YPF: Burford apeló y ahora sólo resta la decisión final de Loretta Preska

El Fondo Burford Capital presentó este viernes ante la jueza Loretta Preska su contra apelación, con la que contestó el movimiento realizado la semana pasada por los abogados de la República Argentina en la causa por la manera en que el país renacionalizó YPF en 2012.

Con esto terminó el último trámite pendiente para cerrar definitivamente la causa, y que la magistrada por el Segundo Distrito Sur de Nueva York tiene sobre la mesa toda la información legal necesaria para resolver definitivamente en su instancia la causa. Esto arrojará dos datos importantes para el país.

Primero y fundamental, el monto exacto que según Preska el país le debería pagar a los dos fondos demandantes (Burford Capital y Eton Park) para cerrar el caso; algo que no sucederá, y que lleva al segundo dato.

Ya estará todo preparado para iniciar la segunda instancia de la causa, en el tribunal de Apelaciones de Nueva York; donde se terminará de dilucidar la última oportunidad para saber si el monto disminuye (porque se descarta que ya es una utopía que Argentina gane el caso).

¿Impacto electoral?

La buena noticia es que Sergio Massa pudo transitar el período preelectoral de la primera vuelta, sin que Preska haya dictado sentencia definitiva. La mala es que el contador volverá a arrancar si es que el candidato presidencial por el oficialismo entra el domingo por la noche en una segunda vuelta.

Tal como contó este medio en marzo pasado, el fallo de Loretta Preska es claro. Especialmente al momento de determinar quiénes son los culpables de haber ignorado a los accionistas de YPF que deberían haber recibido el mismo trato que la española Repsol, al momento de renacionalizar la petrolera en 2012.

Según la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, el Congreso Nacional al aprobar la ley correspondiente a la acción de toma de control de YPF y el Poder Ejecutivo que no tuvo en cuenta en ningún momento los derechos de los accionistas minoritarios, fueron quienes le otorgaron argumentos a los demandantes Burford Capital y Eton Park, para que estos puedan reclamar ante los tribunales de Manhattan, al considerarse vulnerados sus derechos resguardados por los organismos reguladores de Wall Street.

Para Preska, siguiendo jurisprudencia histórica de los tribunales norteamericanos, las leyes locales son de inferior calidad en el otorgamiento de derechos que las regulaciones legales de la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, al considerar que es una elección particular de las empresas privadas (en este caso YPF) cotizar en la bolsa neoyorquina. Y que, al hacerlo, se aceptan las reglas locales.

Es que se parte de la base de que ninguna legislación particular de cada estado independiente y soberano tiene mayor alcance que las normas del lugar, dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario. En consecuencia, para el fallo de YPF, la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los demandantes de haber recibido una oferta similar a la de recompra de Repsol.

Quienes avanzaron sobre estos derechos fueron el gobierno de entonces de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía y principal operador del avance sobre las acciones del Repsol (51%), y el Congreso que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores.

El fallo libera de cualquier responsabilidad legal o financiera, tanto a la petrolera como a los anteriores tenedores de las acciones, que fueron adquiridas por los demandantes y pertenecientes al Grupo Petersen a través de Petersen Energía y Petersen Investment. El único responsable fue el Estado Argentino, y en consecuencia será el quién deba hacerse cargo de las responsabilidades del fallo.

Antecedentes del caso

La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park con una potencial indemnización a los demandantes por entre 7000 y 19.000 millones de dólares, que reclaman por el inicio de proceso comenzado el 16 de abril de 2012, cuando culminaba reingreso del estado en YPF, terminando con la gestión de Repsol en la petrolera.

Unos años después, y cuando ya el gobierno kirchnerista había cerrado la negociación para que los españoles expulsados no hicieran juicio y cobraran al contado su salida por unos U$S 6.500 millones, el fondo Burford, especializado en litigios complejos, se enteró que en unos tribunales madrileños se encontraba una causa por quebrantos de uno de los socios privados de la petrolera.

Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos US$ 1.000 millones) a las arcas del fondo Burford.

Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Desde la Argentina hay pocas expectativas favorables. 

La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera. El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la Justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen.

El gran misterio, por ahora, en esta megacausa es quienes son los socios de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, cuando Argentina pague,  miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio a la causa, Burford vendió a estos accionistas el 15% del juicio en US$ 66 millones en junio de 2017, tres años después de haberlo adquirido en unos 35 millones de dólares en los tribunales madrileños, donde se llevaba adelante el concurso de Petersen Energía y Petersen Inversora.

En aquella operación, el fondo de capitales ingleses especializado en adquirir por el mundo causas judiciales semimuertas para luego inyectarles capital y argumentos penales y comerciales para revivirlas y accionar en consecuencia, había valuado la totalidad de la causa por la renacionalización de YPF en unos U$S 440 millones, mientras le declaraba a Preska por un reclamo general de más de U$S 3.000 millones. Finalmente fueron US$ 16.000 millones.

Con esos 66 millones de dólares de venta del 15% de la causa a los misteriosos accionistas de la causa, Burford Capital pudo solventar todos los gastos de la causa, tanto su adquisición en Madrid, como las acciones judiciales en el Segundo Distrito Sur de Nueva York.

La justicia de los Estados Unidos mantuvo el fallo contra el país y sostuvo que el monto a pagar es de U$S 16.000 millones, de modo que la ganancia de Burford entre la compra de la causa y el cobro final treparía al 45.000% en un juicio de 10 años. Supera incluso al más de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa iniciada en 2006 y finalizada en 2016. Notable.

Qué hay detrás de Burford

Burford no es en realidad experto en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso.

Fue el caso de Petersen, que luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner, y se vio obligado a presentarse en concurso.

Antes dejó claro que no podía seguir adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se decidió reestatizar la petrolera y la prohibición explícita del Gobierno argentino de redistribuir dividendos en la nueva YPF. La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem.

Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.

El tipo de maniobra en que se especializa Burford es ofrecer a tribunales de todo el mundo dinero al contado, a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Burford, un gigante financiero con espaldas amplias, luego aplica el profesionalismo de sus abogados internacionales con toda la paciencia del mundo para esperar los fallos finales. De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio del 2013, con lo que pudo esperar una definición de 10 años. 

El reclamo original del fondo es por los supuestos daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se le hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford le había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía S.A.U. y Petersen Inversora S.A.U. (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012.

Finalmente, el 11 de julio, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.