Análisis del préstamo

Informe del FMI: si el Gobierno espera una severa autocrítica, se desilusionará

Se conocerá esta tarde dentro del Fondo (públicamente mañana) el informe interno del organismo sobre el Stand By que se le otorgó a la Argentina en 2018. Será técnicamente crítico y se dirá que el país no debería haber recibido el dinero que se giró. Pero no habrá condenas éticas a la conducción.

Carlos Burgueño
Carlos Burgueño martes, 21 de diciembre de 2021 · 11:45 hs
Informe del FMI: si el Gobierno espera una severa autocrítica, se desilusionará
Foto: Archivo MDZ

Probablemente el Gobierno se desilusionará. Mucho. Y, quizá haya que forzar bastante el discurso para presentar el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el préstamo Stand By al país otorgado en 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri; como una condena que roce lo penal. Lo que se espera del informe que el organismo que maneja Kristalina Georgieva presentará internamente esta tarde y que se conocerá en detalles en la última reunión del Board de mañana; es una severa crítica al programa en un capítulo central.

Según el trabajo, elaborado por economistas y abogados del propio FMI, no existen justificaciones técnicas, profesionales o financieras, que justifiquen o avalen la autorización de un programa que implicara un monto total de más de US$57.000 millones (de los cuales se hicieron efectivos unos US$44.000 millones) para un país (Argentina) sin ningún tipo de posibilidad real que pudiera devolverlo.

El informe que se presentará en sociedad mañana, habla de la liberación de dinero con destino a atender necesidades financieras, pero sin haber evaluado con detenimiento las verdaderas capacidades de pago que presentaba el país. En otras palabras, lo que dirá el informe interno, es que el FMI le dio un crédito a la Argentina sabiendo que el país no estaba en condiciones reales de devolverlo. Ese es el centro de la crítica. No más. No habrá críticas sobre el comportamiento ético, moral o profesional de los cuatro conductores de las negociaciones del 2018 con la Argentina.

Ni Christine Lagarde, ni David Lipton, Alejandro Werner ni Roberto Cardarelli serán cuestionados, más allá de sus decisiones meramente técnicas. Los ex directora gerente, subdirector, director para el Hemisferio Occidental y responsable del caso argentino, respectivamente, serán cuestionados severamente por no haber evaluado correctamente el nivel de repago de la Argentina al momento de recibir el préstamo. Y por haber habilitado en algún momento del 2019 la posibilidad de utilizar dólares del Stand By para ejecutar política cambiaria, algo prohibido por el estatuto del FMI. Esto será lo máximo que obtendrá políticamente el Gobierno de Alberto Fernández del informe que se conocerá hoy. Pero no habrá una condena moral o cuestionamientos sobre el profesionalismo y las autorizaciones reales que el FMI les haya otorgado a la cúpula y los directores y responsables del organismo que manejaron el caso argentino.

Ante esto Alberto Fernández, Martín Guzmán y el kirchnerismo deberán tomar una decisión: aceptan sin más el diagnóstico que elaboró el FMI y que se presentará mañana en sociedad y avanzan en el acuerdo final cerrando el libro de las responsabilidades de Washington en el crédito; o lo critican abiertamente, rompen lanzas y exigen un nuevo trabajo con agentes por fuera del organismo.

Hay una tercera alternativa. Que se tome el acético informe que se conocerá públicamente mañana, se le inyecte algo de inflación valorativa de los errores, se lo reinterprete como algo mucho peor de lo que es y se reproduzca internamente como una condena severísima del FMI a los hombres y mujeres que intervinieron en el otorgamiento del crédito a la Argentina. Y que, una vez concretado el acto de condena pública, sirva de fundamentación para el juicio penal que el Gobierno nacional quiere encarar contra los responsables locales. En argentina los acusados son los siguientes: el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Economía y Finanzas, Nicolás Dujovne, el expresidente del BCRA, Luis Caputo y su sucesor Guido Sandleris.

Los hechos que el Gobierno de Alberto Fernández investigará son dos. El primero son los lapsos que transcurren entre mayo y junio de 2019 y julio y septiembre de ese año; cuando se negociaron los términos de los dos Stand By. El primero caído a sólo dos meses de vigencia, y el segundo el que llega a estos días y que completa los US$44.800 millones que se le deben al FMI; de un total de US$55.450 millones generales que el organismo se comprometió a enviar a la Argentina. La sospecha oficial es que Mauricio Macri impulsó estos acuerdos a sabiendas (especialmente el primero), que eran de imposible cumplimiento en el tiempo; generando un nivel de pasivos financieros que hoy deben ser renegociados con el FMI. Deberá esforzarse el Gobierno en encontrar hechos penales que habiliten una causa de malversación de fondos o mal desempeño de deberes de funcionarios públicos, en hechos donde se desprenden malas decisiones con pésimos finales. Pero, en principio, sin una sensación delictual.

El segundo hecho que investigará el oficialismo, será la decisión de Mauricio Macri de no enviar ambos acuerdos al Congreso Nacional. Se sabe que la intención que impulsa Martín Guzmán, es que la negociación actual con el FMI derive en un tratado con el organismo que sea aprobado por ambas cámaras legislativas; para darle volumen político al potencial acuerdo. Sin embargo, y tradicionalmente, los acuerdos con el FMI nunca pasaron por el Congreso; y el aval legislativo llega luego con la aprobación anual de los presupuestos. De hecho, ni el acuerdo del 2003 al que llegó el Gobierno de Néstor Kirchner con el organismo o la decisión de enero de 2006 de liquidar la deuda residual de US$9.810 millones con el FMI pasaron por el Congreso.

Archivado en