"Que paguen los ricos": la nueva estrategia oficial para aumentar y segmentar tarifas

Volverá a tratarse uno de los capítulos más polémicos de la economía argentina, y que mayores problemas generó dentro de la coalición oficial. Se trata de la segmentación de tarifas de los servicios públicos, que será uno de los temas que el Gobierno retomará, con la coordinación de la nueva jefatura de Gabinete que maneja Juan Manzur.

En esta oportunidad, para que tenga un marketing algo más "Nac&Pop", será calificado como uno de los tantos tópicos vinculados con la eterna batalla "contra los poderosos". El más entusiasmado con la idea es Martín Guzmán. Sabe el ministro de Economía que si quiere pensar en un 2022 con los números ordenados y un Fondo Monetario Internacional (FMI) levemente entusiasmado con el futuro de un Facilidades Extendidas; debe mostrar en Washington un plan creíble en cuanto al manejo de las tarifas de servicios públicos en la electricidad y el gas y en particular lo que se destina a subsidios.

La intención del gobierno es reducir el  abultado monto de dinero que el sector público debe destinar a aplanar el costo a los ciudadanos de las tarifas, y lograr el complicado fin que el Estado sólo subsidie a los consumidores que lo necesiten. O, como mínimo, que el dinero no se destine a los sectores de mayores ingresos. Dicho de otra manera, dejar de aplicarlo "a los ricos". Se debatirá quién lo es y quién no.

Salir del silencio

Se sabía que Guzmán trabajaba en silencio sobre el tema, elaborando un plan de segmentación que debería ser presentado en sociedad luego de las elecciones de noviembre. Ahora el tema será público, lo excederá en responsabilidades y pasará a ser jurisdicción compartida con Manzur y su gente. Sólo así, saben todos los actores, el proyecto puede tener condiciones de supervivencia presupuestaria en su tratamiento en el Poder Legislativo. Lo que no quiere decir que luego se apruebe tal cual será diseñado en el Ejecutivo.

El objetivo de Guzmán es reducir el abultadísimo porcentaje sobre el PBI que tienen los subsidios a las tarifas públicas, dato que inmediatamente se traslada al déficit fiscal. Según los números en los que coinciden tanto el sector público como los privados, este 2021 se deberá destinar un 2% del PBI a atender esta cuenta, incluyendo la importación, generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas. Se suman, además del consumo directo de las familias por el suministro, las garrafas y el transporte automotor, ferroviario y aerocomercial. Según un informe de comienzos de año de la consultora Ecolatina, “los subsidios energéticos representaron tres de cada cuatro pesos gastados en transferencias económicas corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, siendo equivalentes a casi el 2% del PBI”.

Economía sabe que la inflación, la suba de los precios internacionales, el aumento de los costos en las empresas concesionarias involucradas y la alteración del tipo de cambio influyen directamente en el precio final de las tarifas; y que el subsidio es el mecanismo para que el incremento no se traslade de manera plena. Teniendo en cuenta también, por imposiciones de la política, que el incremento de las tarifas en este 2021 será de menos de un dígito porcentual para todos los consumidores; ese porcentaje de 2% total podría incluso incrementarse. Guzmán quiere cortar con esta tendencia, y que esto figure en el diseño del Presupuesto para 2022. Sabe que no podrá hacer una “revolución” tarifaria y que sólo obtendrá victorias parciales y limitadas por “la política”. Su objetivo entonces es limitar vía segmentación del subsidios al carácter “pro-rico” del esquema actual. 

Adecuación y criterios

Si bien aún no es el momento de números finales, la intención es que ese porcentaje se reduzca gradualmente con los años, llevando a un nivel no mayor a 1% en cuatro ejercicios. No es un cronograma al azar. Desde 2026, un año después, el Gobierno debería comenzar a pagar al FMI un eventual Facilidades Extendidas; y para ese ejercicio el superávit fiscal primario debería ser una realidad.

La pregunta inevitable ante el panorama es, cuál será el criterio para definir al consumidor de mayores recursos y que parámetros porcentuales se aplicarán para la eliminación del subsidio. Por lo que se sabe, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) está trabajando con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); mientras que el Enargas trabaja bajo datos propios.

Guzmán había dejado en claro su posición en mayo pasado al declarar que Argentina sostiene “un sistema de subsidios energéticos que es pro-ricos”, y que “en un país con 57% de pobreza infantil, estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y de gas en una parte de nuestra población que hoy no es prioritario que reciba esas transferencias”, subrayó entonces el ministro. “Los subsidios terminan en barrios en donde vive gente de altos ingresos, cuando estos recursos tienen que ser utilizados para aquellos que más necesitan”.

Guzmán confía en poder llegar a un acuerdo más político que económico con toda la coalición gobernante, para poder reducir los subsidios a las tarifas vía las segmentaciones; y que este esquema pueda ya aplicarse en 2022.