16.000 millones de dólares del juicio perdido. Y, si no se aportan, la magistrada podría avanzar en el pedido del que tiene el fallo favorable, el fondo Burford Capital, para que comiencen las incautaciones judiciales y embargos contra bienes del Estado argentino.

Se cree que en Estados Unidos. Salvo que Preska siga la jurisprudencia de su antecesor Thomas Griesa, y acepte reclamos de embargos fuera del país como el de la fragata Libertad en Ghana entre el 4 de octubre y el 19 de diciembre de 2012, durante el Juicio del Siglo entre el país y los fondos buitre que terminó en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri.

El fallo de Preska se prestaría para esto. Especialmente, al momento de determinar quiénes son los culpables de haber ignorado a los accionistas de YPF, que deberían haber recibido el mismo trato que la española Repsol, al momento de renacionalizar la petrolera en 2012.

Según la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, el Congreso Nacional al aprobar la ley correspondiente a la acción de toma de control de YPF y el Poder Ejecutivo que no tuvo en cuenta en ningún momento los derechos de los accionistas minoritarios; fueron quienes le otorgaron argumentos a los demandantes Burford Capital y Eton Park, para que estos puedan reclamar ante los tribunales de Manhattan; al considerarse vulnerados sus derechos resguardados por los organismos reguladores de Wall Street.

Argumentos en contra

Para Preska, siguiendo jurisprudencia histórica de los tribunales norteamericanos, las leyes locales son de inferior calidad en el otorgamiento de derechos que las regulaciones legales de la bolsa de comercio de los Estados Unidos, al considerar que es una elección particular de las empresas privadas (en este caso YPF) cotizar en la bolsa neoyorquina. Y que, al hacerlo, se aceptan las reglas locales.

Se considera que ninguna legislación particular de un estado independiente y soberano, tiene mayor alcance que las normas del lugar, dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario.

En consecuencia, para el fallo de YPF la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los demandantes de haber recibido una oferta similar a la de recompra de Repsol. Y quienes avanzaron sobre estos derechos fueron el gobierno de entonces de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía y principal operador del avance sobre las acciones del Repsol (51%), y el Congreso que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores.

De esta manera, libera de cualquier responsabilidad legal o financiera, tanto a la petrolera como a los anteriores tenedores de las acciones que fueron adquiridas por los demandantes y pertenecientes al Grupo Petersen a través de Petersen Energía y Petersen Investment. El único responsable fue el Estado Argentino, y en consecuencia será el que deba hacerse cargo de las responsabilidades del fallo.

Cupón PBI

La otra causa importante que le estallará a Barra es multinacional, en cuanto a la cantidad de tribunales que intervienen. Es por los pagos del Cupon PBI de 2013 y la manipulación de las estadísticas del Indec para la medición del crecimiento de economía de ese año, cuando -una vez más- gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof comandaba el Ministerio de Economía.

Ya hay definición de este año en Londres, donde el Tribunal Superior de esa ciudad correspondiente a la City, falló a favor de fondos buitre que reclamaban por tenencias de esos títulos públicos por unos 643 millones de euros y US$794 millones, dinero que suma algo más de US$1.460 millones a los que habrá que sumarles intereses y gastos del juicio.

Los fondos demandantes en el Reino Unido son Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited quienes comenzaron en 2019 una demanda por considerar que se habían alterado a propósito los datos estadísticos de crecimiento del PBI de ese año. Según lo pactado en el canje de deuda organizado durante el gobierno de Néstor Kirchner en el canje de deuda del 2005 para regularizar la deuda caída en default de 2001, esos cupones debían pagar dividendos si el país hubiera crecido en 2013 más de 3,26%, algo que se descartaba sucedería.

Sin embargo, la gestión de entonces de Axel Kicillof anunció en marzo de 2014 que Argentina había crecido 2,4%, con lo que no se pagó el cupón. Los tenedores de esa deuda consideraron que hubo una alteración en la forma en que el INDEC medía el producto, lo que luego fue confirmado por los jueces ingleses. 

¿Otros US$ 5000 millones?

Lo peor del caso, es que la situación del país en Reino Unido por esta causa es sólo una parte de la demanda. La más importante es otra etapa de la demanda, pero radicada en el tribunal de Preska. La causa de Nueva York fue iniciada por el fondo buitre Aurelius, por la supuesta “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del INDEC para el ejercicio 2013.

Preska abrió el proceso en febrero del 2014 y resolvió en marzo del 2021 que avanzaría con la causa. La cifra en dólares del eventual reclamo de Nueva York provoca escalofríos: ante un fallo en contra, podrían considerarse perjudicados tenedores por más de US$ 5.000 millones.

De acuerdo con lo explicado por el analista de FinGuru, Sebastián Maril, “según el demandante, el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI de 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor al 3,26% que gatillaba el pago de Cupón del PBI. Fue un anuncio sumamente ‘desprolijo’, que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores”.

Ambos temas, además del CIADI, esperan a Barra en su escritorio. Antes de actuar deberá consultar a Milei cómo quiere encarar la situación. Planteado de otra manera, el futuro procurador del Tesoro tiene que recibir la instrucción sobre si paga o continúa el juicio. Decisión difícil para un gobierno que quiere mostrarse respetuoso de los contratos, más si son internacionales, pero no tiene dinero. Ni lo tendrá por mucho tiempo.