Rodolfo Barra, apremiado y sin vacaciones por la causa YPF en tribunales de Nueva York

Rodolfo Barra respira. Desde Nueva York llegó ayer un poco de aire para que, al menos, pueda acomodarse mentalmente en lo que será el contenido más importante de su gestión. Al menos en cuanto a la cantidad de dólares involucrados. Nada menos que unos U$S 16.000 originales, que podrían transformarse tranquilamente en 20.000 millones de dólares, si se sumaran intereses, punitorios y gastos legales varios. Incluyendo honorarios de abogados millonarios.

La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito Sur de Nueva York aceptó el pedido de la República Argentina, presentado con la firma de Barra, el Procurador del Tesoro (la repartición que debe seguir el tema), y extendió el plazo para que se presenten los escritos para abrir la segunda instancia por el juicio que en país perdió por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012.

Ahora, habrá tiempo hasta el 22 de febrero del próximo año para presentar lo escritos correspondientes, e iniciar el proceso de apelación del caso; que seguramente terminará en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. En principio, los papeles para abrir la segunda instancia debían presentarse el 10 de enero, pero los abogados que representan al país le pidieron a la Cámara más tiempo debido al cambio de gobierno y a la necesidad de atender otro problema urgente.

La jueza Loretta Preska no modificó la fecha del 10 de enero para que el país presente su propuesta de Garantías para habilitar la segunda instancia, mecanismo inevitable para evitar embargos reclamados de los fondos Burford Capital y Eton Park, los vencedores en primera instancia.

Ardua tarea por delante

Según menciona el analista y experto en temática judicial en los tribunales norteamericanos Sebastian Maril, la fecha del 10 de enero quedó para la jueza de primera instancia del distrito dos de Nueva York, esa presentación no puede modificarse y representa un paso previo imposible de evitar para habilitar la apelación de la causa.

Barra debe trabajar ahora a destajo para cumplir con el compromiso. El exmiembro de la Corte Suprema y ministro de Carlos Menem, que tendrá que negociar no menos de 25.000 millones de dólares en juicios contra la Argentina, debutará en estas lides ante Preska, y será en ese evento donde deberá demostrar habilidad y capacidad negociadora.

Hasta aquí, y como consignó MDZ, Loretta Preska se comportó como una dama, y esperó a que el país termine su proceso electoral y la asunción de las nuevas autoridades para avanzar en el inicio de la causa. La magistrada esperará al 10 de enero, y luego podría avanzar en el pedido del vencedor, el fondo Burford Capital, para que comiencen las incautaciones judiciales y embargos contra bienes del Estado argentino.

Se cree que será en Estados Unidos. Salvo que Preska siga la jurisprudencia de su antecesor Thomas Griesa, y acepte reclamos de embargos fuera del país como el de la fragata Libertad en Ghana entre el 4 de octubre y el 19 de diciembre de 2012, durante el Juicio del Siglo entre el país y los fondos buitre que terminó en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri.

El fallo de Preska se prestaría para esto. Especialmente, al momento de determinar quiénes son los culpables de haber ignorado a los accionistas de YPF que deberían haber recibido el mismo trato que la española Repsol, al momento de renacionalizar la petrolera en 2012.

La mala praxis de Kicillof

Según la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, el Congreso Nacional al aprobar la ley correspondiente a la acción de toma de control de YPF y el Poder Ejecutivo que no tuvo en cuenta en ningún momento los derechos de los accionistas minoritarios, fueron quienes le otorgaron argumentos a los demandantes Burford Capital y Eton Park, para que éstos puedan reclamar ante los tribunales de Manhattan, al considerarse vulnerados sus derechos resguardados por los organismos reguladores de Wall Street.

Para Preska, siguiendo jurisprudencia histórica de los tribunales norteamericanos, las leyes locales son de inferior calidad en el otorgamiento de derechos que las regulaciones legales de la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, al considerar que es una elección particular de las empresas privadas (en este caso YPF) cotizar en la bolsa neoyorquina. Y que, al hacerlo, se aceptan las reglas locales.

Ninguna legislación particular de cada estado independiente y soberano tiene mayor alcance que las normas del lugar, dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario. En consecuencia, para el fallo de YPF, la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los demandantes de haber recibido una oferta similar a la de recompra de Repsol.

Quienes avanzaron sobre estos derechos fueron el gobierno de entonces de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía y principal operador del avance sobre las acciones del Repsol (51%), y el Congreso que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores.

El fallo de Preska libera de cualquier responsabilidad legal o financiera tanto a la petrolera como a los anteriores tenedores de las acciones que fueron adquiridas por los demandantes y pertenecientes al Grupo Petersen a través de Petersen Energía y Petersen Investment. El único responsable fue el Estado argentino, y en consecuencia, será el quién deba hacerse cargo de las responsabilidades del fallo.