Las consecuencias de la peor decisión de Alberto Fernández y los problemas para revertirla

Las consecuencias de la peor decisión de Alberto Fernández y los problemas para revertirla

La prohibición de exportar carne. Decisión tomada en soledad, ignorada por expertos y criticada desde dentro y fuera del gobierno. Promesas de salida hacia delante. Pero también de empeorar la situación en el peor momento.

Carlos Burgueño

Carlos Burgueño

Alberto Fernández, quizá, haya tomado hace una semana la peor medida económica desde que llegó al gobierno en diciembre de 2019. No por las consecuencias en la coyuntura, sino por lo que, de sostenerse, podría provocar en el mediano y largo plazo. Sólo la posibilidad de convertirse en una decisión coyuntural y de corto plazo de aplicación, da esperanzas para que la restricción a las exportaciones de carne vacuna por 30 días no se transforme en el peor tiro en el pie de la gestión presidencial. Al menos en términos económicos.

Se podrá considerar una mala decisión, pero sectorial y apuntada a un único rubro o sector particular; con lo cual no podría considerarse la peor. Más teniendo en cuenta cuestiones de fallas estructurales como la indomable inflación. Sin embargo, el haber avanzado sobre la prohibición de las exportaciones de carne vacuna, y de la forma en que se anunció y aplicó la medida; es una decisión casi indigna de un jefe de Estado en crisis. Quién además demostró cierta templanza en momentos más duros y con temas más complejos como la negociación de la deuda con los acreedores.

Es el mismo Presidente que hoy se encuentra en un momento clave. Según la promesa de ayer del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, la medida podría levantarse en días y todo volver a una cierta normalidad. Ojalá. Pero también hay voces dentro del ala dura de la coalición gobernante que insisten en la alternativa de radicalizar el combate contra los productores.

El contexto

Algo de teoría antes de ingresar en un análisis técnico, comercial y financiero de la medida. Gran parte de la ciencia política moderna se basa en concentrarse en analizar lo que entre los especialistas de esa disciplina, fundamentalmente norteamericanos, llaman "La Esencia de la Decisión". Es el título de un libro publicado en la década del 70 que lleva la firma de Graham T. Allison, quién toma como base de análisis la crisis de los misiles en Cuba de octubre de 1962 generada ante el descubrimiento generado por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares de alcance medio de origen soviéticos en territorio cubano. Lo que analiza y teoriza Allison, es la manera en que el gobierno norteamericano de John F. Kennedy maneja la crisis, va tomando decisiones a partir de una mezcla de asesoramientos de su gabinete, asesores varios y algún que otro espía, y llega a una resolución exitosa de la cuestión.

Según el autor, este episodio clave de la historia moderna de los Estados Unidos permite abrir una puerta teórica nueva para la ciencia política: analizar la forma en que los "actores racionales" toman decisiones para luego comprender la eficacia o fracaso de las medidas aplicadas. Vale la pena aplicar esta teoría abierta por Allison para analizar la decisión de Alberto Fernández de cerrar las exportaciones de la carne, y justificar porque puede ser la peor resolución económica del actual gobierno desde que llegó al poder. Intentaremos aplicar algo de teoría para determinar los alcances de este error, en la misma raíz de su origen como decisión presidencial.

Efecto carne

Como se contó en estas líneas, el jefe de Estado decidió suspender las exportaciones de carne en soledad; luego de analizar informes particulares elaborados por fuera de su gabinete económico y asesores de las áreas económicas, financieras y comerciales. Fue a partir de haber recibido durante su viaje por Europa de la semana anterior el resultado de la inflación de abril de 4,1%, y del abandono final de la proyección del 29% del presupuesto para el año, que el Presidente entró en una rueda de mal humor generalizado. El domingo pasado por la tarde analizó un informe elaborado por economistas que no forman parte del gobierno, donde culpan directamente al alza de los precios de las exportaciones, como la principal causa del alza de los precios internos. Se mencionaban los aumentos de la harina por el incremento del valor del trigo, de los lácteos y de los aceites.

Sin embargo se detuvo en el valor de la carne, al determinar que se trata de un alimento clave para medir la popularidad o impopularidad de un gobierno. Leyó que el alza, desmedida por cierto, de los valores de la carne por encima de los incrementos de la inflación en general tenía relación con el incremento de las exportaciones de carnes a nuevos destinos como China; además de la consolidación de la recuperación del mercado europeo como destino de las ventas vacunas argentinas. Se mencionó en el informe que estas reconquistas de destinos de exportaciones ganaderas, se dieron a partir de las políticas de apertura aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri, dato político que aplica para considerar cualquier medida vigente como negativa. Finalmente la información que recibía el Presidente hablaba de la influencia del incremento del precio internacional del maíz como insumo para la producción ganadera.

