Energía y Ambiente, ¿un rejunte o una oportunidad?

Los primeros días de gestión para un ministro o ministra de ambiente en Mendoza suelen ser agitados. Para empezar, la primera meta es “pasar el verano”, frase que se ha viralizado por estos días por otros motivos, y en la cartera ambiental esto implica que nadie se muera en el Aconcagua, en los espejos de agua y con incendios rurales, que son tres áreas de competencia del Ministerio de Energía y Ambiente.

Y la idea de que algún borracho imprudente muera al caer al agua, o que el infortunio se lleve la vida de algún montañista no solo representa -más allá de la desgracia- un problema de gestión, sino que además coloca las miradas de la sociedad sobre los sistemas de seguridad y preventivos que se emplean desde el estado para evitar o minimizar la cantidad de muertes y daños materiales.

Quienes conocemos el ámbito gubernamental provincial, sabemos que tanto el personal como los recursos materiales para proteger a la gente en los espejos de agua, en las áreas protegidas o frente a los incendios rurales, han sido diezmados por largos años de reducción de contratos, políticas de retiro anticipado o por no reemplazar al personal que se jubilaba. La pandemia y la situación económica del país solo agravaron la situación porque los fondos del estado nacional se hicieron más esquivos con Mendoza, pero tampoco la provincia invirtió lo suficiente como para asegurarse la mayor efectividad al momento de actuar.

Otro frente de batalla es la reconstrucción de la trama que rodea a la institucionalidad ambiental. Casi todas las áreas de gobierno tienen sus grupos defensores y detractores, es una lógica basada en que algunas medidas son decididamente perjudiciales para ciertos grupos o no son compartidas en sus fundamentos, mientras que del otro lado hay militantes y simpatizantes que apoyan esas medidas y sostienen con su número o poder percibido las políticas públicas. Pero en el caso de la temática ambiental esas diferencias se diluyen, ya que no existe sector ni institución, ni ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales que acuerden con las medidas que la cartera ambiental ha tomado en los últimos años. Es toda una señal de que las cosas deben cambiar.

Ni siquiera en la faz legislativa hemos visto coordinación, a la vista de los escasos proyectos de ley que se han presentado para proponer soluciones a la problemática ambiental. Quizá aquí esté el desafío más importante de la gestión, la de reconstruir la trama interinstitucional y volver a coordinar planes y programas de acción con las organizaciones sociales, las empresas, las universidades y sectores de ciencia, entre otros.

Respecto del financiamiento, es necesario reactivar aquellos fondos que la provincia se “olvidó” de gestionar, como el que provee la ley nacional de bosques nativos, y que iban a parar directamente a los propietarios de bosque nativo como compensación por mantenerlos en pie, asegurando una masa forestal adecuada para prevenir los procesos de desertificación, pérdida de biodiversidad y otros. La falta de rendiciones claras en el período 2010-2015 obligó a las autoridades nacionales a restringir los fondos hasta que dejaron de llegar. Y durante el periodo 2016-2023 poco se hizo para resolver la situación. De hecho, no se volvieron a realizar las convocatorias anuales porque el gobierno provincial decidió “cerrar” la ventanilla con el argumento de que el proceso no era lo suficientemente transparente. Millones de pesos se perdieron desde entonces.

Otro desafío no menor es la relación con los municipios. En estos últimos años los municipios han seguido su camino como han podido, algunos con más recursos y otros con la voluntad y la magia de tener que gestionar la problemática ambiental dentro de un conjunto de prioridades críticas que no resisten la quita de recursos. La ley provincial nro. 8051/09 en su artículo 51 establece que la masa coparticipable a los municipios será del 1% del total de los impuestos inmobiliario e ingresos brutos, destinado a todo lo relacionado al ordenamiento territorial. Esto ahora será problema del ministro Mema, pero lo cierto es que desde 2009 a la fecha ninguna administración cumplió con este artículo, desfinanciando los procesos de ordenamiento ambiental del territorio. Para que la relación con los municipios prospere, tendrán que mandar recursos para equipamiento, capacitación y proyectos específicos.

Los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de obras y proyectos será otro enorme desafío, ya que los proyectos energéticos suelen ser complejos y requieren de extensos estudios preliminares que otorguen factibilidades precisas para seguir avanzando. ¿Cómo procederá la ministra ante el apuro del gobernador o de otros ministros para aprobar obras de energía, siendo que el área a su cargo estará de los dos lados del mostrador? Las experiencias anteriores no han sido buenas, pero tengo expectativas positivas de que alguna vez la situación cambie.

Y para finalizar, el gobierno saliente deja un conjunto de más de 40 normas con incidencia ambiental que no ha cumplido o no ha hecho cumplir a los destinatarios, dejando un estado de “anarquía ambiental” que es necesario resolver con más controles y con medidas preventivas, mitigadoras y compensatorias del daño ambiental. Justo es reconocer que no todos los incumplimientos se gestaron en estos últimos ocho años.

Para que este sistema funcione, la institucionalidad pública ambiental debe coordinar y cooperar con muchos sectores que han sido olvidados por anteriores funcionarios. Nadie quiere que ocurra otro diciembre del 2019 con ochenta mil personas reclamando por un gobierno ciego y sordo que intentó ejecutar una reforma promovida por sectores minoritarios. Le deseo una gestión exitosa a la ministra, pero sepa que un componente fundamental será recuperar el diálogo perdido. Para ello, nada mejor que una vieja frase que retomó un candidato a gobernador en las últimas elecciones para ejemplificar el proyecto de reconstruir lo que ha quedado en escombros: “tenemos que hablar”.