Deuda: se acerca el acuerdo, pero ahora definen los abogados

La negociación con los acreedores por la deuda en dólares regida por ley extranjera podría extenderse hasta el 24 de julio, tras la nueva prórroga anunciada el viernes pasado por el Ministerio de Economía.

Las discusiones parecen haber quedado en manos de los abogados de cada parte y en el próximo mes se discutirá hasta el último detalle de los nuevos bonos.

Las disputas sobre las Cláusulas de Acción Colectiva que se incorporarán a los nuevos bonos son una parte esencial del acuerdo. Los abogados de los bonistas quieren que los papeles de deuda que entregue la Argentina contemplen CACs bien exigentes, más parecidas a las de los bonos 2005 que a los que se empezaron a emitir a partir de 2016. Sin embargo, para modificar las condiciones de los bonos 2005 (Par y Discount) el emisor debe juntar al menos el 75% de los votos de los acreedores. Para los bonos 2016, esas exigencias bajan al 66% y alcanzaría con el 50% o menos de algunas series de bonos.

Esto los acreedores lo consideran un acto de "mala fe" porque si el deudor vuelve a tener problemas para pagar o refinanciar la deuda, podría impulsar nuevas condiciones en perjuicio de los acreedores y al poder agrupar a su antojo los bonos, forzar las modificaciones.

El formato de las CAC incorporadas a los bonos emitidos por el Gobierno de Mauricio Macri surgió de discusiones a nivel global.  “El objetivo fue diseñar unas CAC para que un grupo minoritario de acreedores no pueda bloquear el funcionamiento financiero eficiente de un emisor una vez que logró un acuerdo con una mayoría importante de sus acreedores”, explicó un funcionario que participó del debate.

Según consigna Infobae, en el mercado parece prevalecer la impresión de que la distancia entre Argentina y los bonistas se achicó en forma considerable, o que habría voluntad de achicarla en los próximos días.

De hecho se menciona que uno de los ingredientes que se introdujeron en la oferta pasa por un pago que se gatilla si el riesgo país baja a determinado nivel. La caída del riesgo país estaría asociada a una mejora de la situación económica en general y, por ende, a la posibilidad de que el Gobierno pueda acceder nuevamente al mercado voluntario de deuda.

La distancia entre gobierno y bonistas se reduce a 1% de PBI acumulando los flujos de fondos hasta el vencimiento del último bono. Ese punto del PBI equivale a un esfuerzo fiscal de solo el 0,05% del PBI por año. Es por esto que los especialistas consideran que el acuerdo con los bonistas es más que factible.

En este sentdio, los bonistas reclaman apenas US$ 3.800 millones de pagos durante lo que queda del mandato de Alberto Fernández. El Gobierno ofrece pagar US$ 1.700 millones de dólares. Poca plata para el tamaño de la economía argentina y para lo que significa esquivar el default.