El Gobierno sólo ganó tiempo para llegar a las elecciones, pero crece la presión por un plan serio

La columna del domingo pasado se iniciaba de la siguiente manera: "En el comienzo de una ya algo vieja película francesa de aventuras de 1981, el gran Jean-Paul Belmondo protagonizaba la historia de Joss Beaumont, un agente de los servicios especiales internacionales de su país en los estados recientemente colonizados, especialmente africanos. Su función era la de intervenir directamente en gobiernos en general dictatoriales, defendiendo los intereses económicos franceses. Como uno de estos afectaba los activos del país europeo, el dictador N'Jala de Malagawi debía morir. Tarea para la que es enviado Beaument, siendo descubierto y enviado a juicio. El espía confía en que su país lo rescate, y por eso, intenta extender todo lo posible su comparecencia ante la justicia. Se enferma, se desmaya, arguye que perdió la memoria. Sin embargo la ayuda no llega, y termina encarcelado. En ese momento, el dictador N´Jala sonríe y determina: "Boumont, basta de humo, a declarar".

Tomando en cuenta esta metáfora, se mencionaba que el dialogo que el martes de la semana pasada mantuvo ministro de Economía Martín Guzmán había tenido con el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Wally Adeyemo, joven economista número dos de Jannet Yellen, quién fue designado por la extitular de la FED para hablar seriamente con el gobierno argentino sobre las verdaderas posibilidades de un apoyo de los Estados Unidos a la Argentina. Un día después el organismo norteamericano emitió un comunicado donde aclaraba que “El subsecretario Adeyemo revisó las consultas de Argentina con el Club de París de acreedores bilaterales, y la negociación pendiente de Argentina de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional”. El funcionario de la administración Biden le indicó al ministro que “un marco de política económica sólido para Argentina que ofrezca una visión de crecimiento del empleo en el sector privado contaría con el apoyo de Estados Unidos y de la comunidad internacional”. Era una manera de decirle directamente a la Argentina que se había acabado el tiempo y que era el momento de la verdad.

El fin del humo, y el comienzo de atender la realidad. Sin embargo, y de manera casi milagrosa, el gobierno de Alberto Fernández consiguió una vida más. No será el 30 de julio el momento de la definición y del "fin del humo"; sino que ahora Argentina tendrá un largo plazo más para definir el momento de enfrentar seriamente la aplicación de un plan económico serio y responsable que evite una nueva crisis financiera hacia el 2025; año en el que se le debería comenzar a pagar a los bonistas privados que aceptaron la oferta de canje de deuda que Martín Guzmán cerró en agosto del año pasado. Esa nueva fecha será el 30 de marzo. Ese día, a diferencia del 30 de julio, ya no tendrá posibilidades de prórrogas. Para esa fecha, Argentina ya debería estar pagándole no sólo los U$S 2000 millones que se le deberán liquidar al Club de Paris, sino unos U$S 4.036 millones al FMI.

Prórroga que alivia

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pasará al 2022. La confirmación del "Puente de Tiempo" acordado entre Argentina y el Club de Paris, que habilita la posibilidad de no caer en default con ese organismo, le permitirá al país extender los tiempos de negociación con el Fondo hasta, incluso, más allá de esa fecha; con lo que a partir de ahora los tiempos que maneja el gobierno de Alberto Fernández para llegar a un Facilidades Extendidas se prorrogan, al menos, hasta el primer semestre del próximo año.

Dado que el Club de Paris no pretende que para la fecha de marzo estén cerradas las negociaciones, sino avanzadas de "buena fé" (así lo explicó ayer Martín Guzmán); el ministerio de Economía ahora podrá abrir un frente de dialogo con el FMI sin presiones financieras externas a la vista. Al menos en el corto plazo. En términos políticos, el "Puente de Tiempo" anunciado ayer, le permitirá al oficialismo llegar a las elecciones legislativas de noviembre próximo sin la presión de estar en situación de default. Y, lo más importante, sin estar en medio de polémicas internas sobre si aceptar o no las exigencias del FMI para cerrar un Facilidades Extendidas clásico; el que no podrá extenderse más allá de los 10 años de vigencia.

