El monopolio de los sindicatos, el modelo impositivo y las regulaciones laborales destruyen el mercado laboral

Argentina tiene severas complicaciones en materia de trabajo y empleo con legislaciones atrasadas que no acompañan la revolución tecnológica y el mercado laboral del futuro, éstas derivan de normas, principios desarticulados y desactualizados en el tiempo que, resultan por tanto anacrónicos y son parcialmente responsables de las dificultades que encontramos los argentinos para desarrollarnos y construir una sociedad de trabajo basado en el bienestar individual y general.

Nuestro sistema de relaciones individuales del trabajo es en parte, fruto sobre todo de las relaciones colectivas de trabajo, de las decisiones y políticas adoptadas por el primer gobierno peronista.

Ahora bien, mientras los argentinos, o un sector se empecina en mantener aquel orden histórico idealizándolo, los países en desarrollo se han dado a reformar estructurales que le han permitido, crecer y avanzar con la 4° revolución industrial o  Industria 4.0 y la era de la tecnología y la modernización de democracias constitucionales modernas y prósperas dentro de una economía de mercado amplio y competitiva.

En Argentina la acción del Estado en la promoción de políticas de empleo fue un fracaso en los últimos 20 años. El rol del Estado desde comienzos del siglo XX ha denotado un retroceso en material laboral y generación de empleos y avance de la tecnología que hace que, en la actualidad, haya más trabajadores en negro que registrados y que la mitad de los registrados vivan a costilla de un Estado elefántico y deficitario.

Uno de tres principales problemas que en la actualidad tiene el mercado del trabajo es la burocratización de nuestras organizaciones sindicales, el monopolio que consagra la personería gremial de unicato sindical, el centralismo unitario y la falta de ideas y revisión de los CCT han restado a la acción colectiva de los trabajadores y han insertado el conflicto en una guerra absurda entre empleadores y trabajadores.

La pobreza de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), muchos de ellos anclados en 1975, la decisión de excluir acuerdos por productividad, sectoriales y la efímera capacitación de sus afiliados, hace que la palabra sindicalismo sea un vocablo demoledor para el trabajo y el empleo.

Debemos enriquecer los contenidos de todos los CCT vigentes, así como el nacimiento de nuevas unidades de contratación colectiva y la inversión en capital humano, mientras el avance de las nuevas tecnológicas, estas deben ser reformas estructurales fundamentales para el crecimiento del país.

Separar la propiedad de la gestión sindical de las obras sociales de su estructura mafiosa, democratizando su funcionamiento, insertándolas dentro de un sistema nacional integrado de salud.

Los otros dos problemas principales del mercado laboral residen en el modelo impositivo y las malas regulaciones laborales.

La estructura institucional de nuestra economía laboral y su funcionamiento práctico, obstruyen la creación de empleo, las mejoras de la productividad y el desarrollo económico. En muchos aspectos, nuestras reglas en materia económica hacen que sea el Estado el protagonista y se convierta en una empresa proveedora de recursos para sectores improductivos.

Nuestro sistema jurídico laboral esta sobrecargado de normas dictadas, sin atender al apego de una democracia constitucional y a la economía del mercado del trabajo.

Muchas de las incongruencias del sistema jurídico laboral han nacido con la intención de corregir inequidades y son responsables directas de las injusticias y de las debilidades institucionales y económicas que padecemos a lo largo de décadas.

Un marco legal favorable a la generación de empleo puede estimular el crecimiento económico, regulaciones que favorecen la capacitación, la educación y la formación del capital humano, lo que conlleva a salarios prósperos y de eficiencia, cuya única consecuencia es impulsar la productividad.

Debemos diseñar un sistema estructural de fondo legislativo que reforme el régimen de despido, sin perjuicio de la garantía constitucional contra el despido arbitrario; reducir la jornada excesiva de trabajo en favor de la producción y el desarrollo de las empresas y la recreatividad de los dependientes. Además, es fundamental derogar la ley de derecho de huelga, dejando
librado su ejercicio a las pautas aprobadas por el comité de libertad y democracia sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En Argentina el Estado peca cuando interviene y también cuando no lo hace. Parece una afirmación contradictoria que se saldaría muy fácil. El Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos sin favoritismos ni ventajas con la ley como parámetro. Lamentablemente, la política encuentra sus monedas de cambio más miserables en la necesidad y un día ese círculo también se agota, porque sólo lo convierte en un socio de que la pobreza siga como está.

* Juan Pablo Chiesa es abogado especializado en Empleo y Políticas Públicas, escritor, docente y presidente de Aptitud Renovadora.