La conclusión de los datos analizados en aquella tarde-noche de Olivos, culminaban con la "recomendación" de avanzar con la prohibición en las exportaciones de carnes, replicando una medida ejecutada en 2006 por el kirchnerismo; sobre la que se aseguraba, habría provocado la garantía que en el mercado argentinos nunca faltó la carne disponible para las familias argentinas. Y a precios razonables. Obviamente el informe no avanzó sobre las consecuencias de pérdidas de mercados internacionales y la consecuente disminución drástica del aporte de divisas del sector ganadero para las reservas financieras del país. Un problema que en esos tiempos de mediados de la década pasada se compensaban con una soja con precios lo suficientemente altos y positivos como para generar una batalla por la "redistribución de la riqueza". Mucho menos esos informes que analizaba el Presidente, mencionaban los aportes que en la actualidad las exportaciones de carnes hacen a la balanza comercial positiva, las que el sector estima en unos U$S 3.000 millones anuales disponibles para el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Para tener en cuenta lo que implica ese dinero, serviría largamente para cumplir con el pago que la próxima semana habría que hacer al Club de París por unos U$S 2.400 millones para no caer en default. También para liquidar los U$S 1.800 millones del vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de septiembre. Tanto el ministro de Economía Martín Guzmán como el titular del BCRA Miguel Pesce tienen estos números muy presentes. Y cuentan día a día el número de dólares que ingresan a las reservas del Banco Central para saber que tan sólido es el colchón para sostener una política cambiaria siempre languideciente, y que en el segundo semestre necesitará presionar sobre la salida de divisas, más que sobre la entrada. Para ambos funcionarios, la necesidad de conseguir dólares sanos provenientes del salto de la balanza comercial positiva, es la clave para salir de la crisis financiera y cambiaria siempre amenazante. Y que desde el 2025 determinará la obligación de conseguir no menos de 15.000 millones de dólares anuales para poder cumplir con los compromisos de pago que negoció hasta agosto del año pasado el propio Guzmán con los acreedores privados.

Oídos sordos

Alberto Fernández tampoco tomó en cuenta el domingo pasado, las negociaciones que hasta una semana antes había mantenido y cerrado la secretaria de Comercio Interior Paula Español. La funcionaria es considerada una dura dentro del gabinete de Alberto Fernández, con posiciones más cercanas al kirchnerismo extremo que a los funcionarios más dialoguistas. Es vista por parte de la mayoría de los empresarios privados como la representante de las posiciones más complicadas para llegar a acuerdos sectoriales, y como la responsable de la peor política productiva (obviamente según la mirada de las compañías fabricantes de alimentos, bebidas y bienes de consumo masivo) ejecutada por el ministerio de Desarrollo Productivo: los controles de precios. Sin embargo, Español había logrado cerrar unos días antes del domingo pasado, un acuerdo con toda la cadena cárnica, por la cual con un ajuste de precios continuarían los cortes populares llegando a las góndolas de los supermercados, se aceptaría el cambio de cortes en la distribución de carnes y, fundamentalmente, no habría cierres para las exportaciones. Tal era la sensación de deber cumplido de la secretaria de Comercio Interior, que personalmente un fin de semana antes había recorrido supermercados mostrando que los cortes existían y que estaban disponibles para los consumidores.

Tampoco escuchó la opinión de la asesora directa de la Jefatura de Gabinete Cecilia Todesca, quién en toda oportunidad pública o privada disponible, recomendó cierres de exportaciones o liberalización de importaciones como mecanismos válidos y efectivos contra el alza de los precios de los alimentos. La funcionaria siempre se mostró como una defensora de las largas y siempre complejas rondas de negociaciones sectoriales, para llegar a acuerdos de largo plazo (5 a 10 años). Todesca además expone permanentemente a sector de la carne como uno de los rubros donde este mecanismo de diálogo mayores probabilidades de éxito pueden tener.

Curiosamente tampoco hubo de parte del Presidente dialogo previo a tomar la decisión de cerrar las exportaciones de carne, al ministro de Agricultura Luis Basterra; en teoría, el responsable de diseñar, aplicar y eventualmente modificar, la política oficial ante la producción agropecuaria. Basterra fue durante el primer largo año y medio de gestión de Alberto Fernández el que mantuvo el dialogo siempre abierto con el sector primario. Incluyendo la producción ganadera. Cuentan cerca del ministro, que el funcionario tomó conocimiento de la medida decidida el domingo pasado, el lunes temprano a través de los medios de comunicación cercanos al oficialismo. Se desmintió luego que se haya negado a establecer contactos con la Mesa de Enlace, para dialogar para la suspensión del paro lanzado por el mercado ganadero la semana pasada; aunque los productores lo ratificaron.

El plan: negociación o embestida

Se espera que en los próximos días la posición dialoguista y de búsqueda de un acuerdo sólido hacia delante, que está ensayando el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. El Ministro busca aplicar algún tipo de esquema basado en la venta de carnes al exterior con cupos que garanticen el abastecimiento local, con un plan acordado con todos los integrantes de la cadena productiva. Y con una duración de largo plazo, que abarque al menos 5 años.

Se incluye en la negociación la alternativa de cerrar las exportaciones para las carnes con hueso, que tienen baja o nula demanda en el exterior pero que son demandadas dentro del mercado interno. Sería lo conveniente.

Sin embargo circula en algunos despachos de la Casa Rosada (y en el instituto Patria) una segunda ola de avanzada sobre los productores: la intervención directa del Mercado de Liniers. Si esto ocurriera, el gobierno aceleraría la batalla con los privados con consecuencias probablemente graves. Como mínimo se habla de una nueva batalla judicial del gobierno entre el gobierno, privados y, quizá, la ciudad de Buenos Aires. Sucede que se trata de una sociedad privada llamada Mercado de Liniers SA, que funciona bajo una concesión pública bajo un predio propiedad de la Ciudad de Buenos Aires; territorio gobernado por el opositor Horacio Rodríguez Larreta. Y para intervenir a un privado, el Ejecutivo necesitaría una ley aprobada por el Congreso Nacional y un presupuesto de indemnización millonario y demasiado abultado para las pésimas condiciones de las cuentas públicas nacionales.

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