Dólar: el plan de disciplinamiento para controlar el precio que el Gobierno festeja como exitoso

Para el Gobierno, la corrida contra el peso terminó. Según la visión oficial, las medidas aplicadas por el Banco Central de restricciones al acceso al dólar CCL (y en consecuencia a su primo hermano el MEP), hicieron que ese mercado termine de tranquilizarse en valores superiores a los 166 pesos; con un oficial que prácticamente no se movió en las últimas semanas (101,48 y 167,44 según la versión), y un blue en nuevos pisos de cerca a los 176 pesos; con la "indicación" que marcaron las manos amigas que a los 180 pesos llegan masivamente la oferta de divisas.

En este último mercado, el Gobierno se entusiasma en haber demostrado capacidad de fuego disciplinadora; en referencia a la intervención del lunes pasado donde en los últimos 40 minutos de operatoria en el blue (que sigue siendo ilegal) apareció una sola oferta por unos 800.000 dólares redondos, a un valor de 176 pesos finales. Como muchos operadores de ese mercado habían girado compras a 180 pesos, se interpreta en oficinas financieras vinculadas al oficialismo que hubo bastantes pérdidas entre los que compraron a esos precios entre el viernes y el mismo lunes.

Se interpreta también que muchos de los operadores quedaron sorprendidos con el tamaño, velocidad y capacidad de intervención indirecta del Gobierno, y que por un tiempo quedarán agazapados esperando nuevas oportunidades. Mientras tanto, desde el oficialismo, lo que se festeja es que el tipo de cambio (con nuevos precios en el CCL/MEP y el blue por cierto), volvió a tranquilizarse sin mayores expectativas devaluatorias. Esto lo indicaría el hecho que las compras de divisas del BCRA se mantuvieron en estos días de julio en el mismo promedio de 200 millones diarios; un ritmo incluso superior a lo que se registraba en junio.

A ojos del BCRA lo que se estaría percibiendo, es que los últimos resabios del año de liquidaciones sojeras se están acelerando este mes, ante la certeza que no habrá mejores precios en el futuro; y que las compras de insumos y gastos para la próxima campaña deben concretarse en estos tiempos. El panorama es entonces, para el oficialismo, algo alentador; teniendo en cuenta que son tiempos de alta negociación política, donde las elecciones de septiembre y noviembre son el principal faro; y donde lo último que se necesitaría son alteraciones cambiarias. Sin embargo, algo empaña el análisis optimista del gobierno y sus aliados: la brecha cambiaria supera el 75%; y, como afirman todos los referentes económicos del oficialismo, por encima del 50% la economía real se vuelve algo inviable.

Martín Guzmán, conforme

Son momentos de conformidad para Martín Guzmán. El ministro de Economía cerró en Venecia las jornadas más largas de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llegando a acuerdos bastante sólidos para avanzar en un acuerdo de Facilidades Extendidas, para que el país pueda renegociar los U$S44.500 millones que se le deben por el Stand By firmado en agosto del 2018.

Guzmán, junto con el delegado del gobierno ante el FMI Sergio Chodos, pudieron negociar en tres reuniones de varias horas con la directora adjunta del Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y el jefe de la misión argentina del Fondo, Luis Cubeddu, y llegar a varios acuerdos base para, hacia delante, diseñar el contenido de la Carta de Intención que luego daría lugar al Facilidades Extendidas. Las partes emitieron comunicados similares con contenidos que dejan entrever por donde pasan las coincidencias.

Por ejemplo, desde Economía se publicó que "las reuniones de los equipos técnicos arrojaron avances y entendimientos en temas clave del programa económico del Gobierno con el que se busca apuntalar la recuperación económica con creación de trabajo, crecimiento con agregación de valor y estabilidad macroeconómica duradera". Y que "en particular, se lograron avances concretos en entendimientos en cuanto a políticas para el desarrollo del mercado de capitales doméstico, la administración tributaria y el desarrollo de sectores generadores de divisas".

Se percibe que las preocupaciones se centran en la necesidad de la Argentina de generar dólares a través de exportaciones, de normalizar el mercado de capitales argentino y de tener un sistema tributario serio; todas consideraciones algo primarias pero necesarias. Faltan obviamente las precisiones más importantes. Las que indiquen las metas fiscales, monetarias, financieras y macroeconómicas que el país debería cumplir entre el 2022 y el 2026, año en el que el país debería comenzar a pagarle al organismo un Facilidades Extendidas firmado a 10 años con un plazo libre de 4,5 años sin pagar.

Guzmán llegará así al ministerio de Economía (y visitará a Alberto Fernández) con la certeza que se avanzó seriamente (quizá como nunca desde febrero de este año), en un acuerdo con el FMI. Y que si bien faltan muchos temas centrales, se está más cerca de la fumata blanca. Así lo reflejó ayer el mercado, con bonos recuperándose ante las buenas señales.