Alberto Fernández podrá celebrar que el acuerdo cerrado por Guzmán con el Club de Paris le permitirá al oficialismo pasar las conclusiones de la relación futura con el FMI para diciembre o el primer trimestre del año próximo; tiempo suficiente para negociar los términos de una Carta de Intención, sin que esta complique las expectativas legislativas del oficialismo; y así discutir los términos en situaciones políticas menos alteradas y, con el aval de Washington, lograr un poco más tiempo para estirar todo lo que se pueda el momento de comenzar a pagar. Según las normas inalterables de los acuerdos del tipo Facilidades Extendidas, los estados se comprometen a comenzar a liquidar capital e intereses a los 4,5 años de firmado; con lo que si el acuerdo se cerrara al comienzos de 2022, los primeros pagos comenzarían a fines de 2026. Si se siguiera la lógica de los contratos, en ese momento se pagaría capital y en 2027 intereses. Si el Facilidades Extendidas se firmara este año, Argentina tendría que liquidar también capital a fines de 2026, pero intereses a comienzos de ese año. En otros términos, se ganarían seis meses.

El problema de retrasar un semestre la firma del acuerdo, es que el país debería enfrentar los vencimientos de este año; dinero que el país podría incluir en la renegociación general de la deuda de 44.500 millones de dólares que se le deben al organismo que maneja Kristalina Georgieva. El ministerio de Economía de Martín Guzmán debería ahora cumplir con los vencimientos de septiembre de 1.800 millones de dólares, y otro similar en diciembre antes de las Navidades, provenientes de los pagos del Stand By firmado entre Argentina y el organismo internacional en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri. Economía ya tenía presupuestado el pago del primer vencimiento, ya que se descartaba que el plazo no alcanzaría para cerrar el acuerdo con el FMI. El problema ahora es el dinero para el segundo. La idea del ministro siempre fue la de contabilizar los algo más de U$S 4.350 millones que recibirá el país probablemente en julio correspondiente a los Derechos Especiales de Giro (DEGs); dinero que para el bloque oficialista del Poder Legislativo deberá tener otros destinos vinculados a los efectos de la Pandemia. Como el dinero es intangible, todo se licuará en las reservas del Banco Central, que gracias al muy buen primer semestre del año sumaría más de U$S 10.000 millones de libre disponibilidad; con lo que, con mucho esfuerzo por cierto, Guzmán tendría el dinero para pagar los compromisos de este año con el FMI. Pero deberá hacerlo, especialmente en el caso de la liquidación de diciembre, con la certeza que el Facilidades Extendidas esté más cerca que nunca.

La decisión del Club de Paris de aplicar el amplio "Puente de Tiempo" sin la necesidad de un visto bueno del FMI, se negoció en las últimas semanas de manera acelerada; y ante la certeza que desde el Fondo no podría haber misiones a Buenos Aires para fiscalizar las cuentas del país. Tal como había adelantado este diario, la conducción del organismo suspendió cualquier tipo de misión fiscalizadora prevista en el artículo IV de la Carta Orgánica, ante la convicción del peligro sanitario que se corría habilitando este tipo de viajes de los técnicos del FMI al exterior. Desde el Fondo no se dio la certeza de la posibilidad de una habilitaciones de misiones hasta agosto o septiembre, cuando el peligro de contagios en los países a visitar haya pasado. Argentina, en particular, forma además parte de los estados con mayor nivel de contagio y riesgo, con lo que quedó en claro que no habría posibilidades de concretar una misión del FMI hasta bien entrado el último trimestre del año. Demasiado tiempo para esperar desde el Club de Paris, con un vencimiento final para el 30 de julio de 2021. Fue así que los estados miembros del bloque finalmente resolvieron postergar hasta el 2022, cuando la Pandemia sea un muy mal recuerdo, y Argentina ya no tenga otra alternativa de mostrar resultados concretos en el manejo de su economía.

