Avanza el juicio por la estatización de YPF con buenas y malas noticias para Argentina

Loretta Preska se portó como una dama. No emitió ningún tipo de avance en su fallo contra Argentina por la manera en que se estatizó YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hasta ayer, que dictaminó que el país no deberá depositar los U$S 16.000 millones de garantías que le debería pagar a los fondos vencedores Burford Capital y Eton Park.

Antes de esta decisión, la jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan, demostró conocimiento de la situación del país y muñeca política ante la realidad nacional, al esperar que termine el domingo pasado el proceso electoral que llevó al encumbramiento de Javier Milei a la Casa Rosada.

Sabía la jueza (tiene fuentes importantes en el país) que no sería lo mismo un triunfo del libertario o de Sergio Massa. Y que, con el tiempo (más tarde o más temprano), el presidente electo tendrá más voluntad de cerrar el caso, reconocer el fallo y, en definitiva, cumplir con su fallo. Conoce Preska, además, la realidad de la economía argentina, que impone una situación imposible de modificar: el dinero para cumplir con el pago que dictaminó su decisión, simplemente, no está. Y por mucho tiempo, no estará.

Ante este panorama y la presión de los vencedores por la obligación de ir cerrando la etapa de la primera instancia judicial de Nueva York, Preska debió tomar una decisión. Esta fue ratificar, una vez más, el fallo en contra de Argentina, ratificar el dinero que habría que liquidar para cerrar la causa, mencionar que son U$S 16.000 millones, aclarar que, si bien la Nación tiene la oportunidad constitucional de apelar el fallo y llevarlo eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, debería pagar o, al menos, garantizar que tiene voluntad de pago. Algo que Argentina no demostró hasta aquí.

Opciones sobre la mesa

Lo más fácil para la jueza era exigir el depósito de dólares en efectivo en una cuenta en custodia judicial en los Estados Unidos. Sin embargo, y sabiendo que las arcas públicas locales no tienen un solo dólar para destinar a este fin, Preska decidió darle la oportunidad al país para que cumpla con su compromiso aportando activos físicos y financieros. Esto incluye bienes inmuebles del país en el exterior, acciones en poder del Estado nacional (por ejemplo, las revalorizadas de YPF) o algún tipo de caución.

Sin embargo, la jueza puso una fecha compleja para cumplir con el compromiso: el 5 de diciembre, cuando aún estará en funciones Alberto Fernández, presidente imposibilitado política y financieramente de tomar semejante decisión. En consecuencia, no se ejecutarán esas garantías y Preska se verá obligada nuevamente a decidir cómo actuar. Tendrá dos posibilidades.

O apela nuevamente a su muñeca política y espera a que asuma Javier Milei y su equipo para negociar (será a través de la Precuración General del Tesoro, donde aún no hay candidato) o acelera los tiempos y habilita embargos al estilo del extinto juez Thomas Griessa. Se verá. 

Tal como contó este medio en marzo pasado, el fallo de Loreta Preska es claro. Especialmente, al momento de determinar quiénes son los culpables de haber ignorado a los accionistas de YPF, que deberían haber recibido el mismo trato que la española Repsol, al momento de renacionalizar la petrolera en 2012.

Según la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, el Congreso Nacional, al aprobar la ley correspondiente a la acción de toma de control de YPF y el Poder Ejecutivo que no tuvo en cuenta en ningún momento los derechos de los accionistas minoritarios, fueron los que le otorgaron argumentos a los demandantes Burford Capital y Eton Park, para que estos puedan reclamar ante los tribunales de Manhattan, al considerarse vulnerados sus derechos resguardados por los organismos reguladores de Wall Street.

Argumentos en danza

Para Preska, siguiendo jurisprudencia histórica de los tribunales norteamericanos, las leyes locales son de inferior calidad en el otorgamiento de derechos que las regulaciones legales de la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, al considerar que es una elección particular de las empresas privadas (en este caso YPF) cotizar en la bolsa neoyorquina. Y que, al hacerlo, se aceptan las reglas locales.

Ninguna legislación particular de un Estado independiente y soberano tiene mayor alcance que las normas del lugar, dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario. En consecuencia, para el fallo de YPF, la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los demandantes de haber recibido una oferta similar a la de recompra de Repsol.

Y los que avanzaron sobre estos derechos fueron el gobierno de entonces de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía y principal operador del avance sobre las acciones del Repsol (51%), y el Congreso, que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores.

Libera de cualquier responsabilidad legal o financiera, tanto a la petrolera como a los anteriores tenedores de las acciones que fueron adquiridas por los demandantes y pertenecientes al Grupo Petersen a través de Petersen Energía y Petersen Investment. El único responsable fue el Estado Argentino, y en consecuencia será el quién deba hacerse cargo de las responsabilidades del fallo.

La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park y llevó la suma a US$ 16.000 millones - inicialmente la indemnización potencial era entre 7000 y 19.000 millones de dólares-, por el proceso comenzado el 16 de abril de 2012, cuando culminaba reingreso del Estado en YPF, terminando con la gestión de Repsol en la petrolera.