Sin embargo, aparecen los problemas de siempre. En paralelo a la emisión del comunicado de Economía, también se conocieron las declaraciones de la diputada nacional Fernanda Vallejos, muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner. La legisladora, en una conferencia vía zoom, declaró que "se pretenda que nos ajustemos a la rigidez de un Crédito de Facilidades Extendidas, devolviendo en las condiciones y plazos estipulados para un préstamo convencional” un crédito “anómalo, por donde se lo mire”, ya que “representó más del doble de lo que debió habernos correspondido”, además de que “hubiera debido existir un análisis riguroso de la situación que, por supuesto, no existió ni pudo haber existido en el exiguo plazo de un mes que fue lo que, de forma inaudita, se tardó en aprobar el mayor préstamo en la historia del país y del FMI”.

Apelando a las variables económicas y a las posibilidades objetivas de las cuentas públicas de la Argentina, la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados planteó que “las argentinas y los argentinos no debemos evitar hacernos preguntas como ¿cuál debería ser el superávit fiscal primario para hacer frente a los intereses? ¿Cuál el tamaño y dónde debería afrontarse el ajuste para alcanzarlo? ¿Cuántos los excedentes económicos para repagar los vencimientos de capital? ¿Cuánto el saldo de la cuenta corriente para proveer las divisas necesarias? Y, de nuevo, ¿cuánto el ajuste sobre la demanda y la actividad para garantizar un bajo nivel de importaciones y un alto nivel de saldos exportables compatibles con un saldo comercial acorde a esos compromisos?”.

Las presiones de Máximo

El jueves pasado había sido el titular del bloque del oficialismo Máximo Kirchner el que embistió contra las negociaciones de Guzmán, afirmando que un acuerdo a 10 años era inaceptable asegurando: "¿Ustedes creen que se puede pagar en diez años el préstamo?". Sobre el punto, Vallejos aseguro que “proyecciones tanto propias como de colegas, nos permiten afirmar que una renegociación a 10 años con un Plan de Facilidades Extendidas y una tasa de interés reducida, del 2% anual, contemplando los vencimientos de capital e intereses de la deuda externa nacional con acreedores privados, con el FMI, con otros organismos internacionales y la correspondiente a las provincias, exigiría al país destinar unos 15.000 millones de dólares por año para cancelar vencimientos”. También sostuvo que “ampliando los plazos hasta 20 años y reduciendo la tasa de interés, la situación mejora, pero no la transforma en una panacea.” Es evidente que a Guzmán le costará lograr el apoyo legislativo, no de la oposición, sino del propio frente interno.

*La cercanía, o no, del acuerdo con el FMI hace que los economistas concentren sus informes en el panorama de la macro actual ante el matiz de las discusiones externas e internas por el Facilidades Extendidas y su vinculación con el mercado cambiario. En este marco, el último informe de la consultora PxQ que dirige Emmanuel Alvarez Agis asegura que:

El análisis de experiencias similares de re-unificaciones ante la existencia de brechas cambiarias en el marco de acuerdos con el FMI sugiere que:

1. Los efectos negativos de la brecha cambiaria sobre la actividad hacen preferible "correr el riesgo" de la re-unificación antes que mantener el status-quo.
2. La re-unificación debe tomar en cuenta las condiciones de partida, siendo las principales la tasa de inflación y el nivel de reservas.
3. Un combo de política monetaria y fiscal contractivas no aseguran un bajo traslado a precios de la devaluación necesaria para la re-unificación.

Por estas razones, la experiencia Argentina 2015-6 y 2018-9 aparece como especialmente importante a la hora de evitar cometer los mismo errores (y con el mismo país). Dada la inflación y las reservas de partida de Argentina, una re-unificación cambiaria que siga las recomendaciones del FMI podría generar un evento donde "el remedio sea peor que la enfermedad". De ninguna manera esto significa apostar al status-quo, puesto que las distorsiones que generan la brecha hacen que el actual equilibrio no sea estable.

En conclusión, la reunificación no puede pensarse por fuera de un plan antiinflacionario que internalice las particularidades del caso argentino, sobre todo, la resiliencia de la inflación a políticas monetarias y fiscales contractivas. En el mismo sentido, el intento de reunificación podría quedar trunco y llevarnos a un escenario de "caída libre" dado el bajo nivel actual de reservas. Por tal motivo, fortalecer las reservas aparece es una precondición para la reunificación y, dado que la reserva obtura la oferta privada de dólares, el FMI aparece como el único prestamista de última instancia que podría garantizar fortalecer las reservas para garantizar el éxito de tal reunificación.