Cuántos millones deberían pagar las empresas al Gobierno por las multas

Las empresas de consumo masivo imputadas por el Gobierno nacional que fueron acusadas de retener sus volúmenes de producción o discontinuar la entrega de determinados productos, tendrán un plazo de 5 días hábiles para retomar sus niveles de fabricación y distribución normales, enfrentándose a posibles sanciones de hasta $10 millones en caso de incumplimiento.

El Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, imputó este miércoles a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian tras detectar faltantes de sus productos en las góndolas, lo que fue interpretado como un incumplimiento a la intimación de incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada.

Fuentes del ministerio conducido por Matías Kulfas explicaron a la agencia de noticias Télam que se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos.

Una vez que las compañías fueron notificadas, tienen un plazo de 5 días hábiles para retomar la producción y comercialización en los niveles de capacidad máxima. En caso de no cumplir con esta exigencia, las firmas pueden recibir sanciones que van desde los $500 a $10.000.000. "El objetivo, de todos modos, no es sancionar sino que vuelvan a producir para poder abastecer de mercadería los puntos de venta", detallaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Dicho proceso administrativo consiste en que "una vez notificada la empresa a través del Trámite A Distancia (TAD) y debe responder en el plazo de 5 días o modificar la actitud que causó la imputación". Si la información que remite la empresa da cuenta que retomó el normal abastecimiento, se termina el proceso administrativo, pero si la información es insuficiente o si no la presentan, se avanza en el proceso de multa, a pedido de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores. En todo caso, las empresas pueden apelar en la Justicia y a partir de ahí el proceso se ajusta a los plazos judiciales.

"El objetivo principal de estas imputaciones es que las empresas restablezcan los niveles de producción y stock, y que tomen las medidas necesarias para asegurar el transporte y provisión de los productos en los comercios", precisaron y detallaron que "todas las empresas fueron notificadas por el sistema de Trámites a Distancia".

Las imputaciones se realizaron por la presunta infracción a la resolución 100/2020 (Precios Máximos) que conforma un incumplimiento a la Ley de Abastecimiento.