Obstáculos

Hay una pared imposible de mover en el mediano plazo. En marzo de 2022 Argentina deberá afrontar el primer y crucial pago de unos U$S 4.039 millones  (3.567 de capital y unos 472 de intereses) que se le deben al FMI por el Stand By firmado durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018. Se trata del vencimiento más oneroso desde que está vigente el acuerdo hoy suspendido; y que antecede a un complicadísimo 2022 donde Argentina debería pagarle al Fondo unos U$S 20.000 millones totales incluyendo capital e intereses; estos últimos sin calcular intereses punitorios; los que el país espera se eliminen. Si se sumaran estos 4.039 millones de dólares a los U$S 2000 millones que Argentina se comprometió a liquidar  antes del 30 de julio con el Club de Paris; los vencimientos para fines del primer trimestre del año próximo sumarían unos U$S 6.000 millones. Imposibles de afrontar para las reservas argentinas, lo que obliga a acelerar la negociación con el FMI y la propuesta de un plan de pagos a largo plazo para el Club de Paris.

Pero, para que esto ocurra, se necesitará que una vez terminadas las elecciones de noviembre, se acelere la voluntad de firma de una Carta de Intención con el Fondo; que luego derive (puede ser después de marzo), en la concreción del ansiado Facilidades Extendidas. Hay una limitación importante en el tiempo, y nuevamente vinculado con los vencimientos del Stand By. En junio 2022 vencen otros U$S 5.353 millones con el FMI, divididos en 4.943 millones de capital y 410 en intereses. El mayor pago de todo el Stand by llegaría tres meses después. En septiembre habría que girarle al Fondo unos U$S 5.931 millones de capital y otros 340 de interés; lo que representaría el mayor desembolso de todo el plan firmado en el 2018. En diciembre de 2022 habría que pagar unos 5.631 de capital y 269 millones de intereses.

Aseguran desde Economía que los planes con el Fondo incluyen la liquidación de los dos pagos de 1.900 millones que Argentina debe hacerle al organismo en septiembre y diciembre de este año. Se trata de los primeros dos pagos que incluyen capital, comprometidos en el Stand By firmado durante el gobierno de Macri; y que sin acuerdo vigente no pueden ser refinanciados. Esto implica que deben ser pagados sí o sí. Salvo que el gobierno quiera convertirse en el primero en la historia del país en no cumplir con los compromisos firmados y vigentes. Siguiendo la misma lógica, la administración de Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán siempre cumplió en tiempo y forma con los pagos al organismo, incluyendo tanto los intereses liquidados por el Stand By como las cuotas mensuales que Argentina debió concretar para mantener su estatus de socio con el FMI. Y lo bien que hizo. Esos compromisos son los que habilitan al país a poder recibir los U$S 4.350 millones de dólares en DEGs que en la última semana de junio el board de FMI aprobaría. 

Sintetizando los datos técnicos de más arriba, y siguiendo la saga de Beaumont, el espía tendrá unos meses más antes de enfrentarse a la realidad, y confesar ante el dictador de Malagawi. Pero, a diferencia de lo que mostró hasta ahora, ya no tendrá más alternativas de mostrar un plan serio. Argentina tendrá sus nueve meses finales antes que se acaben todas las excusas, y le muestre al mundo un plan económico serio y coherente. No tendrá otra alternativa. Mientras tanto, internacionalmente es un país sin credibilidad. La calificación de mercado "independiente" al que arrojó al país el MSCI, sólo describe una realidad. Argentina no cuenta con un mínimo de credibilidad ante el mundo. Nada. Cero. Beaumont está desnudo.